E

l Inadi dio su respaldo a un reclamo de nueve comunidades wichís para que se suspenda esa actividad en el norte argentino. El texto insta a “evitar otro drama ecológico y a dar una pelea contra la discriminación ambiental”. “La degradación ambiental afecta a comunidades enteras y las hace víctimas de poderosos intereses económicos”, dijo María José Lubertino, titular del Inadi, quien presentó un documento que recomienda la implementación de una ley que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. Señaló que no puede haber política medioambiental que se contradiga con los derechos humanos de las personas y dio a conocer recomendaciones generales para la defensa de los bosques nativos y la protección de los pobladores afectados por prácticas lesivas, como la tala y el desmonte. Con relación a este tema, Claudio Pellerano, subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, coincidió en que la degradación no afecta igual a todos, sino que diferencia a distintos sectores de las comunidades y de la población. El funcionario dijo que “la tragedia cotidiana de la tala y el desmonte se lleva entre 200.000 y 250.000 hectáreas de bosque por año, que no es sólo plantas, árboles y animales”. “Bosque es casa, bosque es almacén, es fuente de proteínas, es energía para muchos argentinos”, añadió el funcionario, e instó a “sumar todas las voces posibles a quienes no tienen voz”. También se conocieron declaraciones de Octorina Zamora, líder de nueve comunidades de la zona de yungas, en Salta: “Soy Octorina de una comunidad wichí que se llama Hijos de la Tierra, ubicada en el municipio salteño de Embarcación, cuyos pobladores libran una batalla cotidiana en defensa de su subsistencia”, dijo. A continuación afirmó: “Hablan mucho de nosotros, los indios, pero ¿para qué?, si no nos dejan vivir, nos aíslan, nos quitan el monte, que es la fuente de donde nos alimentamos, que es nuestra fuente de vida”. “Avanzan sobre nuestras tierras y cuando queremos defenderlas, siempre sale algún dueño que nos trata como si fuésemos los usurpadores”, dijo la cacique. Sumando su punto de vista a este tema, Hernán Giardini, de Greenpeace, denunció otro caso, el de Algarrobal Viejo, una comunidad de 300 familias que está a punto de perder el bosque donde vive por el desmonte que aprobó recientemente el Gobierno de Salta. Esas 13 mil hectáreas, habitadas desde siempre por estas familias, eran de propiedad estatal, pero la provincia las vendió y hoy la empresa Rumbo Norte las reclama para venderlas, sostuvo el ecologista. Como en otros casos, las empresas compran a bajo precio campos, los desmontan y los venden para uso agrícola.