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n informe que produjo la Defensoría del Pueblo de Paraná en septiembre de 2006 puso el acento en el fuerte déficit habitacional que padece la ciudad, hecho que se traduce en la notable cantidad de actuaciones en las que le tocó actuar al organismo. A eso se agrega distintas irregularidades que se observan en los planes sociales de construcción de viviendas en los que interviene directamente el Estado, o en los que actúan como intermediarios sindicatos o empresas privadas. Se trata, según la Defensoría, de irregularidades dominiales”, que se traducen en “loteos sin aprobación”. En determinados complejos, subraya el informe, “se registran además, problemas de terminación, adjudicación, o escrituras, que tienen a los ciudadanos sin poder constituirse en propietarios de pleno derecho, aún a pesar de haber pagado por años para acceder a la vivienda propia”. VECINDAD EN PROBLEMAS “Estas situaciones generalmente son de una profunda complejidad e involucran acciones judiciales, por ello la Defensoría ha intervenido básicamente constatando el correcto proceder del Estado Municipal, informando a los vecinos sobre los alcances y situación del problema e intermediando con las partes para poder arribar a una solución”, sostiene. No es la única observación. Según la Defensoría, también aparecen los denominados “problemas de convivencia” que se generan en algunos complejos de propiedad horizontal. “Los barrios tipo IAPV conllevan un alto grado de conflictividad inherente a las deficiencias en el diseño de las construcciones, ya que existe poco espacio destinado a cada unidad funcional, pérdida de intimidad familiar por ese mismo motivo y existencia de espacios comunes reducidos, muchas veces en mal estado de conservación, cuya utilización se dificulta por la concentración de vecinos que pretenden utilizarlos en un mismo momento o para otros usos. Los defectos en la construcción y/o en los materiales utilizados son también motivos de conflictos entre familias que tienen desencuentros y desavenencias debido a por ejemplo filtraciones, resquebrajaduras, etc.”, puntualiza. DEMANDAS “La vivienda y el banco de tierras deben ser políticas prioritarias, en el corto y mediano plazo, sin embargo no debemos desconocer que se hace imprescindible la solución de la pura coyuntura, de familias que viven en condiciones infrahumanas, desprotegidas en las calles o intrusando viviendas y galpones vacíos de los cuales son prontamente desalojados, o habitan en casillas o ranchos a todas luces indignos y en condiciones de hacinamiento”, sostiene. En la Defensoría se ha tramitado un total de 326 actuaciones relacionadas con problemas con la vivienda, agrupados según las siguientes situaciones: * Personas que viven en la calle: a partir de la constatación de esos hechos que fue en 2003 la Defensoría emitió una recomendación para la creación del Albergue Municipal. *Precariedad habitacional: ciudadanos que viven en situación “de extrema precariedad habitacional”, sin baño, en hacinamiento por convivencia de varios miembros de una familia en una única habitación, sin condiciones de saneamiento y terminación de las viviendas. * Riesgo de pérdida de la vivienda por desalojo: se trata de desalojo de viviendas por remate judicial. En algunos casos, se pudo revertir esta situación límite, a la que llegaron los ciudadanos en virtud de las crisis económicas y el progresivo deterioro de sus condiciones de vida. Asentamientos y ocupación de terrenos: estas ocupaciones irregulares de tierra urbana vacante tienen algunas características particulares: producen tramas muy irregulares, sin amanzanar, con pasillos de difícil o nulo acceso de vehículos; las viviendas son, en su mayoría, construidas con materiales de desecho y si bien algunas son de mampostería, resultan deficitarias y sin terminaciones, además de no contar con los servicios básicos; existe una alta densidad poblacional; están localizados, en su mayoría, a lo largo del recorrido de los arroyos que atraviesan la ciudad; y en general, los pobladores lo consideraban en sus orígenes un hábitat transitorio hacia un “posible y anhelado ascenso social”, que no logró concretarse.