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inalmente y luego de una fuerte polémica por la renuencia oficial a adherirse a la norma nacional, fue la Directora del Instituto de Discapacidad la que anunció ante INFORME DIGITAL el cambio de dirección y la adhesión a la norma federal. No han sido pocas las críticas que el gobernador y su esposa Cristina Cremer han recibido por mantener su posición contraria a esta Ley de la Nación. -"La falta de voluntad por adherir a leyes nacionales, y su supuesta suplantación por medio de programas y gestiones personales que sólo favorecen a quienes tienen llegada al corazón del poder, tiene una directa relación en la efectividad política y el ahorro. Porque el poder direcciona los beneficios y se evita una inversión estatal, con el consecuente perjuicio para todo el colectivo de discapacitados", había cuestionado en su momento la CTA. -La Provincia de Entre Ríos no adhiere a la Ley Nacional, lo que constituye, a criterio de Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid), un “obstáculo importante para muchos padres, porque la legislación ofrece una serie de alternativas de rehabilitación a la que Entre Ríos no tiene acceso”, indicó la vicepresidenta de la entidad, Beatriz Arbasetti. “Evidentemente hay razones políticas de peso para que la Provincia no adhiera a la legislación nacional”, dijo la dirigente de Asociación Paranaense de Síndrome de Down, a la vez que observó que “casi todas las fuerzas políticas se han interesado por el tema en tiempos de campaña política, pero la ley sigue sin salir”. -Desde la Asociación de Padres de Autistas y Trastornos Generales del Desarrollo (Apadea) fueron más específicos e indicaron que “la adhesión de Entre Ríos a la ley nacional tiene un correlato de obligación para la gestión provincial. “El Estado provincial se vería obligado a hacerse cargo del 33 por ciento de los gastos de prestaciones por cada discapacidad, y ahí puede estar la razón de tanta resistencia”, observaron los entrevistados. -Pero la gota que rebalsó el vaso fue una publicación de INFORME DIGITAL que evidenciaba que el Iosper negó la cobertura total a una niña discapacitada que necesitaba “tratamiento urgente” con el argumentó de que la provincia "no estaba obligada por no adherir a la Ley Nacional de Discapacidad", y fue la justicia quién tuvo que intervenir y obligó a la Obra Social a dar esa cobertura. Cristina Cremer se mostró muy contrariada con esa nota y cuestionó al Presidente de la Obra Social, Silvio Moreira, por "incumplimientos del presidente del IOSPER". Ahora si Cremer dijo a INFORME DIGIAL que el Instituto de Discapacidad recibe pedidos permanentes por parte de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que trabajan por las personas especiales para que Entre Ríos se adhiera a la Ley 24.901. La funcionaria comentó que desde dicho organismo se explicaron los motivos por los cuales esta provincia no estaba en posibilidades de adherirse y se intentó llevar adelante algunos proyectos de ley que no satisficieron a las entidades, Cremer le requirió al gobernador la adhesión del Gobierno provincial a la ley de prestaciones básicas, de acuerdo a un convenio con el directorio del sistema de prestaciones. La representan de de Discapacidad señaló que se dará un salto cualitativo aunque destacó que va a ser conflictivo porque es un tema para la polémica, “antes de irme quiero dejar el instituto conformado y fuerte, que no sufra vaivenes, el objetivo es darle a la gente tranquilidad de que queremos establecerlo y darle la defensa a las personas con discapacidad”, indicó. Cremer dijo que a través de esta ley se deberán brindar todos los servicios, “que son muchos, en Entre Ríos tenemos pocos lugares con disponibilidad para darlo”, aclaró. Además la funcionaria dio cuenta que la adhesión a ley de discapacidad permitirá a las personas con discapacidad que, mediante un certificado nacional, las mutuales cumplan con los servicios que necesitan. Por último aseveró que el objetivo es que toda la comunidad se haga más sensible a estas situaciones, debido a que, más allá de que el Estado ponga a disposición de todas las personas las estructuras del Gobierno, es imprescindible que la comunidad tome conciencia de los problemas que sufren las personas con discapacidad.