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ás denuncias de anomalías se suman a la polémica delegación de facultades del Estado municipal para el cobro de la tasa comercial y por derecho de Publicidad y Cartelería a contribuyentes sin domicilio fiscal en la ciudad. A la advertencia formulada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad, se sumó días atrás la nota de una empresa nacional dedicada al corretaje de granos y semillas oleaginosas, que fue intimada a pagar por parte de un procurador fiscal. En la carta de respuesta, plantea entre otras cosas “irregularidades e infracciones que llegado el momento se acercará a la Justicia, como abuso de autoridad por parte del secretario de Hacienda o si hubo falsificación de documentos por parte del procurador Miguel Faure”. Las primeras denuncias de anomalías involucraban cobro indebido de honorarios, uso no autorizado de papelería oficial, falta de contralor y “relaciones poco claras” entre profesionales foráneos y la gestión municipal. En el ámbito municipal, los trabajadores cuestionaron la doble intimación y el perjuicio a su trabajo y también a la imagen de la Municipalidad fuera de la ciudad. Antes de la sanción de la Ordenanza Nº 8.402 que habilitó la convocatoria y elección de procuradores externos, un poder firmado por el Ejecutivo habilitó la entrega a abogados y contadores de Buenos Aires ajenos al municipio la gestión de cobro de tasas: los beneficiados fueron María Eugenia Bosio, Mariano Ramón de la Cruz y Miguel Ángel Faure. Alerta El viernes por la mañana los empleados de Ingresos Públicos se declararon en estado de alerta. Con la presencia de la dirigencia del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y de la Asociación del Personal Superior (APS), se resolvió exigir a Hacienda que suspenda los poderes otorgados a los tres profesionales de Buenos Aires. Posiblemente se desarrolle una reunión hoy a las 18, con la presencia del secretario de Hacienda. Con los resultados de ese encuentro, mañana a las 7 los empleados decidirán si inician medidas de fuerza. Doble intimación, otros montos El secretario general de la APS, Oscar Milocco, reseñó que en la asamblea de Ingresos Públicos los trabajadores “mostraron su preocupación por el rumbo de la actuación de estos profesionales, que afecta el trabajo de la Municipalidad y deja mal parada a la ciudad”. Es que según explicó, se hace una doble intimación a las empresas, con distintos montos inclusive: por un lado, los agentes municipales y posteriormente, el procurador fiscal. Así se dio en empresas como CTI, Nuevo Bersa SA (que además, no es extraterritorial) o la misma Intagro. Milocco indicó que la presentación de la empresa ante la Municipalidad generó la reacción de los trabajadores, “que evidentemente no pueden seguir trabajando con lo que se está haciendo”, al perder el estado local el manejo autónomo de la recaudación. (UNO)