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in embargo, el Tribunal resolvió que son válidas las decisiones adoptadas por esos jueces subrogantes (interinos), y que seguirán en sus cargos hasta tanto se cubran las vacantes existentes en los tribunales. La Corte destacó "la significativa cantidad de designaciones que tuvieron lugar bajo el régimen impugnado, que llega a aproximadamente al 20 por ciento de la judicatura". La resolución firmada ayer pone un plazo de un año para que el Congreso y el Ejecutivo instrumenten un nuevo sistema de designación. "En ningún caso dichos subrogantes podrán continuar en funciones más allá del término de un año, lapso durante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a establecer un proceso definitivo sobre la materia", señaló la Corte. El fallo lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, y Carlos Fayt (éste último según su voto). Se pronunciaron en disidencia Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. El Tribunal dejó en claro que no van a ser anuladas las decisiones que esos jueces subrogantes adoptaron hasta el presente. "Dada la significativa cantidad de designaciones" efectuadas bajo la resolución 76/04 del Consejo, y "la importancia de las cuestiones decididas en todos los fueros, especialmente, en el ámbito penal", una anulación de las resoluciones provocaría "la paralización de la administración de justicia, con consecuencias gravísimas para la salud de la República", señalaron. En la causa firmada ayer, que había sido iniciada por Carlos Roszca, la Corte determinó que es "indispensable" que los jueces sean designados como establece la Carta Magna, que desde 1994 prevé un procedimiento de selección y concurso a cargo del Consejo, la postulación de quienes obtengan las mejores calificaciones por parte del Poder Ejecutivo, y la presentación de su pliego al Senado, para que apruebe el nombramiento.