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n diciembre de 2005 el gobierno provincial dispuso abonar 930.000 dólares a Raúl Eduardo Aulet y 450.000 dólares a Bae Systems Holding Inc. El mismo mes autorizó el pago de 530.760,55 dólares a la Rolls Royce Brasil Ltda. y de 51.386,91 pesos a Telecom Argentina SA. En octubre del año pasado el gobierno autorizó el pago de 427.691,13 dólares a la empresa IFA SA, cesionaria de un crédito de Atlantic Turbines International Inc. En mayo de 2006 autorizó un convenio conciliatorio con la Secretaría de Turismo y Deporte de la Presidencia de la Nación por 3.621,80 pesos. En febrero de 2007 ordenó cancelar una deuda con el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina de 264.000 pesos. La suma de estos pagos da 2.338.451,68 dólares y 319.008,71 pesos o, tomando un dólar a 3 pesos, un total de 7.334.363,75 pesos. Todo por deudas generadas por Líneas Aéreas de Entre Ríos Sociedad del Estado (LAER SE) que, salvo la breve reactivación a cargo de la empresa Regional Argentina, no opera desde abril de 2002. Por otro lado, la paralización de las actividades de LAER generó numerosos juicios laborales, que obligaron al gobierno a emitir el Decreto Nº 6.472 del 19 de octubre de 2006, autorizando desistir de recursos de apelación y celebrar acuerdos para pagar las sumas reclamadas por los ex trabajadores de la aerolínea. Además, un juicio iniciado por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) por la falta de pago de aportes, contribuciones, créditos asistenciales y cuotas de subsidios por fallecimiento, finalizó en diciembre del año pasado con el desembolso de 850.467,06 pesos. Esta causa también derivó en un juicio por ejecución de honorarios: el 28 de diciembre de 2006, el juez Roberto Parajón homologó un convenio entre las partes y cuatro abogados del Iosper –de la anterior gestión– cobraron en total 169.720 pesos. Tribunal extranjero El 10 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 6.615 del Ministerio de Gobierno, fechado el 24 de octubre de 2006. Allí el gobierno tomó una definición ante la sentencia dictada por la Corte Suprema de la Isla de Príncipe Eduardo, Charlottetown, Condado de Queens, Canadá, en los autos caratulados Atlantic Turbines Internactional Inc. c/ Líneas Aéreas de Entre Ríos SE. Se trata de una sentencia dictada mucho tiempo antes, el 9 de marzo de 2005, que condenó a LAER a abonar la suma de 279.511,66 dólares estadounidenses en concepto de capital, más 148.179,47 dólares por intereses y 230,93 por costas, haciendo un total de 427.922,06, a la firma canadiense especializada en la reparación de motores de aviones. El 14 de setiembre de 2006, la empresa entrerriana fue notificada de la cesión realizada por la acreedora a favor de IFA SA. Por instrucción de la Escribanía Mayor de Gobierno, se agregó al expediente una copia legalizada del contrato de cesión a favor de IFA SA y el 21 de setiembre se celebró el convenio de reconocimiento y pago de deuda. El Decreto Nº 6.615 realizó una modificación presupuestaria en el rubro Obligaciones a cargo del Tesoro, por 1.335.117 pesos, ratificó el convenio y dispuso que se haga efectivo el pago de la suma en dólares reclamada. Por el Fokker El Fokker F-28, que alguna vez integró la flota presidencial, fue adquirido por la Provincia en junio de 2000 en 2,5 millones de pesos-dólares. Desde el actual gobierno siempre aseguraron que la inversión que fue necesaria en mantenimiento hizo que el gasto por el avión ascendiera a los 9 millones. Incluso se promovió una causa penal por el presunto sobreprecio en la compra. En setiembre de 2005, la Provincia le vendió el Fokker a la Fuerza Aérea en sólo 700.000 dólares. Tres meses después, en diciembre, el gobierno aprobó pagar un monto equivalente al 75% de ese ingreso por el servicio de reparación de los motores Spey Nº 9.070 y Nº 9.071, que equipaban la aeronave, a la empresa Rolls Royce Brasil Ltda., que desde hacía cinco años reclamaba el pago de un saldo de las facturas Nº 14.732 y 14.785. El Decreto Nº 9.826 del Ministerio de Economía del 29 de diciembre de 2005 modificó el Presupuesto de ese año mediante transferencia compensatoria de créditos por 1.640.000 pesos; y aprobó “la propuesta de cancelación de la deuda por pago de servicios que la Provincia reconociera a la firma Rolls Royce Brasil Ltda. mediante decretos Nº 5093/00, 2995/01 y 5003/01, por la suma total de dólares quinientos treinta mil setecientos sesenta C/55/100 (U$S 530.760,55)”. Rolls Royce ofreció renunciar al 50% de los intereses con la condición de que se abone en tres cuotas. Por otra parte, como publicó UNO en abril, la Provincia debe pagar 264.000 pesos más intereses y costas a la Fuerza Aérea por una vieja deuda de LAER con Líneas Aéreas del Estado (LADE). La obligación se cancelará en cuotas este año. El Decreto Nº 161 del 1º de febrero autorizó al interventor de LAER y a la Fiscalía de Estado a celebrar un acuerdo conciliatorio en los autos Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina c/ Entre Ríos, Pcia. y otros (LAER SE). Esta causa se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Secretaría de Juicios Originarios. Teléfono e impuestos Otras deudas