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l interventor de la aerolínea, que no vuela ni tiene aviones, se mostró confiado en superar el trance y acordar con los acreedores. La empresa Línea Aéreas de Entre Ríos (LAER), la aerolínea estatal que no vuela ni tiene aviones, afronta una seguidilla de juicios laborales que han comprometido desde el hangar, una superficie de 3.500 metros cuadrados, hasta los repuestos que hay en el taller ubicado en Salvador Caputto al 3800. Ayer, la novedad que se conoció es que cuatro jueces de Capital Federal ordenaron el embargo de propiedades de la aerolínea hasta cubrir un monto de 831.018 pesos, al hacer lugar al reclamo de varios ex empleados de la empresa del Estado entrerriano, ex pilotos con domicilio en Buenos Aires. El embargo recayó sobre los repuestos de aviones propiedad de la aerolínea. Aunque el interventor de la firma, Gualberto Salcerini, dijo que la medida data desde hace un año atrás. “El embargo existe desde el año pasado, no es de ahora. Pero ante esa medida judicial, no nos hemos quedado quietos. Hemos estado manteniendo reuniones con un estudio de abogados de Buenos Aires en procura de alcanzar un acuerdo de pago, con recursos genuinos de la empresa”, dijo el funcionario a EL DIARIO. —¿Qué recursos genuinos puede generar una empresa que no funciona? —Yo intento pagar esos juicios con recursos genuinos de la empresa, y esos recursos se están gestionando. Estamos haciendo tratativas para generarlos mediante la comercialización del stock de repuestos de aviones que nos quedan. La otra posibilidad es prestar el servicio de mantenimiento de aeronaves. Según publicó el sitio de Internet Análisis Digital, los embargos dispuestos sobre LAER fueron resueltos en distintas causas por los jueces Horacio Benítez, Juana Kuc, Alfredo Emilio Guma y Raúl Alberto Fernández, ante quienes se radicaron un total de cuatro demandas colectivas por despidos. Las resoluciones se conocieron en los últimos días de la semana —aunque no tuvieron trascendencia pública— y se suman a la larga lista de disposiciones judiciales que ha tenido que abonar LAER en los últimos meses, lo que ha superado los 7 millones de pesos. El juez Horacio Benítez, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 65, de Capital Federal, dispuso el embargo del inmueble ubicado en calle Salvador Caputo 3831 de Paraná, propiedad de LAER, hasta tanto se cubra la suma de 156.195,03 pesos más 48.000 por costas e intereses, en la causa “Fucili, Fernando Regis y otro c/Líneas Aéreas de Entre Ríos S/Despido”. Una idéntica resolución adoptó la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 9, Juana Kuc, en la causa iniciada por los ex trabajadores Daniel Passerman, Gustavo Erico Cócaro e Iván Eduardo Almada. Ordenó el embargo del mismo inmueble de LAER, hasta cubrir 139.865,74 pesos, más 30.000 por costas e intereses. En tanto, el juez nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 41, Alfredo Emilio Guma, ordenó el “mandamiento de embargo sobre los bienes muebles o inmuebles” que posea LAER, por la suma de 231.573,94 pesos, con la suma de 50.000 pesos por intereses y costas, para cubrir la demanda laboral iniciada por los ex empleados Walter Xavier Contartese y Walter Darío Molina. En idéntico sentido se pronunció el juez Raúl Alberto Fernández —titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69 de Capital Federal—, quien ordenó embargos a bienes inmuebles de LAER hasta totalizar la suma de 151.080,60 pesos, más 25.000 pesos por intereses y costas, ante el reclamo de Florencia Viche, Norma Angélica Gramajo, Cecilia Inés Duré y Alicia Ana Fiant, ex empleadas de la empresa área entrerriana. MÁS JUICIOS Ya en 2006 el Gobierno debió auxiliar a LAER ante los cuantiosos juicios laborales que siguieron al despido de 40 trabajadores. El decreto Nº 6.472, del 19 de octubre de 2006, autorizó a la firma a desistir de recursos de apelación y celebrar acuerdos para pagar las sumas reclamadas por los ex trabajadores de la aerolínea. Sucede que en buena parte de esos pleitos el Estado obtuvo fallos desfavorables, por lo cual se dedujo “que las sentencias condenatorias dictadas contra LAER SE no podrán ser revertidas”. Fue por ese motivo que se autorizó al interventor Juan José Canosa a “celebrar acuerdos de cumplimiento de sentencia, no apelar sentencias de primera instancia, desistir de los recursos de apelación deducidos y a dar en pago sumas embargadas, siempre que las circunstancias del caso así lo aconsejen en los juicios laborales en los que se reclamen indemnizaciones, salarios y/o diferencias salariales”. También se autorizó a la Fiscalía de Estado a “conciliar, no apelar sentencias y desistir de recursos de apelación en aquellas causas en las que se encuentre ejerciendo la representación de la provincia de Entre Ríos en carácter de codemandada directa o subsidiaria de LAER SE”. Según los considerandos del decreto, para hacer frente a estos gastos se utilizaría la partida de 700.000 pesos. Aunque otra sentencia conocida este año, en este caso de un tribunal internacional, obligó al Estado entrerriano a pagar una suma próxima al medio millón de dólares. El decreto Nº 6.615 del Ministerio de Gobierno, fechado el 24 de octubre de 2006, dispuso abonar esa suma ante la sentencia dictada por la Corte Suprema de la Isla de Príncipe Eduardo, Charlottetown, Condado de Queens, Canadá, en los autos caratulados Atlantic Turbines Internactional Inc. c/ Líneas Aéreas de Entre Ríos SE. La resolución del tribunal internacional había sido adoptada el 9 de marzo de 2005, y condenó a LAER a abonar la suma de 279.511,66 dólares estadounidenses en concepto de capital, más 148.179,47 dólares por intereses y 230,93 por costas, haciendo un total de 427.922,06, a la firma canadiense especializada en la reparación de motores de aviones. Deudas En diciembre de 2005 el Gobierno provincial dispuso abonar 930.000 dólares a Raúl Eduardo Aulet y 450.000 dólares a Bae Systems Holding Inc. El mismo mes autorizó el pago de 530.760,55 dólares a la Rolls Royce Brasil Ltda. y de 51.386,91 pesos a Telecom Argentina SA. En octubre del año pasado el Gobierno autorizó el pago de 427.691,13 dólares a la empresa IFA SA, cesionaria de un crédito de Atlantic Turbines International Inc. En tanto, en mayo de 2006 autorizó un convenio conciliatorio con la Secretaría de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación por 3.621,80 pesos. En febrero de 2007 ordenó cancelar una deuda con el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina de 264.000 pesos. La suma de estos pagos da 2.338.451,68 dólares y 319.008,71 pesos o, tomando un dólar a 3 pesos, un total de 7.334.363,75 pesos. Además, en la actualidad existe un juicio iniciado por el Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) por la falta de pago de aportes, contribuciones, créditos asistenciales y cuotas de subsidios por fallecimiento, finalizó en diciembre del año pasado con el desembolso de 850.467,06 pesos. Esta causa también derivó en un juicio por ejecución de honorarios: el 28 de diciembre de 2006, el juez Roberto Parajón homologó un convenio entre las partes y cuatro abogados del Iosper —de la anterior gestión— cobraron en total 169.720 pesos.