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a medida obedece a las reiteradas lluvias e inundaciones que padeció el Litoral argentino, y rige desde el 10 de marzo por 180 días, lapso que se puede prorrogar por igual plazo. La aprobación fue unánime en la Cámara alta del Congreso nacional. La norma establece que “el Poder Ejecutivo destinará partidas especiales para afrontar obras de infraestructura y medidas de protección a las economías regionales de la zona afectada”. Se pide además la “ampliación de fondos económicos con destino a la cobertura de planes sociales” y la instrumentación, a través del Banco Nación, de líneas de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia no inferior a seis meses, destinadas a la reconstrucción de las viviendas afectadas y sectores productivos damnificados. La senadora nacional entrerriana Graciela Bar (PJ) destacó la voluntad parlamentaria ante las “gravísimas inundaciones, debido a las intensas precipitaciones registradas que en pocas horas superaron ampliamente las medias históricas, generando una verdadera catástrofe en poblaciones urbanas y zonas rurales afectadas, así como también la consecuente crecida y desborde de los ríos y arroyos, lo que afectó seriamente las actividades turísticas y agropecuarias y provocó pérdidas millonarias a la producción regional y numerosas fuentes de trabajo”. En el caso de Entre Ríos, explicó que “los saldos negativos son estremecedores: cuatro personas fallecidas; cerca de 20.000 personas evacuadas; miles de viviendas y numerosas escuelas e instituciones sociales bajo el agua; destrozo de calles e infraestructura urbana; rutas y caminos rurales seriamente afectados e interrumpidos; pérdida de cosechas; más de 500.000 cabezas de ganado afectadas, e importantes daños en emprendimientos turísticos”.