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a ministra de Economía, Felisa Miceli, en su intento por aumentar las inversiones, planea enviar al Congreso un proyecto de ley para renovar el régimen de promoción de inversiones, que había creado Roberto Lavagna, cuando era ministro de Néstor Kirchner. Esta vez, la ley contará con una novedad: incluirá un doble beneficio para quienes inviertan en la reconversión ambiental de sus empresas, una medida impulsada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti. La promoción de inversiones permite a las empresas que compren maquinaria o emprendan obras de infraestructura el acceso a una de dos ventajas tributarias: la devolución anticipada del IVA o la amortización acelerada de ganancias. Hasta ahora, sólo los proyectos netamente exportadores podían obtener los dos beneficios. Ahora se agregarán también aquellas iniciativas que reduzcan el impacto ambiental de la actividad económica. Ese nuevo matiz fue introducido por Picolotti, cuya conducción de la Secretaría está siendo cuestionada en las últimas semanas. Después de la reciente renuncia del subsecretario de Coordinación de Política Ambiental, Bruno Carpinetti, enfrentado con Picolotti, comenzaron a circular versiones sobre la supuesta dimisión de la secretaria y la presunta paralización de su cartera. Miceli, en tanto, no quiere que la inversión pierda un incentivo que ha existido en los últimos tres años y que vence a mediados de 2007. La ampliación de la oferta es esencial para satisfacer la demanda, controlar la inflación y además asegurar el crecimiento en el largo plazo. La ministra había prometido el año pasado que a fines de 2007 presentaría un plan productivo, con diversas medidas. Antes de que llegue el plan, Miceli impulsará la prórroga del régimen de promoción de inversiones, herramienta que no implica una rebaja impositiva para las compañías, pero sí un alivio financiero. Por un lado, el Estado le devuelve al inversor antes el IVA que paga por la compra de un bien de capital. Por el otro, le permite que los pagos de ganancias disminuyan en los primeros años de la inversión, cuando ésta aún no dio todo su rédito, y se concentre en los siguientes. El régimen tenía un cupo limitado de beneficios: $ 1200 millones por año, de los cuales 200 millones eran exclusivos de las pymes. Desde que se creó, en 2004, nunca se aprovechó todo el cupo, ni entre las grandes empresas ni entre las medianas y pequeñas. Esta subejecución estuvo influida no sólo por el burocrático procedimiento para acceder a la promoción sino también a que para algunas empresas, sobre todo las que invertían sumas menos considerables, el alivio financiero ofrecido era poco atractivo. Entre las últimas empresas que recibieron el beneficio en 2006 figuran las siguientes: Las Camelias, Frigorífico Entrerriano de Productos Avícolas, Plásticos La Rioja, Las Marías (té y yerba mate), Tecnovo, Repsol YPF, Molinos Río de la Plata, Conarco Alambres y Soldaduras, Proagro, Acindar (acero), Cargill (agrícola), Siderar (acero), Resinas Concordia, Celulosa Argentina, Vulcano, MV Shoes, Lácteos Santa Fe, Snack Crops, Envases Misioneros, Lufkin Argentina, Fate (neumáticos), Ferrum (mobiliario de baño), Motor Parts, Alpargatas (textil), Establecimientos Textiles Adesal, CAC SA y Victorio Altieri y Compañía. La lista incluye pymes y grandes empresas. La Secretaría de Industria, que conduce Miguel Peirano, es la que distribuye los beneficios. Proyecto que duerme Al término del primer año de vigencia del régimen (2005), un estudio de área de economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) criticó el régimen por haberse concentrado en compañías de gran tamaño que, aun sin el incentivo, hubieran invertido igual. En 2006, uno de los economistas de Flacso, Matías Kulfas, fue nombrado subsecretario de Pyme de la Nación. Desde su puesto, Kulfas lanzó el Programa Global de Crédito por $ 1000 millones, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Antes de salir del Gobierno en noviembre de 2005, Lavagna había lanzado un proyecto de ley de desgravación de las ganancias reinvertidas por las pymes. La iniciativa duerme en el Congreso. (Fuente: La Nación)