de LAER que pagó el gobierno en los últimos años son las que tenían como acreedores a Telecom y a la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación. En el primer caso fueron 51.386,91 pesos por facturas de teléfono impagas entre marzo de 2002 y febrero de 2005, según se lee en el Decreto Nº 8.817 del Ministerio de Gobierno, de fecha 14 de diciembre de 2005. En el segundo caso, según el Decreto Nº 2.699 del mismo Ministerio, del 26 de mayo de 2006, se llegó a un “acuerdo conciliatorio en los autos caratulados Secretaría de Turismo y Deporte de la Presidencia c/ Líneas Aéreas de Entre Ríos SE s/ Ejecución Fiscal Expediente N° 124.422, tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal”. El monto pactado fue de 3.621,80 pesos por “el impuesto del 5% sobre el precio de los pasajes aéreos al exterior en vuelos regulares de pasajeros, multas y accesorios adeudados desde enero de 2001, con más sus intereses y costas”. Los juicios laborales contra LAER apremian al gobierno La gran cantidad de juicios contra LAER hizo que en agosto de 2006 el Poder Ejecutivo provincial aprobara la conformación de una partida presupuestaria específica, de 700.000 pesos, “a fin de atender los compromisos que sean requeridos por el interventor de la mencionada empresa”, por entonces Juan José Canosa, según el Decreto Nº 5.033 del Ministerio de Economía. El monto se imputó a la partida “3.8.4 multas, recargos y gastos judiciales”. Gran parte de esas acciones judiciales están motivadas en los reclamos de los ex trabajadores de la línea aérea, tanto por salarios adeudados como por diferencias salariales e indemnizaciones no abonadas. En la mayor parte de los casos el gobierno obtuvo fallos desfavorables y –se lee en el Decreto Nº 6.472 del 19 de octubre de 2006– “claramente se puede observar que las sentencias condenatorias dictadas contra LAER SE no podrán ser revertidas, puesto que los distractos laborales producidos en LAER durante los años 2002 y 2003 han sido, en su gran mayoría, sin invocación de causa o indirectos fundados en el agravio que implicaba la falta de pago en tiempo y forma de los salarios”. En consecuencia, se autorizó al interventor a “celebrar acuerdos de cumplimiento de sentencia, no apelar sentencias de primera instancia, desistir de los recursos de apelación deducidos y a dar en pago sumas embargadas, siempre que las circunstancias del caso así lo aconsejen en los juicios laborales en los que se reclamen indemnizaciones, salarios y/o diferencias salariales”. También se autorizó a la Fiscalía de Estado a “conciliar, no apelar sentencias y desistir de recursos de apelación en aquellas causas en las que se encuentre ejerciendo la representación de la Provincia de Entre Ríos en carácter de codemandada directa o subsidiaria de LAER SE”. Según los considerandos del decreto, para hacer frente a estos gastos se utilizaría la partida de 700.000 pesos. Paralelamente, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná se inició en diciembre de 2001 la causa Iosper c/LAER SE s/ ordinario (por resolución de contrato y cobro de pesos). La obra social reclamaba una abultada deuda en concepto de falta de pago de aportes, contribuciones y créditos asistenciales, y cuotas de pago por subsidios por fallecimiento. La primera sentencia se dictó en 2004, condenando a LAER a pagar 403.759,67 pesos más intereses. Pero luego de apelaciones e impugnaciones, en noviembre de 2006 el juez Roberto Parajón libró oficio para que se deposite en una cuenta de la obra social provincial un total de 850.467,06 pesos. Además, el 28 de diciembre del año pasado ordenó la ejecución contra LAER en los términos de un convenio entre el interventor Juan José Canosa y los cuatro abogados del Iosper, por 169.720,78 pesos en concepto de honorarios profesionales. El fracaso de Regional Argentina Tal vez la deuda de LAER más conocida es la que se contrajo por la rescisión anticipada de los contratos de arrendamiento de las aeronaves N° 830 y N° 831 (del 15 de octubre de 1992), de la aeronave N° 832 (del 11 de agosto de 1993) y de un motor de repuesto de octubre de 1992. El 29 de diciembre de 2005 se autorizó depositar 450.000 dólares en la cuenta N° 3855-8704 del Citibank Delaware, Estados Unidos, de titularidad de Bae Systems Holding Inc. (BSHI); y 930.000 dólares en la cuenta N° 109-00060189/0 sucursal del Banco Río de la Plata SA, de titularidad de Raúl Eduardo Aulet, “previa acreditación por su parte del instrumento por el cual se certifique debidamente su calidad de cesionario del crédito de titularidad de BSHI”. En total fueron 1.380.000 dólares, con lo cual se obtuvo una quita de 300.000 sobre la deuda original (Decretos Nº 8.639 y 9.936 de 2005). Como se sabe, Aulet había firmado un convenio con la Provincia para invertir el dinero recibido en la reactivación de LAER a través de la firma Regional Argentina. Pero la aerolínea sólo tuvo funcionamiento entre marzo y agosto del año pasado, con vuelos charter subcontratados a la firma Baires Fly, y la operación terminó en fracaso. A principios de octubre, el gobierno anunció la ruptura del contrato ante el incumplimiento de Aulet de incorporar un avión propio antes del 29 de setiembre. Fuente: UNO