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e acuerdo con un estudio privado, las ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay ocupan los dos primeros puestos en un ranking que toma en cuenta la presión tributaria que soporta el sector de las tarjetas de crédito en las principales ciudades de la Argentina. Según un relevamiento realizado por el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea (Ieral), la presión que ejercieron las provincias y municipios sobre los ingresos que perciben las tarjetas cuando financian una compra es en promedio del 5,6% a nivel nacional. El porcentaje, sin embargo, trepa por encima del 10% en Concordia y Concepción del Uruguay, que tienen el dudoso privilegio de ser las ciudades con mayor presión fiscal para las compras financiadas con tarjetas de crédito, seguidas por Bahía Blanca (8,95%) y San Miguel de Tucumán (8,3 por ciento). En el otro extremo del ranking se ubican las principales ciudades de Chubut, como Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trelew, todas con un presión tributaria inferior al 4 por ciento. En todos los casos, la presión fiscal surge de la suma de los impuestos provinciales y las tasas municipales -básicamente, en concepto de seguridad e higiene- que se aplican a las tarjetas de crédito. En principio, los impuestos recaen sobre las empresas que emiten los plásticos, aunque éstas después lo terminan trasladando al cliente final. Si se toma en cuenta la presión fiscal provincial sobre las tarjetas de crédito, Entre Ríos no ocupa los primeros lugares en el ranking. La lista es encabezada por Catamarca, con una presión impositiva del 6,5 por ciento, seguida por la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, ambas con un 5,5 por ciento, mientras que un poco más atrás se ubican Corrientes (5,1%), Jujuy (5%) y Salta (5 por ciento). En este ranking, Entre Ríos ocupa el puesto número 9, con una presión fiscal del 4,5%, aunque igualmente la mayoría de los entrerrianos terminan pagando más que el resto de los argentinos debido a que a la presión tributaria provincial se suman las tasas de seguridad e higiene que les cobra cada municipio a las tarjetas de crédito. En este caso, los gobiernos municipales de las principales ciudades de Entre Ríos son los que muestran una mayor voracidad fiscal a la hora de recaudar entre los usuarios de tarjetas. Una excepción Si se computa únicamente la presión fiscal municipal, Concordia y Concepción del Uruguay también lideran el ranking y Gualeguaychú ocupa el puesto número siete. La única excepción en este sentido es Paraná, que con una presión fiscal global del 5,9 por ciento se ubica entre las ciudades en las que las compras financiadas con tarjeta de crédito está menos gravadas. Después de los entrerrianos, los consumidores bonaerenses son en promedio los más castigados impositivamente cada vez que se financian con la tarjeta. De hecho, en el ranking de ciudades computando la presión fiscal global -es decir, el que combina las tasas provinciales con las municipales- Bahía Blanca ocupa el tercer lugar en el ranking nacional y Mar del Plata, Necochea y La Matanza integran el pelotón de las primeras diez. Apenas más atrás se encuentran la mayoría de los municipios del conurbano bonaerense, como Esteban Echeverría, Vicente López y Florencio Varela. "Los gobiernos provinciales y municipales han podido aprovechar el boom de consumo de los últimos años por una doble vía. Por un lado, han contado con un excedente de recaudación como resultado de gravar directamente la actividad comercial con una alícuota sobre las ventas. Y por otro, también se han visto beneficiados por el hecho de gravar el financiamiento del consumo", explica Nadin Argañaraz, director del Ieral. En el instituto de estudios de la Fundación Mediterránea además destacan el impacto adicional que tienen para la industria de las tarjetas las diferencias en la presión fiscal que ejerce cada municipio. "Estas disparidades regionales en el modo de tributar constituyen un factor que termina elevando el costo administrativo o de cumplimiento para las empresas del sector, especialmente para aquellas que operan en varias jurisdicciones", sostiene Argañaraz. (Fuente: La Nación)