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n caso es el del actual titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, Luis Pedemonte, quien las dos primeras veces que se postuló para fiscal no pudo sortear la primera etapa, de evaluación de antecedentes. En otras dos oportunidades más recientes sí lo pudo hacer y está a la espera del examen de oposición. Otro que fracasó fue Marcos Rodríguez Allende, quien ha sido asesor legal de varias reparticiones del gobierno. Él pasó la etapa de los antecedentes en los tres concursos de los que participó, pero luego no asistió a dos exámenes y en el restante obtuvo 12 puntos, muy por debajo de los 35 que obtuvo el mejor concursante y sólo por encima de dos candidatos que obtuvieron 10 puntos. También tuvieron críticas de los jurados los funcionarios judiciales Roberto Parajón, Ricardo Bonazzola y Leonor Nader, entre otros, y Santiago Petit, ex gerente general del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y ex subdirector ejecutivo del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro). En cuanto a Pedemonte, en primer lugar se presentó al concurso Nº 31 para fiscal de Victoria. En mayo de 2006 el jurado del Consejo de la Magistratura estableció el orden de mérito de acuerdo a los antecedentes; quedó en el puesto 11º con 23,50 puntos. Los 10 primeros pasaban a la prueba de oposición. Luego, en el concurso Nº 32 para fiscal de Feliciano, el director de la Oficina Anticorrupción volvió a quedar 11º y no fue seleccionado para la etapa siguiente. En los concursos 53 y 54, para fiscal de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú respectivamente, terminó sexto y está a la espera de presentarse a la prueba de oposición. Rodríguez Allende, en el último concurso en el que compitió (setiembre de 2005), presentó antecedentes como estos: fue asesor legal de sede central del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (en 1998), accedió por concurso al cargo de abogado de la Policía con el grado de oficial principal y fue contratado como asesor legal en la Jefatura Departamental Paraná en 2004; se desempeñó como asesor legal de la Fiscalía de Estado y del Área de Investigaciones y Procesos Penales de la Oficina Anticorrupción. En el concurso para agente fiscal de la Fiscalía Nº 2 de Paraná, Rodríguez Allende obtuvo 12 puntos. Su examen –consistía en la solución de cuestiones vinculadas a la materia de competencia– mereció el siguiente comentario del jurado: “El concursante opta por requerir la elevación a juicio con respecto al imputado adecuando su conducta al tipo de lesiones graves, descartando el dolo homicida. Aparenta el dictamen estar fundado suficientemente pero sólo es una apariencia pues se dedica extensamente a desarrollar explicaciones generales sobre la teoría del delito escasamente vinculadas al caso concreto y, en los puntos esenciales donde debe profundizar su argumentación, se demuestra insuficiente. Así, nada dice respecto de cuáles son las razones para afirmar que las lesiones son graves, incluye elementos vinculados con la subjetividad en el plano objetivo de la imputación (actitud posterior al hecho del imputado y su amistad con la víctima, etc.). Puntaje: 12 (doce puntos)”. Récord Santiago César Petit es el postulante que se presentó a más concursos desde la creación del CMER: 22, de los cuales 17 ya finalizaron y cinco están en trámite. En el concurso Nº 38, para defensor de Pobres y Menores Nº 5 de Concordia, presentó antecedentes como: ingreso al Poder Judicial de la Provincia en 1994 y secretario suplente del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Concordia; procurador del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia y Procurador del Juzgado de Faltas; gerente general del Iosper; subdirector del Inaubepro y consultor del Ministerio de Economía de la Nación, prestando servicios en la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura. En la prueba de oposición el jurado le otorgó 10 puntos y los siguientes comentarios: “A) Formalidades y requisitos: se aleja de los parámetros comunes de un dictamen, pues relata los hechos y transcribe en exceso la legislación aplicable. B) Análisis del caso y prueba: incurre en errores conceptuales (...) Imagina situaciones inexistentes, por ej., asegura que ‘...hay una fuerte vinculación entre la madre biológica y su hija’, cuando en realidad del caso surge que nunca han estado juntas. C) Fundamentos: Son solamente teóricos y no ajustados a la realidad del caso propuesto (...) E) Solución del caso: aboga por la nulidad, pero como ya se ha expresado lo hace en forma improcedente, tanto en lo procesal como en relación a la salvaguarda del interés de la menor, pues no se expide sobre quién es la persona adecuada para tomarla a su cargo mientras se resuelve la cuestión”. En los concursos 31 y 32, para fiscal de Victoria y Feliciano, Petit obtuvo 23 puntos y el jurado evaluó: “El análisis del caso aparece como escueto, sin detenerse en el desglose de los requisitos típicos, y valorando la prueba de manera superficial. Obviando toda consideración respecto de la legalidad, admisibilidad, autenticidad y eficacia probatoria de la grabación magnetofónica aportada por el denunciante (...) la fundamentación resulta poco abundante. (...) Solución del caso: resulta incongruente con el desarrollo fáctico de los fundamentos y ambigua en relación al rol que le compete”. Finalmente su actuación mejoró y, el 3 de setiembre último, el Consejo de la Magistratura elevó al gobernador una terna para juez Civil y Comercial de Villaguay, incluyéndolo en el primer puesto. Tres exámenes de integrantes del Poder Judicial Algunos casos de exámenes de jueces en ejercicio, que fueron cuestionados por los jurados, son los que se describen a continuación. Roberto Parajón: “Este proyecto de sentencia exhibe serias carencias formales. Se advierte, en efecto, la falta de indicación de lugar y fecha, de la identificación de los miembros del tribunal, del sorteo y el orden de votación y de la individualización de las cuestiones a resolver, entre otras de menor dimensión. (...) El concursante lisa y llanamente omite considerar el elemento central de la sentencia de grado (...) a juicio de este jurado, no parece resultar derivación razonada del derecho aplicable” (concurso para vocal de la Sala I Cámara III). Ricardo Bonazzola: “Redacción confusa o farragosa en párrafos innecesariamente extensos. Análisis de los tipos sin adentrarse en cuestiones dogmáticas relacionadas a la teoría del delito (...) No realiza un adecuado análisis de las reglas de concurso” (Concurso para juez de Instrucción Nº 5 de Paraná. A pesar de estas correcciones fue ternado en primer orden y designado en el cargo). Leonor Nader: “Incorrecta apreciación de la prueba. Utiliza medios probatorios inidóneos (...) Se apresura a dictar el sobreseimiento por falta de prueba sin disponer la realización de otras. Deficiente fundamentación” (Concurso para juez de Instrucción de Paraná). Fuente: (Diario UNO)