A

l hacer uso de la palabra, el doctor Roberto Quinodoz manifestó que la Facultad de Derecho de la UCA Sub sede Paraná “en una nueva demostración de su compromiso real y concreto con la realidad histórico, política y jurídica que le toca vivir en su tiempo, está presente ante la proximidad de un nuevo acontecimiento de gran importancia para nuestra querida provincia, haciendo sus aportes para generar ideas e iniciativas en particular por intermedio de las conclusiones que se hagan en este encuentro, para que la futura Constitución a sancionarse pueda nutrirse de la más calificada doctrina nacional e internacional que pueda también contener del modo más abarcativo posible un contenido normativo capaz de darle la mejor calidad institucional”. En otro tramo de sus declaraciones, dijo que el Consejo de la Magistratura ha generado “nuevas y superadoras condiciones de idoneidad en el Poder Judicial” y consideró que debe dársele “jerarquía constitucional”. Extenso discurso del gobernador El gobernador Jorge Busti aseguró que “estamos en condiciones de nutrir el contenido de la reforma abrazando las mejores experiencias del derecho público provincial, nacional e internacional” y que la nueva Carta Magna será “producto de la unidad de los entrerrianos en la diversidad de ideas y de pensamientos, y garantizará a la ciudadanía una nueva y mejor institucionalidad, asegurando más democracia”. Junto al director de Carreras de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) Subsede Paraná, Roberto Quinodoz; al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Néstor Pedro Sagüés, y al representante de la mencionada casa de altos estudios, Marciano Martínez, el gobernador Busti presidió el acto inaugural del encuentro, que valoró en el marco del “hecho histórico que estamos viviendo en este momento en la provincia”. Acto seguido, mencionó que “Entre Ríos ha tenido un rol protagónico en la gestación de la Organización Nacional. Esta tierra no solamente entregó sus mejores hombres y mujeres en la construcción del país federal, sino también sus más iluminados pensamientos en el sueño de la Constitución de 1853” . Luego, afirmó que “desde la continuidad de la democracia, en 1983, en Entre Ríos se han presentado proyectos de reforma que por una u otra razón nunca se alcanzó el acuerdo de necesidad. Hoy, los entrerrianos hemos comprendido que era el tiempo de esa necesidad y en consecuencia así se obró”. Tras dejar en claro que una Constitución “no es el remedio para todos los males” y que “su función es establecer las reglas de juego, no cómo jugarlo”, parafraseó a Juan Bautista Alberdi para destacar que la Carta Magna es una verdadera “carta de navegación” para guiar los destinos de un país o una provincia. Por ello, la reforma de la Constitución , según el primer mandatario, “no puede ser la obra de un solo partido, tampoco de una bandería ni el capricho de un hombre. La reforma, en definitiva, debe reflejar y resumir los sueños y los anhelos de un pueblo de vivir organizadamente”. Acto seguido, recordó que nuestra Constitución vigente desde 1933, desafió el contexto mundial y nacional y, pese a la grave crisis económica y política que vivía el país por aquel entonces, se llevó adelante en Entre Ríos el proceso constitucional”. La Constitución de 1933 En este marco, consideró oportuno recordar que “también por aquellos tiempos hubo un proceso previo, de casi 20 años, que precedió a esta Constitución del ´33, hoy vigente. Desde 1914 hasta 1932, que se sancionó el proyecto de ley que declaró la necesidad de la reforma, hubo cuatro intentos fallidos para hacerla”. Es decir, “transcurrieron casi 20 años en que no se encontraba la oportunidad y, paradójicamente, en un contexto tan crítico y emblemático como fue el año 1932, comienzan nuestros constituyentes a trabajar en el diseño de la constitución que hasta hoy nos rige, 75 años después”, detalló. Los proyectos desde 1983 “Algo similar ha pasado recientemente en nuestra historia. A partir de la vuelta a la democracia en el año 1983 Entre Ríos no fue ajena, como el resto de las provincias argentinas, a la discusión sobre la necesidad de adaptar las bases fundamentales a un tiempo moderno”, continuó relatando el mandatario para después mencionar que en 1985 el gobernador