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omerciantes, empleados y productores rurales se mostraron sorprendidos, al saberse incluidos en un listado de beneficiarios del Programa de Refuerzo Alimentario Focalizado (PRAF), un plan que asiste a personas de bajo peso o desnutridos. El hecho se produjo en Sauce de Luna, Departamento Federal, y generó el inicio de una investigación judicial que hasta el momento no arrojó responsables. Algunos de los involucrados, quienes aseguran no haber hecho gestiones para tramitar la ayuda alimentaria, comenzaron a investigar por su cuenta y consiguieron un listado de 240 nombres donde figuran ciudadanos que ya no viven en la localidad y hasta fallecidos. “Somos personas con trabajo y hasta te diría con sobrepeso, que nunca solicitamos ayuda del Estado”, explicó uno de los afectados que prefirió reservar su identidad. En la documentación que se presentó como prueba figuran los nombres, los números de documentos y la inclusión en la categoría “b” del subprograma PRAF. Ahora, la Justicia investiga la presunta connivencia miembros del hospital Crispín Velázquez, desde donde habrían partido las firmas avalando la desnutrición, el camino que recorrieron los bonos para transformarse en dinero y su destino. Sin respuesta Por su parte, el diputado provincial Arturo Vera (UCR), presentó un pedido de informes para determinar desde cuándo existe la irregularidad, si se practicaron medidas tendientes a investigar el hecho para determinar los responsables a través de una denuncia penal y, en el caso de que sea de ese modo, cuáles fueron las medidas administrativas correctivas que se adoptaron. Finalmente preguntó si en las irregularidades “están involucrados militantes del justicialismo”. El pedido de informes se presentó hace 20 días, aproximadamente y, si bien no hay plazos establecidos para contestar, el diputado indicó que cuando se trata de un hecho político “el Ejecutivo suele demorar la respuesta”. Según Vera estaría “casi comprobado” que se trataría de acciones de militantes justicialistas. “En casos como este, hemos estado en contra del abuso de los recursos de Estado, provenga del sector que provenga”, afirmó. El caso se conoció en abril, por un error de entrega de los bonos del periodo tres (marzo). “Cuando desde Acción Social de la Municipalidad de Sauce de Luna se dirigen a Acción Social de la Provincia para retirar los tres paquetes de bonos habituales, les entregan un cuarto paquete para el hospital Velázquez”, relató uno de los “supuestos desnutridos”, que prefirió mantenerse en el anonimato. El vecino indicó que al empleado municipal le llamó la atención el volumen del paquete y lo abrió. Con sorpresa pudo observar que en el listado había algunos conocidos que pesaban más de 110 kilos y tenían un pasar económico decoroso. “Lo que no sabemos es desde cuándo se está cobrando ese dinero a nuestro nombre”, indicó el comerciante, quien agregó que involucrados recurrieron al jefe de Atención Primaria del departamento, doctor Rojo, quién calificó el tema como un “papelón” y deslindó responsabilidades sobre el mal manejo que se estaba realizando ya que, según expresó, “por su intermedio no se canalizó ninguna solicitud”. Por su parte, el coordinador Institucional del Departamento Federal Luis Umedez, responsabilizó directamente a la directora del hospital, Marta Argento, ya que en el nosocomio se confeccionaron las listas de personas para recibir atención alimentaria. Según la investigación que los mismos involucrados emprendieron, los bonos se cobraban en una despensa propiedad de un dirigente político, donde se negociaba con los proveedores o se los cambiaba por efectivo en una entidad bancaria. Se estima que se obtenía una recaudación mensual de 8.000 pesos y, si se comprueba que la irregularidad se remonta a 2004, la defraudación asciende a los 310.000 pesos. Denuncias La mayoría de las denuncias se hicieron a través de los medios de comunicación locales y a través de foros de Internet. Uno de los pocos que recurrió a la Justicia fue Luis Alberto Gómez, un mecánico de Sauce de Luna. “La gente tiene miedo, acá nos conocemos todos. Además se complica para nosotros que no tenemos Juzgado y tendríamos que viajar para seguir una causa”, señaló el supuesto beneficiario del PRAF. Sobre las explicaciones de los funcionarios, el vecino señaló que la directora del hospital Velásquez, jamás les dio una explicación y que en Acción Social municipal les aseguraron que desde abril no figuraban en los listados, ya que habían sido dados de baja. “Para nosotros es un daño que nos generaron porque nos usaron durante un largo tiempo”, reflexionó.