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a Central de Trabajadores Argentinos obtuvo el respaldo de la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, que “urgió al Gobierno a que responda sin más demoras el pedido de personería gremial” de la CTA. Así lo señaló ayer Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la Central, donde recibieron la noticia como un “éxito” porque “intima al Gobierno a que se expida antes de septiembre, cuando una comisión de expertos visitará el país para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones”. En el Ministerio de Trabajo hubo un comentario de bajo perfil sobre la resolución. Desde la CGT, Gerardo Martínez salió a defender el modelo sindical vigente, al que calificó como “respetuoso de la libre agremiación”.
La CTA reclama desde hace más de quince años que se modifique la Ley de Asociaciones Sindicales, que regula la actividad gremial en el país. La norma ya ha sido cuestionada en la OIT por ser “incompatible” con las recomendaciones de esa organización internacional. Durante la administración de Carlos Menem hubo amagues de cambiarla, pero las modificaciones nunca se concretaron. Tampoco pasó nada en la Alianza; en los primeros años del gobierno de Kirchner la posibilidad volvió a ser evaluada, pero finalmente tampoco avanzó.
La central cuestiona al actual modelo por imponer un “monopolio” de la representación gremial, ya que la ley concede derechos sindicales plenos sólo al gremio con mayor cantidad de afiliados. De la misma manera, obstaculiza que los otros sindicatos (llamados libremente inscriptos) puedan recaudar cuota social por descuento de la nómina salarial. En asambleas anteriores la OIT había advertido que la legislación argentina debe adecuarse a sus normas para garantizar una mayor democracia gremial.
Desde Ginebra, el abogado de la CTA declaró que la resolución tiene más peso que otras similares obtenidas en 1998 y el 2005, “ya que esta vez dice concretamente que la Argentina debe elaborar un proyecto de ley modificatorio, lo que implica un mayor compromiso de la OIT con la reforma”.
En el Ministerio de Trabajo pusieron el acento en que la Comisión de Normas de la OIT “destacó que el Gobierno está abierto al diálogo y a la cooperación técnica”. Voceros de la cartera dijeron que hacia el futuro “se evalúa la conformación de una comisión tripartita que estudiará los asuntos mencionados por los expertos”.
El encargado de ratificar la postura de la CGT fue Gerardo Martínez, quien encabeza la delegación moyanista que viajó a Ginebra. “En nuestro sistema de relaciones laborales tenemos el mayor porcentaje de trabajadores afiliados de América latina”, argumentó el dirigente. También rechazó el argumento de una representación monopólica: la ley, dijo, “fortalece la eficacia sindical y evita la fragmentación de las fuerza, al mantener la unidad de los trabajadores”. Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la central, dijo que “la recomendación fue muy liviana”.
El caso argentino fue planteado ante la Comisión de Normas por Luc Curtebec, de la central de trabajadores de Bélgica, que manifestó la urgencia de otorgar la personería gremial de la CTA, la necesidad de la reforma de la ley sindical y el reclamo de que se modifique el decreto 272/06 sobre los servicios esenciales que deben prestarse durante las huelgas, con el planteo de que quien debe fijar cuáles son esos servicios no puede ser el gobierno sino un órgano independiente. La posición del vocero fue acompañada por otras centrales como la de España, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega y la PIT-CNT de Uruguay.