de entonces, gira el primer proyecto de reforma que no prosperó en su trámite legislativo. El segundo proyecto es el del año 1993 y tampoco recibió tratamiento legislativo. En 1995 comienza nuevamente a plantearse el tema de la reforma constitucional, incluso en el año 1996 en la Cámara de Senadores se conformó una comisión para estudiar la necesidad y oportunidad de la misma. En el año 1997, nuevamente se intenta dirimir la incógnita sobre la oportunidad. En el año 2001, el gobernador de ese momento remite a la Cámara de Senadores un proyecto de reforma parcial para ser adecuada a la reforma nacional de 1994, sin que prosperara su tratamiento en la Legislatura. La consulta popular “Así llegamos a diciembre de 2003, donde mi gestión de gobierno gira a la Honorable Cámara de Senadores un proyecto de reforma total de la Constitución provincial. El Senado le da media sanción, habilitando la reforma parcial, y finalmente Diputados lo rechaza”, explicó Busti, antes de dar cuenta que también a los proyectos que tuvieron origen en el Poder Ejecutivo se suman aquellos alternativos impulsados por algún legislador, por lo cual en estos últimos 20 años han sido más de nueve las iniciativas presentadas. “Resultaba increíble que no se pudiera resolver la oportunidad; y ante ese cuadro propusimos que el pueblo de Entre Ríos, la sociedad, se exprese a partir de una Consulta Popular clara y sencilla, que se llevó a cabo el 23 de octubre de 2005, y fue rotundo el Sí de la ciudadanía acerca de la necesidad y conveniencia de la reforma”, acotó el mandatario. La declaración de la necesidad de la reforma Tras ello, expuso que “sin dudas en nuestro concepto la Constitución debe ser siempre el producto de un acuerdo hecho entre todos y para todos. Con ese pensamiento me puse al frente junto a todos los legisladores y dirigentes de las distintas fuerzas políticas de Entre Ríos”, para luego sostener que se siente en la obligación “de hacer el más alto reconocimiento por el valioso y generoso aporte realizado, ya que lograron en los primeros meses del año 2007 lo que durante años se nos negó a los entrerrianos: el consenso legislativo para producir la reforma”. En este marco, recordó que se conformaron comisiones de consenso una y redactora otra, que hicieron “un generoso y extraordinario aporte que debe destacarse especialmente, y avanzaron en las coincidencias acerca del Núcleo Pétreo de artículos y principios constitucionales considerados inmodificables, prosiguiendo con el articulado y los temas habilitados para su tratamiento por la Convención Reformadora , para luego concluir con las cuestiones instrumentales y de forma”. Busti precisó después que “de la confrontación de ideas en el interés inclaudicable por defender los más altos intereses del pueblo de Entre Ríos, que quedó evidenciado por todos y cada uno de los participantes, se arribó al acuerdo que se plasmó en el proyecto de ley que como gobernador elevé a la consideración de la Legislatura provincial. Es así que el 30 de mayo de este año la legislatura sancionó la Ley Declarativa de la Necesidad de la Reforma parcial de nuestra carta fundamental, hoy Ley Nº 9768” . En definitiva, según señaló el mandatario, la próxima reforma “será patrimonio de todos, producto de la unidad de los entrerrianos en la diversidad de ideas y de pensamientos”, y “garantizará de tal modo a la ciudadanía una nueva y mejor institucionalidad, asegurando más democracia, mayor participación popular y mejores controles, desarrollo económico sustentable y progreso sostenido con equidad y justicia social”. En este orden de ideas, aseguró que “estamos hoy en condiciones de nutrir el contenido de la reforma abrazando las mejores experiencias del derecho público provincial, nacional e internacional, ya que la provincia que imaginamos está ubicada en el contexto de la región, y asoma proyectándose adecuadamente en un proceso inexorable de comunicación e inserción nacional e internacional”. Más adelante, subrayó que “aquella Entre Ríos que vieron y vivieron los convencionales de 1932/1933 está reflejada en la Constitución vigente. La que hoy necesitamos, abreva en aquélla, sosteniendo sus buenos institutos y derechos, pero adecuándola y poniéndola a tono con el siglo XXI que transitamos, sin ignorar