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n informe revela el nivel de desinversión en caminos que exhibe Entre Ríos y la falta de una adecuada política de conservación vial. La red vial en Entre Ríos arrastra serios déficits. Aún con las inversiones producidas a partir de la década de 1970, que quebraron el aislamiento fluvial con la construcción de puentes sobre el Paraná y el Uruguay, las rutas en la provincia no acompañaron el crecimiento del tránsito. El principal problema, mas no el único, lo soporta el sector productivo ya que resultan evidentes “las dificultades con que tropiezan los productores agropecuarios para movilizarse en condiciones climáticas adversas, debido a la falta de caminos rurales que aseguren transitabilidad permanente, habiéndose postergado sistemáticamente la implementación de programas que resuelvan decididamente esa situación”, según un informe sobre Infraestructura en Entre Ríos, producido por el Foro de Entidades Empresarias y desarrollado por la consultora Incociv SA. El trabajo subraya el hecho de que el organismo encargado de llevar adelante políticas públicas de desarrollo del sector, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), arrastra una sobrepoblación de empleados, que comparado con organismos similares de provincias vecinas, resulta demasiado abultada. Vialidad atiende en la provincia 26.798 kilómetros de ruta —la mayoría, 22.646 kilómetros, de tierra, 1.576 pavimentados y 2.573 mejorados—, y en esa tarea emplea una dotación récord en comparación con las otras dos provincias que componen la Región Centro: Córdoba y Santa Fe. La DPV tiene 1.803 empleados, lo que da una relación de 1 trabajador cada 14 kilómetros de ruta; su par santafesina emplea un agente cada 99,6 kilómetros; y en Córdoba la relación es de 1 empleado cada 277 kilómetros. PROPIOS Y AJENOS. “La demanda de nuestra red caminera es enorme y, por motivos propios y de desfinanciación, la DPV no ha podido responder satisfactoriamente a aquella. Como política de Estado, se hace necesario analizar alternativas que permitan optimizar la organización y funcionamiento de la DPV con el único objetivo de coadyuvar a un fortalecimiento y mejora de la red caminera a su cargo”, sostiene el informe sobre Infraestructura en Entre Ríos. Pero las deficiencias no son sólo de Vialidad provincial; la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tampoco atiende satisfactoriamente la trama de 1.550 kilómetros de rutas que tiene a su cargo. “Debido a los contratos de concesión vigentes, se supone que esta trama de rutas se mantendría en buen estado. Aún así, presenta trechos en estado regular, con ondulaciones en las calzadas y deficiencias en los accesos a puentes, en uno de los cuales aun no ha sido reemplazado el sistema bailey en uno de los efluentes del Feliciano”, dice. El relevamiento subraya no obstante que las deficiencias más notorias se advierten en la red vial que depende de la provincia. De acuerdo al diagnóstico hecho por el Foro de Entidades Empresarias, las rutas entrerrianas exhiben las siguientes falencias: • Escasa aplicación de políticas para la trama de caminos vecinales y secundarios. El perfil productivo de la provincia, sus suelos y clima, requieren la definición de políticas de Estado prioritarias para dotar a la provincia de una red de caminos pavimentados y mejorados a fin de permitir el tránsito seguro y sin interrupciones a la producción y población. • La conexión Rosario-Victoria ha generado una nueva modificación en los trayectos del tránsito pasante, sobrecargando la trama vial existente. Todavía no cuenta con las obras necesarias para canalizar adecuadamente los mayores volúmenes creados. • La ciudad de Paraná carece de una adecuada trama de circunvalación y conexión entre las rutas afluentes. A diferencia de otras capitales provinciales, en las que la Nación se ocupó de desarrollar vías de ingreso y circunvalación satisfactorias, Paraná careció de esa intervención del Estado Nacional. • Resultan críticos los pasos de rutas nacionales y provinciales por las ciudades, como ocurre en San Salvador, Villaguay, Gualeguay y Nogoyá, por citar las localidades más grandes. ESTADO DE SITUACIÓN. El trabajo, realizado a lo largo de 2006, aborda distintos aspectos que tienen que ver con la infraestructura de la provincia, como energía o transporte fluvial, y respecto de la trama vial puntualiza que Entre Ríos “padece desde hace años, diversos problemas de atrasos en las inversiones relacionadas con la infraestructura básica”. Y pone de manifiesto que desde que se completaron las obras de vinculación interna e internacional en la década del ‘70 (Zárate-Brazo Largo, Colón-Paysandú, Puerto Unzué-Fray Bentos), y la represa de Salto Grande a fin de esa década, “se produjo una merma sustancial de las inversiones nacionales en la provincia, a lo que se ha sumado un debilitamiento de las posibilidades presupuestarias del Estado” provincial. “Esto no ha sido posible revertir con los créditos internacionales específicos, los que, además de requerir capacidad de gestión, conllevan la necesidad de un aporte de contraparte local para su aprovechamiento. Esta situación ha llevado a una fuerte limitación en las inversiones en infraestructura básica, lo que ha repercutido decididamente en las actividades productivas, con el consiguiente perjuicio para la sociedad toda”, indica. Caminos rurales, el cuello de botella ENTRE RÍOS CUENTA CON UNA VASTA RED DE CAMINOS RURALES, sin pavimentar, que supera los 25.000 kilómetros El régimen de lluvias, con abultados milímetros anuales, provoca serios inconvenientes en esa trama vial. “Por las características de los suelos arcillosos de su superficie, el régimen de lluvias y, en menor medida, su topografía, la red de caminos rurales ha soportado históricamente condiciones de serviciabilidad adversas: se estima que 100 días al año dichos caminos no son transitables”, dice el informe sobre Infraestructura de Entre Ríos. Esta situación, añade, “y pese a la ya destacada inserción territorial, ha dificultado la movilización de la producción agropecuaria”. “La demanda de nuestra red caminera es enorme y, por motivos propios y de desfinanciación, la DPV no ha podido responder satisfactoriamente”, puntualiza, y agrega que se torna necesario “analizar alternativas que permitan optimizar la organización y funcionamiento de la DPV con el único objetivo de coadyuvar a un fortalecimiento y mejora de la red caminera a su cargo”. Además, plantea que la DPV “debería instrumentar una sistemática evaluación del estado de los caminos para definir obras de prevención que requieren, en general, menores inversiones a la de corrección”. Respecto de la conservación vial, el dossier observa que los “recursos genuinos de la DPV deberían destinarse prioritariamente a la conservación de los 25.219 km de caminos sin pavimentar. Uno de los déficit mayores de la red vial provincial es la falta de mantenimiento adecuado. Las obras que se ejecutan no son acompañadas de una conservación preventiva y se llega a instancias de fallas significativas para volver a atender esas obras, con inversiones mucho más cuantiosas que las que hubiera demandado un cuidado a tiempo”. (El Diario)