E

l Gobierno anunció que durante 2007 invertirá unos 20 millones de pesos (el 80 % del presupuesto global de la Dirección de Arquitectura) en mejorar la infraestructura escolar en Entre Ríos, lo que supondrá intervenir con trabajos de mejora en un total de 1.300 edificios escolares. La cifra significa un aumento sustancial respecto de años anteriores. En 2004, fueron 9 millones de pesos; en 2005, pasó a 11 millones; y en 2006 se elevó a 15 millones de pesos. El incremento de la inversión está atado no sólo a las necesidades de atención al aumento de la matrícula escolar sino también a los compromisos asumidos por la Provincia frente a la Nación en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. En el acta compromiso que el gobernador Jorge Busti firmó el 12 del actual con el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, se especificó que este año se construirán 9 escuelas (2 con fondos provinciales y 7 con fondos nacionales). Para eso, y para otros gastos, como salarios, capacitación y becas, el Gobierno central aportará 138 millones de pesos este año, que permitirá elevar el presupuesto de educación de 968 a 1.107 millones de pesos. MONITOREO Pero en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reclaman que toda inversión que se haga en infraestructura escolar tenga un seguimiento, y como han advertido cierta “falta de coordinación” entre la Dirección de Arquitectura y el área de Infraestructura Escolar del Consejo General de Educación (CGE), según dijeron Sergio Elizar y Marta Madoz, secretarios general y adjunto del sindicato, es que han comenzado a realizar un monitoreo permanente. El gremio ya tuvo dos reuniones formales con autoridades del Gobierno, y el 10 de abril tiene previsto mantener una tercera, esta vez para “cruzar” información respecto de lo prometido y lo efectivamente realizado en materia de mejora de los edificios escolares de la provincia. Según los dirigentes, Agmer insistirá con los cuatro criterios básicos que estiman deben ser atendidos por las autoridades: el estado de los techos de las escuelas, sanitarios, desagües cloacales y pluviales y riesgo eléctrico. “Queremos que ninguna escuela deje de atender estas mínimas prioridades, y así garantizar las condiciones para poder trabajar”, opinó Elizar. Partiendo de esa base, añadió, “la idea es plantear un objetivo, que incluya mantenimiento, reparación, ampliación y construcción de nuevas escuelas”. Esa discusión, asevera, deberá darse en un año en el que “deberemos abocarnos a la discusión de la nueva ley de educación. Si bien hay cinco años de plazo para su instrumentación, creemos que debemos empezar a dar la discusión ya. En ese marco, la política de infraestructura escolar debe acompañar las transformaciones que plantea esa ley, por ejemplo en la ampliación de las escuelas de jornada completa. De otra forma, será letra muerta”. SIN COORDINACIÓN. En marzo de 2005 Agmer puso la cuestión de la situación de la infraestructura escolar en primer lugar en la agenda de temas a discutir con el Gobierno, al punto que se equiparó con el debate en torno a una recomposición salarial. Así, la mesa paritaria se dividió en dos grandes áreas: salarios y situación de los edificios escolares. Pero con el fracaso de la primera negociación, la segunda siguió el mismo camino. El sindicato docente llevó adelante durante todo 2006 un pormenorizado relevamiento de los 17 departamentos, aunque esa información no pudo finalmente cruzarse con los datos oficiales, y la tarea quedó inconclusa hasta el 8 de marzo último, cuando gremialistas y autoridades volvieron a sentarse para analizar una solución a los problemas que surgieron al inicio del ciclo lectivo 2007. Aunque un primer escollo que hallaron fue la falta de coordinación entre Arquitectura e Infraestructura Escolar del CGE respecto al establecimiento de prioridades en materia de edificios escolares en Entre Ríos. “Recién este año, y a pedido nuestro, se pudieron sentar a planificar Arquitectura y el Consejo de Educación —observó Madoz—. Ahora vemos que hay una voluntad política de planificar obras, e incluso se va a establecer un día institucional, de modo que la evaluación de las condiciones laborales que haga cada comunidad educativa sirva después para proyectar trabajos a ejecutarse”. Para evitar que eso ocurra, Agmer reclama que todo acuerdo básico que se alcance quede “plasmado en un acuerdo paritario”. “Lo que ha faltado hasta ahora —añadió la dirigente— es una política de Estado que permita planificar entre las distintas áreas, en este caso entre Arquitectura e Infraestructura Escolar”. (El Diario)