la historia transcurrida entre 1933 y el presente, sin negar el dolor de la guerra y las dictaduras, las conquistas de derechos femeninos, gurises, ancianos y chicos con capacidades diferentes, las luchas y experiencias históricas, los avances tecnológicos, científicos y culturales, el mundo pleno de comunicaciones y los requerimientos ciudadanos de mayor calidad institucional”. Dicho esto, se mostró convencido de que “las transformaciones que se proponen harán más venturoso el futuro de los entrerrianos y mejorarán sustancialmente la relación de los ciudadanos con el Estado”. Dispositivos para incorporar Entendió, además, que “se impone incorporar a la Constitución algunos dispositivos que si bien la reforma del ´94 incorporó a la Constitución Nacional , creemos fundamental su anexo a la Ley Madre local, como la imposición de sanciones a quienes participaron o colaboraron en los golpes de Estado, la vigorización de las medidas de participación popular o de democracia semi directa como la iniciativa y la consulta popular; y la vigencia plena y absoluta de defensa de los Derechos Humanos”. Hizo notar también que el Art. 193 de la Constitución Provincial , estableció estos institutos para la órbita municipal, habiendo la Ley Orgánica de los Municipios del año 1934 reglamentado exclusivamente la revocatoria de mandatos y recién el año pasado, durante mi Gobierno, se modificó la Ley 3001 y se reconoció el derecho de iniciativa y el referéndum. “En una provincia que sufre en forma directa el problema de la contaminación ambiental, con las pasteras instaladas a la vera del río Uruguay, se impone para su mayor preservación y tutela la consagración expresa en la Carta Magna provincial de los derechos de Tercera Generación, como la Protección del Medio Ambiente, del ecosistema, la biodiversidad; de un modo tal, que se pueda asegurar a los habitantes de la provincia su desarrollo en un ambiente sano”, resaltó Busti. Párrafo aparte dedicó a decir que “a diferencia de lo que aconteció en otros lugares donde la reforma constitucional tuvo como único objetivo el regular la reelección del gobernador, no es el caso de nuestra provincia. Yo mismo, sin reelección, he arribado por tres veces al desempeño del Poder Ejecutivo de la provincia por el voto popular. Como la mayoría de las provincias argentinas, promoveremos la reelección pero por una sola vez, adoptando una regulación similar a la de la mayoría de los Estados provinciales de nuestros país”. Asimismo, propuso imprimir una dinámica que agilice el funcionamiento, no sólo del Poder Ejecutivo sino también del Poder Legislativo, “el que vetustamente tiene un período de sesiones de sólo cinco meses, que se inicia el 1 de julio de cada año y un sistema de formación y sanción de las leyes que continúa con el trámite de cinco pasos que tenía la Constitución Nacional hasta la Reforma de 1994” . El Consejo de la Magistratura Con relación al Poder Judicial, “la creación del Consejo de la Magistratura se enmarca en el objetivo de devolver la credibilidad y confianza social en las instituciones del Estado y en particular la Justicia ”, aseguró el gobernador, al aclarar que “no fue para nosotros una mera promesa de campaña, sino una convicción política y social de que el sistema tradicional de selección de jueces había caducado y que los nuevos tiempos políticos y sociales requerían de un nuevo procedimiento”. Es decir, un sistema que implemente parámetros racionales y objetivos de selección, donde se tenga en cuenta primordialmente la capacidad e idoneidad de los candidatos a jueces y no razones de pertenencias a sectores políticos, amistades o relaciones familiares. Esto se vio claramente reflejado en el mes de noviembre del año 2003, cuando al reclamo político se le sumó el de la sociedad civil, a través de las organizaciones intermedias que las nuclean y representan, para evitar que el Senado Provincial diera su Acuerdo Constitucional a los más de 30 pliegos para cargos de jueces, enviados por la anterior gestión. “Nosotros hicimos una lectura de esos reclamos, a mí entender correcta, y en campaña proselitista lo anunciábamos como uno de los ejes centrales de gestión. Ya en el Gobierno creamos el Consejo de la Magistratura como una autolimitación de mis facultades