E

n realidad, la planta nunca dejó de refinar: se suprimieron principalmente actividades exteriores, como el traslado de combustible desde los muelles. La historia empezó la semana pasada, cuando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Romina Picolotti, dispuso el cierre de la planta por presunta contaminación, mientras proliferaban las quejas en las estaciones de servicio en un contexto de falta de combustible. Como la parada de una refinería siempre es gradual, la verdadera clausura, si la pena no se hubiera revocado, habría sido pasado mañana, con el consecuente agravamiento de la escasez. Shell anunció ayer, en un comunicado, lo mismo que había hecho el Gobierno 24 horas antes: que invertiría 60 millones de dólares para mejorar el impacto ambiental en Dock Sud. El desembolso se reparte así: 27,5 millones para bajar el contenido de azufre en los combustibles; 25,5 millones para mejorar la unidad de tratamiento de corrientes gaseosas; 4,2 millones en auditorías de tanques, y 2,6 millones en "equipamiento para monitoreo ambiental". El comunicado habla de "inversiones en curso y por realizar". La mayor parte de esas iniciativas ya había sido anunciada semanas atrás por el presidente de la empresa, Juan José Aranguren. El ejecutivo siempre se jactó de que Shell era la única compañía que cumplía con aquellas disposiciones del Gobierno. ¿Por qué levantaron la clausura si las inversiones ya existían? ¿Qué fue lo que cambió?, se preguntó en la secretaría de Picolotti. "En realidad, lo que hizo Aranguren fue presentar documentación que antes no había presentado", contestaron. ¿Es cierto que no se paró la planta?, se insistió. "Se empezó a detener -afirmaron-. Estaba en proceso de detención hasta que presentaron el plan de saneamiento. Depende desde dónde se lo mire. No se puede parar una refinería bajando una palanca: lleva tiempo. Pero la planta estuvo clausurada efectivamente cinco días. Puede averiguar en Prefectura la detención de barcos."