E

l gobernador Jorge Busti dijo no entender las medidas de fuerza de los gremios y consideró que se mezclan “condimentos de tipo político o ideológico” en las decisiones que toman, teniendo en cuenta que desde que asumió la actual gestión se han incrementado en un 120 % los salarios y que en lo que va del año, en el caso docente, los aumentos alcanzarían un promedio de entre el 32 y el 34%. Para el mandatario, las protestas docentes tienen que ver con que “hay una conducción central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que está fragmentada; hay distintos condimentos ideológicos en las diversas seccionales y fundamentalmente hay una oposición política. Creo que lo mejor que pueden hacer es transformarse en un partido político y presentarse”, dijo. Hizo notar que “el pueblo entrerriano fue contundente el 18 de marzo en que quiere una administración que le de garantía de previsibilidad, tranquilidad y equilibrio fiscal y por eso se expresó con casi el 45 % de los votos”. Según apuntó, “el presupuesto de Educación, cuando asumimos era de 350 millones de pesos y ahora pasamos a 1.100 millones. Esa es la preocupación del Gobierno provincial por la Educación entrerriana”. Recordó, además, que “un maestro cobraba 360 pesos en el Gobierno de Montiel, y en federales”; en cambio, la actual gestión “termina hoy de pagar el sueldo del mes de junio y el medio aguinaldo; hemos producido un aumento en el mes de marzo y ofrecimos otro el 1 de julio, con lo que el incremento en lo que va de este año alcanza un promedio de entre el 32 y el 34 %. Comparado con el resto del país, estamos mucho mejor”, acotó. Asimismo, advirtió que desde que finalizó la gestión anterior, “el actual Gobierno ha incrementado un promedio del 120 % el salario, de 360 pesos en la época de Montiel, a 1.040 pesos actualmente”. Busti volvió a remarcar que “no podemos dar lo que no tenemos; hemos ofrecido otro aumento que significan 3.800.000 pesos más por mes”, apuntó. Por otra parte, en el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtió que en la actualidad “tiene dos cabezas: una conducción, que es la actual, que está en Paraná, y una conducción del interior, que está adherida a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), organismo éste que tiene una posición muy crítica del Gobierno nacional y provincial; por lo tanto también se expresan ideológicamente”. Recordó que “ATE ha tenido siempre las puertas abiertas del Gobierno provincial; se dialoga permanentemente con el cuerpo delegados de las distintas secciones, al igual que con los docentes”. En cuando a las protestas por la decisión de efectuar descuentos a los trabajadores que adhieran a los paros, dijo no entender “que ellos hagan huelga y nosotros no podamos hacer nada. El Estado tiene que respetar el derecho constitucional de huelga, pero no puede financiarla. Si nosotros no descontáramos el día -como lo vamos a hacer- produciríamos una desigualdad entre un trabajador público y un privado, a quien sí se le descuenta si hace huelga. Por lo tanto, este último podría ira al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) a plantear un recurso contra el Estado provincial”. Igualmente, cuestionó “la discriminación que hace la diputada Lucy Grimalt de docentes de escuela pública y de privada, cuando estos últimos están sujetos a las reglas del establecimiento en el que trabajan”. En este marco, el gobernador hizo notar que “el derecho de huelga es distinto del derecho de percibir el salario. El trabajador tiene todo el derecho de protestar si quiere”, pero el Estado tiene el derecho de descontarle cuando no presta su función.