constitucionales”, señaló el mandatario, no sin antes recordar que “este organismo está conformado por representantes de los jueces, de los abogados, de los empleados del poder judicial, de las universidades y de la sociedad civil a través de la Asamblea de Asociaciones Sociales, Profesionales y Gremiales, creada a tales efectos. Todos elegidos por el voto directo de los miembros de cada sector” y que “se limitó la participación de los distintos estamentos políticos al mínimo, siendo el Secretario de Justicia de la Provincia el único representante del Poder Ejecutivo”. Esta autolimitación, refirió Busti, “se transformó en una medida de carácter revolucionario en nuestra Provincia, destinada a cambiar de aquí en más, su institucionalidad, sobre todo, porque el nuevo organismo está compuesto por tres miembros de carácter social, que representan al común de la sociedad civil, como son los representantes de los empleados judiciales y los provenientes de la Asamblea de Asociaciones Intermedias”. En consecuencia, el Consejo de la Magistratura , al proponer los candidatos entre los cuales deberá elegir el Poder Ejecutivo, se constituye “en un instrumento idóneo de asesoramiento para la selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el que deberemos incorporar en la nueva Constitución”, acotó el mandatario, al tiempo que detalló que “el Poder Ejecutivo o este Gobernador ya no es quien recibe más motivaciones de otros sectores o pretensiones individuales, sólo recibe la del Consejo de la Magistratura que busca la permanente idoneidad de los funcionarios judiciales”. Dijo asimismo que, como gobernador “siempre elegí al primero de la terna, siempre elegí al que ganó los concursos organizados por el Consejo. Por consiguiente, en este tema fui el único que resignó facultades constitucionales en aras de la objetividad, la transparencia y la mejor calidad institucional, con el objetivo del bienestar social de los entrerrianos”. A modo de resumen recordó que el Consejo de la Magistratura llamó a 65 Concursos, de los cuales 44 ya han finalizado, encontrándose los restantes en trámite y dentro de ellos, y como casos de mayor relevancia se están: las Cámaras Penal y Civil y Comercial de Paraná y la Cámara Civil , Comercial y Laboral de la ciudad de Gualeguaychú, entre otros. Todo esto implica que para la finalización de la presente gestión ya se habrán designado 80 nuevos jueces, lo que se traduce en una renovación aproximada del 50% del plantel Judicial. El régimen municipal Busti no obvió mencionar que la Constitución de 1933 en 20 artículos “ha sido muy reglamentista en orden al régimen municipal, violentando la regla impuesta en el art. 123 de la Constitución Reformada en 1994. De ahí que el preservar la autonomía municipal, permitiendo que se dicten su propia carta orgánica es justificativo suficiente para impulsar la reforma”. A ello, agregó que “los órganos de control como el regulamiento pleno de la autonomía del Tribunal de Cuentas es otro de los imperativos del ahora, junto a la creación de institutos como el Defensor del Pueblo y la protección de los derechos al consumidor y del usuario”. De inmediato, aseguró que “la reforma constitucional entrerriana, probablemente no nos satisfaga en su plenitud ya que la actividad preconstitucional, consistente en la declaración de la necesidad de la reforma y la habilitación de los temas a considerar, obligó a acotar las pretensiones de cada partido, pero quizá, ahí mismo esté su fortaleza”. De ahí que lo susceptible de modificar haya quedado limitado a los temas habilitados por la Ley de Necesidad. En este marco, adelantó que “a ella nos someteremos y dentro de su marco promoveremos la introducción de los institutos que sirvan mejor a la provincia, lo que pretendemos que no tengan una duración efímera sino una prolongación en el tiempo, no menor a las siete décadas que tiene la Constitución de 1933” . Luego, recordó al presidente Juan Domingo Perón cuando decía “Que el texto constitucional logre la Paz y la Prosperidad de la República es nuestro íntimo deseo, aunque comprendemos que escribir una Ley no es nada, en hacerla querer y cumplir está todo”. Finalmente, aseguró que “ése será nuestro compromiso” y les dio la bienvenida a los profesionales “a esta tierra de esperanza”.