E

l juicio se realizará en la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, que integran Jorge Torres, Rolando Cirigliano y Edgardo Garibotti; en tanto que Dardo Tórtul será el fiscal. De hallarlos culpables, a todos los imputados les cabe la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El dato que se destaca en esta instancia es la diferente interpretación respecto de la responsabilidad del actual intendente Daniel Irigoyen en el sonado caso. Según publicó el sitio Maximaonline, cuando el juez Cadenas cerró la investigación, concluyó que sólo el ex tesorero municipal Ángel Giménez fue el responsable de llevarse el dinero; y aunque en la misma causa quedaron procesados Irigoyen y el ex secretario de Hacienda Néstor Pérez por malversación culposa –negligencia en el cuidado de los dineros públicos– el juez los absolvió de la acusación de haberse llevado el dinero. En ese sentido sostuvo que, basándose en las pruebas que hay en la causa, no hubo dolo en el accionar de Irigoyen y Pérez, sino culpa, lo que cambió la situación procesal de ambos. No obstante les fueron trabados sendos embargos por 500.000 pesos y 1 millón respectivamente. Por su parte, el fiscal Rubén Chaia, en el dictamen con el que pidió la elevación a juicio, entendió que el ex tesorero Giménez, el ex secretario de Hacienda, Pérez, el intendente Irigoyen y el contador Pedro Pomés tuvieron responsabilidad en el caso que ameritan su procesamiento. En la presentación del fiscal se analizaron detalladamente todas las pruebas que se reunieron en la investigación, las que, según sostiene el funcionario, exhiben que existe responsabilidad penal de todos los funcionarios involucrados en el caso. Chaia consideró que Giménez sustrajo de manera ilegítima los fondos públicos que quedaron enmarcados en 91 hechos. Afirmó que bastaron para incriminarlo las pruebas testimoniales, informativas y periciales reunidas; pero especialmente las fotos del ex tesorero extrayendo el dinero de cuentas bancarias, como también las escuchas de conversaciones telefónicas mantenidas por miembros de la firma TPV hacia donde giró parte del dinero. En cuanto a Pérez e Irigoyen concluyó que “facilitaron la comisión de esos hechos al suscribir documentos –cheques y notas de débitos– de manera duplicada e ilegítima”. En cuanto a la absolución de Irigoyen de algunos cargos, precisó que “su coartada no debe ser considerada toda vez que el mismo Irigoyen, al denunciar, afirma que los cheques cobrados por Giménez fueron firmados y endosados para ser anulados”.