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sa norma le impuso a los directores de escuela la obligación de informar las nóminas de docentes que se hayan adherido a las huelgas de los días 28 de junio, y 3 y 4 de julio, y en el caso de que esa información no llegue al CGE “se dará por entendido que la totalidad de los agentes, incluido el personal directivo, no concurrió a realizar sus tareas”, según dice el texto de la circular. Para Educación, el paro es una inasistencia que conlleva el descuento del día y la pérdida proporcional del código 188, que es un plus por productivdad. Los cálculos hechos por el coordinador de Liquidación de Haberes del Consejo de Educación, Néstor Griffoni, dan cuenta que un maestro de grado sin antigüedad perdería alrededor de 100 pesos sobre un sueldo de bolsillo de 1.040 pesos. Rubén Sosa, miembro de la comisión directiva de AMET, dijo que el sindicato que agrupa a los profesores de escuelas técnicas seguirá un camino distinto al que escogió la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y pondrá en cuestión la circular Nº 2 de Educación. Agmer, en cambio, prefiere dar una batalla por la constitucionalidad de los descuentos y su colisión con el derecho de huelga. La abogada Mariela Batistela, que asesora a AMET, terminó de delinear ayer los escritos que hoy presentará a Tribunales, decisión que fue aprobada por un plenario de delegados del gremio del departamento Paraná que se celebró en la sede sindical de España 141. De ese modo, ingresa al terreno judicial el conflicto sindical de los maestros, que ya restó seis días de clase al calendario 2007 debido a la realización de paros que contaron con un altísimo nivel de adhesión, superior al 90 %, informó EL DIARIO. Los sindicatos aguardan con expectación que la disputa en tribunales les dé la razón, y para eso se apoyan en la experiencia reciente. Durante 2005 y 2006 el Gobierno apuró el levantamiento de huelgas bajo amenaza de descuentos que, luego, no concretó o si las aplicó debió dar marcha atrás. Un acta acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo con los gremios docentes, en septiembre de 2005, permitió la devolución de los descuentos por los días de paro resueltos por el Consejo de Educación a partir de la aplicación de las circulares 1.909 y 1.910. Luego, en 2006 el Gobierno pretendió repetir el camino: el CGE le solicitó un dictamen a la Fiscalía de Estado, que recomendó no abonar los días no trabajados por huelgas, y de paso planteó en la Justicia la declaración de ilegalidad de los paros, medida que no prosperó: el juez laboral Carlos Calvo se declaró incompetente, y del tema no se volvió a hablar. Aunque ahora el Gobierno se ha mostrado firme: aplicará descuentos no sólo a los maestros, sino también a los estatales, a través de la circular 30.