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emen por los problemas de inseguridad que se plantean en algunos barrios de Paraná cuando deban efectuar el rastrillaje en los domicilios. Además rechazan la obligatoriedad del trabajo que impone la resolución 1.262, que dispuso “afectar a todo el personal docente, incluido directivo”. El sindicato docente condicionó la normal realización del censo escolar 2007, el próximo miércoles, a que el Gobierno dé garantías de seguridad a los maestros que deban realizar el trabajo en zonas consideradas “críticas”. El reclamo no es menor: en algunos barrios el trabajo se ve frecuentemente dificultado por los problemas de inseguridad que también alcanzan a la escuela. El censo demandará que 14 mil maestros en toda la provincia realicen durante todo un día un pormenorizado rastrillaje de los circuitos que les asignen, en una visita casa por casa de las familias en procura de establecer si todos los niños en edad escolar están efectivamente dentro del sistema educativo. El último relevamiento de ese tipo, hecho en 2003, determinó la existencia de 3.000 chicos en esa situación, aunque cruzados luego esos datos con los resultados del Censo 2001 se llegó a la conclusión que el número se elevaba a 10.000. “La cuestión de la seguridad es un problema que plantean constantemente los docentes. En algunos barrios de la ciudad es realmente complicado entrar así que lo que pedimos es que nos den garantías”, sostuvo Susana Acevedo, titular de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). RECLAMO. El Consejo General de Educación (CGE) había previsto realizar el censo 2007 en principio el 15 de mayo último, aunque luego resolvió posponer la fecha para el próximo miércoles 13 en virtud de “la situación generada en la Provincia con motivo de las recientes inundaciones”, según el texto de la resolución 1.603 del 10 de mayo último. La postergación, dicen en Agmer, fue el resultado de las gestiones que llevó a cabo el sindicato ante el titular de Educación, Jorge Kerz, a quien además le presentaron una serie de demandas respecto a la realización de ese relevamiento. Esa suspensión, según Agmer, se pidió para poder rediscutir las condiciones de realización, y contar con garantías de seguridad para el censista. Una presentación hecha por el mayor sindicato docente de Entre Ríos a Kerz pidió, entre otros puntos, rediscutir “la obligatoriedad explícita” en la resolución de convocatoria del censo. La resolución 1.262, del 11 de abril pasado, dispuso “afectar a todo el personal docente, incluido directivo, de las escuelas de los niveles EGB (educación general básica) I y II e inicial, de gestión estatal y privada, a los fines de la ejecución” del censo. Pero además el gremio reclamó al Gobierno que haya una “revalorización de la tarea y su consecuente bonificación”, esto es que se revea el monto que se pagará a cada uno de los 14 mil docentes que harán el censo, y que se fijó en 50 pesos. De acuerdo a lo que explicó la titular de Agmer Paraná, en la zona rural esa suma se torna irrisoria. “Hay que tener en cuenta que el docente tiene que recorrer largas distancias, y con ese dinero no le alcanza siquiera para pagarse el traslado”, señaló. DE VUELTA. Este año la provincia reeditará el censo escolar después de tres años de aplazamientos continuos, a pesar de que una ley provincial, la Nº 3.244 del año 1939 ordena su ejecución en forma periódica. Esta vez, según las previsiones del CGE, el relevamiento prevé utilizar a 14.500 docentes de los niveles inicial y EGB I y II, de los ámbitos estatal y privado. De acuerdo a lo proyectado, el censo se iba a cumplir el martes 15 de mayo, tal lo dispuesto por la resolución del CGE Nº 1.262 del 11 de abril, pero a último momento el Consejo de Educación resolvió postergarlo para el 13 de junio. Esa postergación, según la resolución 1.603 del CGE, se debió a “la situación generada en la provincia con motivo de las recientes inundaciones” lo que derivó en el hecho de que algunos departamentos “se encuentren con dificultades para la realización del censo”. La directora de Planeamiento Educativo del CGE, Marta Oribones, ponderó que los resultados que se obtengan, aseveró, “son valiosísimos, ya que nos permiten observar la situación de todos los niños, ya sea que estén dentro o afuera del sistema escolar. Esa información nos sirve para trabajar en políticas de inclusión educativa”. El último relevamiento determinó que en Entre Ríos había un total de 3.070 alumnos “inconcurrentes”, que representan el 1,46 % sobre el total de la población en edad escolar, y de entre éstos, 2.059 pudieron aprender a leer y a escribir antes de dejar las aulas, pero 463 quedaron como analfabetos. Aunque los sucesivos quiebres y conflictos en el sistema educativo en los últimos tres años podrían haber hecho disparar esos números.