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l déficit de viviendas es un problema serio en Entre Ríos, y aún cuando los planes oficiales de construcción que desarrolla el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) han podido remontar profundos baches de desinversión, la situación afecta todavía a unas 28 mil familias, según la cifra que se desprende del Registro Único y Permanente de Demanda que tiene el organismo provincial. Aunque estiman que esa cifra podría ser aún más grande: la proyección dice que por cada tres inscriptos en ese registro, hay uno que necesita una casa pero no se notó, por lo cual aquel número se acercaría a 40 mil. Pero un estudio que publicó en 2006 el Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, y que desarrolló la Universidad Nacional de Quilmes, denominado La situación habitacional en Argentina, da cuenta que en Entre Ríos el déficit de viviendas nuevas es de 25.806 unidades. Pero a ese déficit cuantitativo, la investigación hecha sobre la base de los datos que aportó el Censo 2001 le añade otro: el déficit cualitativo en materia de viviendas. Así, en la provincia hay otras 56.727 familias que viven en viviendas “deficitarias recuperables”. Y son deficitarias ya sea porque no tienen terminación o porque les falta algún servicio, como la instalación de agua por cañería, que alcanza a unas 31.716 viviendas. Sea cual fuere el número real de ese déficit, poder superarlo demandaría al menos una década. “En la provincia, no podemos hablar de más de 3 mil viviendas anuales que se pueden construir. Esto porque no hay capacidad empresarial, no hay mano de obra calificada, y creo que nosotros como organismo del Estado debemos avanzar un poco más en nuestra capacidad administrativa. Por eso seguramente vamos a ir atrás de la demanda. Pero todo tiende a mejorar”, dice José Cáceres, titular del IAPV. ¿MÁS O MEJOR? En el IAPV sostienen que al número oficial de demanda habitacional hay que agregarle otro dato, constituido por lo que denominan “demanda oculta”. Al respecto, Cáceres sostiene que “de cada tres inscriptos, hay uno que no se inscribió, ya sea porque no cree, o porque no sabe, pero básicamente es porque no cree en el sistema, no cree que puede ser sorteado, o que al no tener relación política no le puede tocar”. Entre quienes creyeron en el sistema, ya se adjudicaron 5.650 viviendas en lo que va de la actual gestión, y se estima que al final el actual período de gobierno, en diciembre próximo, se habrán construido en la provincia alrededor de 7.000 unidades. A eso, agregan otras 2.500 viviendas que quedarán en ejecución, y una incógnita: la posibilidad de acordar con la Nación la reactivación de un plan ya acordado, de 4.400 viviendas económicas (a un valor base de 18.500 pesos). Ese programa arrastra ya con dos licitaciones desiertas por el bajo valor reconocido por el Estado y que las empresas rehusaron ejecutar. Y resta aún determinar cuál será el esquema de concreción de las 5.003 viviendas que la Nación acordó a Entre Ríos en el marco del plan plurianual que, con una inversión requerida para construir las más de 255.000 viviendas de aproximadamente 22.000 millones de pesos, se extenderá entre 2007 y 2009. Lo que se construyó y lo por construir se hace con un premisa: ejecutarlas con una “calidad de base garantizada” que aplica el axioma de más viviendas en vez de viviendas con mayores terminaciones. Se trata de unidades que cuentan con todos los servicios pero que carecen, por ejemplo, de piso, no tienen revoque fino en los interiores y carecen de postigos en las aberturas. Así, es posible que los adjudicatarios paguen cuotas de entre 102 y 150 pesos, según los casos. En realidad, la Nación reconoce un costo de 35 mil pesos por vivienda, pero en el mercado el valor real trepa a 48 mil. Esos mayores costos son reconocidos en partes iguales: la Nación aporta 9 mil pesos extra, y el IAPV invierte la otra mitad, recursos que saca de los 24 millones anuales que recibe del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que además sirve para pagar salarios y gastos de funcionamiento. ¿TODOS PAGAN?. Hay un requisito básico que exige el IAPV antes de adjudicar una vivienda: contar con ingresos comprobables, y que actualmente ronda los 600 pesos por grupo familiar. Aunque de los 27.900 inscriptos en el Registro Único y Permanente de Demanda, 13.622 tienen ingresos mínimos comprobables menores a 600 pesos, o directamente no tienen ingresos comprobables. Esa franja, por ahora, queda afuera de cualquier beneficio por cuanto en este momento el IAPV no desarrolla ningún complejo habitacional destinado a familias con ingresos bajos. Aún con viviendas “base” a precios económicas, en el IAPV aseveran que el nivel de recupero históricamente no ha sido bueno: siempre rondó el 35 %. Sin embargo, en los últimos cuatro años consiguieron elevarlo del 20 al 60 %. De ese modo, se pasó de una recaudación mensual de 300 mil a 1,4 millones de pesos. El logro, dice Cáceres, fue producto de una moratoria que diseñaron en 2004 y también producto de aplicar mayores exigencias de cobro con los adjudicatarios. “No vamos a dejar familias en la calle por no pagar. Pero pretendemos individualizar al que teniendo empleo y buenos ingresos no paga porque deliberadamente no quiere pagar”, señala. Y por eso ya tienen en trámite de cobro judicial más de 1.000 casos. El boom inmobiliario satura el colector EL BOOM INMOBILIARIO QUE VIVE EN ESTE TIEMPO PARANÁ, con un notable crecimiento de la inversión en el área central en nuevos grupos habitacionales y edificios en altura, está produciendo un colapso en algunos servicios, el agua ahora, y a futuro impactará de lleno en el colector, que ya está saturado, según admiten en la Municipalidad. “El crecimiento de la ciudad choca con un cuello de botella, que es el colector cloacal noreste, que está saturado”, dice Gastón Grand, titular de Planeamiento del Municipio de Paraná. “La ciudad hoy sólo puede crecer hacia el norte y hacia el este con los servicios actuales. La otra alternativa es crecer con viviendas sociales sin cloacas, lo cual es un problema a mediano plazo muy fuerte. La única obra de envergadura en materia cloacal es el colector noreste, que se inauguró hace diez años. Por eso, si no hacemos nuevos colectores, el problema no va a ser el agua, sino la cloaca”, subraya. De todos modos, Grand apuesta a un fuerte crecimiento de la zona central de la ciudad, que es la que está recibiendo la mayor inversión inmobiliaria. “La ciudad necesita crecer en densidad en el área central para amortizar un área que cuenta con todos los servicios. Obviamente, que también crece en extensión. Pero Paraná necesita primero crecer en densidad, si no es una ciudad cara”, añade. En opinión del funcionario, Paraná demanda “un crecimiento tipo de mancha de aceite, con mayor concentración en área central y la mayor generación de plusvalía urbana, de modo que luego pueda ser captada por el Estado en el cobro de más tasas e impuestos, que le generen los recursos suficientes para llevar servicios a la periferia”. El análisis, a juicio de Grand, parte de la base de que en el centro la gente construye como inversión, y en la periferia, “para vivir”, y por lo tanto requiere de servicios. “No creo que el crecimiento en el centro pueda generar algún inconveniente con los servicios. Los servicios están. Puede ser crítico el agua, aunque no me parece que el camino sea congelar inversiones a la espera de que se construya la nueva planta de agua. Porque además los nuevos emprendimientos van a estar listos mucho después de que esté terminada la planta de agua”, sostiene. Aunque ve el problema en otros términos. “Tenemos una ciudad con vastos sectores que no están servidos, y la cuestión de las migraciones hace que la ciudad tenga una periferia cada vez más grande, altamente demandante, y escasamente contributiva”, afirma. (Fuente: El Diario)