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os trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) ampliaron el abanico de los reclamos que suelen exponer en forma abierta los agentes estatales. Si bien demandaron al Gobierno una rápida recomposición de los salarios, de manera “equitativa y aplicada sobre el sueldo básico”, también plantearon una reactivación de la política de viviendas ya que, aseveran, en estos momentos “están parados” por la falta de ejecución de planes. En un documento que elaboraron durante un encuentro que se desarrolló en Concepción del Uruguay, los empleados del IAPV exigieron que se dé “urgente inicio al programa Plurianual, el cual está firmado desde agosto de 2005, y a la fecha observamos que no se registra ningún avance al respecto”. En función de esa situación, dijeron, “consideramos que deben arbitrarse todos los mecanismos para efectuar los correspondientes llamados a licitación”. Ese programa Plurianual, financiado por la Nación, que compromete la ejecución en todo el país entre 2007 y 2009 de 255 unidades habitacionales, supondrá la inversión de unos 22.000 millones de pesos. A Entre Ríos le corresponderán 10 mil de esas viviendas, en dos etapas de 5 mil cada una. Diego Alberto, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el IAPV, contó que los trabajadores analizaron la política de vivienda del organismo, y concluyeron en un documento que ya fue puesto en conocimiento del titular del ente, José Cáceres, en el que se considera que “las comisiones de evaluación técnica de proyectos, licitaciones y empresas deben ser renovadas, ya que el IAPV cuenta con un cuerpo técnico suficiente para esto, con la profesionalidad y honestidad que se requiere. La permanencia de los mismos profesionales y los inconvenientes que se han producido en muchas obras de toda la provincia deteriora la credibilidad en la capacidad técnica, cuando no la honestidad de los integrantes”. El dirigente subrayó además que “el tema principal de preocupación pasa por la falta de ejecución de nuevos planes de vivienda. Vemos que el programa Federal y el programa Federal, que se realizan con fondos nacionales, ya se están terminando y se están realizando las últimas certificaciones. Y no hay planes nuevos. Esto a nosotros nos preocupa porque los empleados no tenemos trabajo para hacer. El programa Plurianual, disponible desde agosto de 2005, ni siquiera se ha licitado”. En ese esquema, y con los planes ya en proceso final de entrega a sus adjudicatarios, los empleados del IAPV vislumbran un futuro ocioso. “Si hoy se licitara el programa Plurianual, el proceso llevaría unos 8 a 10 meses. Mientras eso se desarrolla, estaríamos limitados a realizar solamente pago a proveedores”, añadió Alberto. Uno de los aspectos que subrayan los empleados como déficit serios para llevar adelante la política habitacional oficial es la carencia de terrenos. Por eso, exigieron la creación “de un Banco de Tierras”. De ese modo, sostiene, se evitaría “que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia en detrimento de la calidad (ubicación, infraestructura, etc.) de los terrenos donde se construyen los barrios del IAPV”. CONTRAPUNTO El diagnóstico de los empleados choca con el informe que presentó el Gobierno durante el fin de semana en Buenos Aires en el marco de la Exposición Federal de la Vivienda Social, donde el titular del IAPV aseveró que durante la actual gestión, que culmina en diciembre, “más de 5.600 familias entrerrianas” accederán a una casa, en tanto que vaticinó que “están en ejecución 8.000 unidades más y una cifra similar espera la autorización para su licitación”. El monto desembolsado en obras, aseguró Cáceres, es de 250 millones de pesos. Otra visión tienen los empleados, quienes cuestionaron las “condiciones laborales” que soportan, y por eso plantearon la “urgente provisión de automóviles para las regionales, dado que los que se poseen no garantizan la seguridad de los trabajadores, no pudiendo de ésta manera cumplir en tiempo y forma con nuestra tarea”. Esa demanda, dijeron, “puede cubrirse con el fondo reservado para los gastos de funcionamiento”. También pidieron que se dé “solución definitiva a los embargos de la Regional Concordia”, y que haya una “distribución equitativa y transparente en la cantidad de boletas asignadas para cada empleado que reparte”. Con relación a la política institucional de construcción de viviendas, consideraron que “al estar terminadas deben ser inmediatamente entregadas a sus adjudicatarios, no quedar bajo custodia policial, ya que esto sólo genera situaciones negativas: desconsideración a quien necesita solucionar su problema de vivienda lo antes posible, deterioro de la vivienda, enormes gastos en custodia, etc.”. En cuánto a los sorteos de postulantes del Registro Permanente de la Demanda Habitacional para la adjudicación de viviendas, “consideramos que deben elegirse titulares y un 25 % de suplentes, como se hacía antes, esto demostraría mayor transparencia en los procesos de adjudicación”. (El Diario)