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ómez, que disfrutaba de la Semana Santa en Las Cataratas de Iguazú y Brasil, contó que días antes fue alertado de su inclusión en un padrón de personas asistidas por mala alimentación, bajo peso o desnutrición; al igual que otras, que dijo son mas de cien, que no precisan la atención del Estado e incluso algunas ya fallecieron.
Gómez es propietario de un taller mecánico en esa localidad del Departamento Federal y su esposa docente.
Días atrás fue alertado por un funcionario de la Municipalidad, que gobierna el radical Jorge Lacoste, que estaba incluido en el padrón de beneficiarios de un programa social provincial.
El mecánico, al responder a las consultas del conductor del programa “Radio Sábado” de Radio Integración de Federal, hizo directamente responsables a funcionarios y dirigentes del peronismo de Sauce de Luna por lo que consideró “una estafa”, y designó un abogado de la capital entrerriana para que investigue y realice la denuncia ante las autoridades judiciales.
“Yo no soy desnutrido, peso 110 kilos, tengo un buen trabajo y no sé por que me metieron a mí en esto”, expresó Gómez, a la vez que dijo haber observado el padrón en los que se encuentran incluidos alrededor de 150 beneficiarios “truchos”.
Primera reacción oficial
El Coordinador Interinstitucional del Gobierno de Entre Ríos, Luis Umedes, al que se hacía responsable de la situación junto a la Dirección del Hospital y a los dirigentes peronistas de la localidad, dijo desconocer como llegaron aparecieron esos casi 240 bonos.
Umedez dijo que la distribución de bonos PRAF se ha hecho por las necesidades extremas de mucha gente de la localidad, pero aseguró desconocer detalles de lo denunciado por Luis Alberto Gómez.
El funcionario expuso que el padrón fue elaborado conjuntamente entre la Coordinación de Acción Social y el Hospital de Sauce de Luna, excluyendo de la responsabilidad a responsable del área Eva Grandoli, sin mencionar a quien desempeña una función similar, el cuestionado Gabriel Alarcón, a quien muchos atribuyen haber intervenido directamente en la consumación de esta estafa que se habría descubierto en esa localidad luego de las elecciones del 18 de marzo.
Reacción de la oposición
El diputado Arturo Vera (UCR, Federal) solicitó al poder Ejecutivo que informe sobre la presunta inclusión de ciudadanos y personas fallecidas en el programa alimentario focalizado en Sauce de Luna.
El legislador dijo que solicitó al poder Ejecutivo que informe sobre “presuntas irregularidades en la inclusión en el programa de ciudadanos y vecinos, incluso personas fallecidas, en el programa alimentario focalizado en Sauce de Luna, coincidente con las elecciones del 18 de marzo”.
En el pedido de informes plantea que si hay irregularidades, “desde cuándo existen y si se cobraron o recibieron los bonos con los que se viabiliza el plan para deslindar responsabilidades”, indicó.
Además Vera afirmó que también quiere saber “si se practicaron medidas tendientes a investigar el hecho y en el caso de que sea de ese modo, quiero saber cuáles fueron las medidas correctivas que se adoptaron”.
Finalmente se preguntó si en las irregularidades “están involucrados militantes del justicialismo como Eva Grondoli, Gabriel Alarcón y el titular del hospital de Sauce de Luna”.
Funcionaria se despega
Eva Grandoli explicó los alcances de los Programas instrumentados por el Ministerio de Salud y Acción Social en el Departamento Federal y dijo no tener precisiones sobre la distribución indebida que se ha denunciado en la localidad de Sauce de Luna. Estableció que en los últimos meses esa tarea fue desempeñada por Gabriel Alarcón, bajo la supervisión de José Luis Umedez, y se negó a suministrar los nombres de los empleados de la Coordinación que pudieron haber intervenido en la tramitación de los “bonos con beneficiarios truchos”.
Grandoli dijo que por lo voluminoso de los padrones no es posible hacer un control mensual tan estricto por lo que “se pudo haber deslizado un error o una mala intención”.
Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad que pudo tener Gabriel Alarcón en la confección de los padrones con “supuestos beneficiarios truchos”, Eva Grandoli manifestó no poder dar información ya que “eso corresponde a José Luis Umedez y yo no tengo relación con el trabajo que está realizando este señor”.
La Coordinadora del Ministerio de Salud y Acción Social fue terminante al expresar que no participó “para nada” en la tramitación indebida de programas de asistencia social.
Estos programas nacionales (PRAF y PAF) son girados a las provincias y, en Entre Ríos, alcanzan a 18900 beneficiarios por un valor de 47 pesos mensuales para niños y embarazadas, y otros 8000 a mayores de 70 años por un valor de 32 pesos. (Gentileza de Federal al Día - Federal)
