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�Lamentablemente, el compromiso de la provincia de mantener el canal en forma operable es otra de las tantas promesas incumplidas», sostuvieron desde la entidad. «Debemos recordar que ya hace más de tres años, no se ha hecho ningún tipo de inversión o mejoramiento ni profundización de algo tan importante como resulta ser la vía de ingreso al puerto», informó un comunicado de prensa de la entidad. Según la Sociedad Rural de San Pedro, «hace poco más de dos años, cuando se realizó el traspaso del puerto al Consorcio de Gestión, la provincia de Buenos Aires se comprometió a realizar algunas obras; la más importante era el dragado. En tanto, hace un año, antes de comenzar la campaña, detectamos que en las dársenas tanto del muelle cabecera como en el de ultramar se acumulaba barro y que iba a dificultar la operatoria. Como la draga no llegaba, hicimos el trabajo a costa del consorcio con el compromiso del presidente de la entidad de gestionar la restitución de los gastos». «Hoy, cuando ya pasaron tres años, la obra está sin comenzar y el puerto tiene muy limitada su capacidad de operatoria. Debemos entonces llamar de urgencia a una draga para que realice parte del trabajo que la provincia hace tiempo debería haber terminado», denunciaron desde la entidad agropecuaria. Esta falla para realizar algo que está previsto es lo que los dirigentes denominan «incapacidad de gestión». Esta falta grave de la provincia, que incluye a todos los estamentos, desde el gobernador hasta el presidente del consorcio, y que dicen que se debe a que están «haciendo las valijas», se observa no sólo en el dragado, sino que se repite con la red de incendios, el piso del muelle uno, el piso del muelle dos, el camino de acceso, etcétera», dijo la entidad. «Hoy el puerto está próximo a dejar de operar y se debe pedir autorización a los diferentes departamentos bonaerense para que nos permitan hacer un gasto imprescindible. En medio de ello, los directores del Consorcio de Gestión se encuentran ante la disyuntiva de no hacer el gasto y ser denunciados por no permitir que el puerto resulte operable o realizarlo y ser cuestionados o acusados penalmente por efectuar una contratación directa por un monto del orden del millón de pesos y sin autorización», finalizó la entidad.