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eclaman que el CGE atienda la situación de inseguridad que se vive en algunos establecimientos, agravada por la falta de seguro. Hay 46 edificios escolares en toda la provincia que presentan, al inicio del ciclo lectivo 2007, serias deficiencias, que en muchos casos ponen en riesgo la permanencia de alumnos y docentes en el aula. Según un informe que ayer dio a conocer la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), existen hoy “muchos edificios con sus capacidades colmadas, sin baños y comedores abarrotados”. La lista, no completa aunque sí sintomática, da cuenta de que en la Escuela Nº 39 Santos Vega, de Chajarí, un grupo de alumnos no pudo comenzar el ciclo lectivo “por falta de transporte”; en el caso de la Escuela Nº 42 Pascual Pringles, también de Chajarí, el costo para transportar alumnos desde la zona rural es de 250 pesos, pero el Estado sólo reconoce 80 pesos. En San Jaime de la Frontera, la Escuela Nº 22 “no cuenta con personal suficiente —preceptor, secretario, ordenanza—, y funciona en dos locales separados sin edificio”. La Escuela Nº 70 Eva Duarte, de Concordia, en tanto, comenzó las clases con viejos reclamos todavía no satisfechos: tiene el sistema eléctrico “totalmente colapsado” y los techos filtran agua en días de lluvia, lo cual torna el problema más grave aún. En la Escuela Nº 60 Juan Lavalle, también de Concordia, la mitad de los alumnos del séptimo año no pudo comenzar las clases por falta de nombramientos de cargos y horas para el desdoblamiento. “De lo contrario, 64 alumnos estarían a cargo de un solo docente”, indica el informe de Agmer. Y en la Escuela Nº 32 Benito Juárez, de Estación Yuquerí, el segundo año de polimodal no inició las clases; “la escuela no tiene la currícula del año, por lo tanto no puede nombrar los docentes. El edificio está en condiciones deplorables pese a que hace dos años se prometió el nuevo”. En Ibicuy, la Escuela de Comercio Francisco Ramírez “suspendió las clases debido a la falta de vidrios, falta de cloacas, sistema eléctrico colapsado. No cuenta con agua corriente, luz ni sanitarios, y los techos están en reparación con obreros trabajando”. En la Escuela Nº 24 de Villaguay las clases están suspendidas por cuanto el edificio está en construcción; en forma reducida, funciona la Escuela Nº 87, también de Villaguay, ya que allí no hay sanitarios suficientes. En Paraná, la Escuela Nº 38 Lomas del Mirador a pesar de las gestiones hechas a lo largo de 2006, este año “sigue funcionando sin vidrios y sin puertas. Hacen falta sillas, bancos, armarios”. En Diamante, la Escuela Nº 209 Agustín de la Tijera está a la espera que se inicien los trabajos de ampliación licitados en agosto de 2006. En Gualeguaychú, la Escuela Técnica Nº 1 Alférez de Navío José María Sobral tiene el edificio en reparación y por eso mismo se dictan clases en las instalaciones del Club Central Entrerriano. SIN SEGURO En ese marco, los docentes ayer sumaron otro planteo, al denunciar la situación de desprotección laboral bajo la cual empezaron el ciclo lectivo 2007 al no haber contratado el Estado la correspondiente cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), tal como lo exige la legislación vigente. La situación, que afecta a unos 35 mil docentes, fue denunciada por los dirigentes César Baudino, secretario de organización de la conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y las dirigentes Susana Acevedo y Mónica Ruiz Díaz, integrantes de la seccional Paraná del sindicato. Al respecto, sostuvieron que el Consejo General de Educación (CGE) no “garantiza la seguridad del ciclo lectivo”, aún cuando desde el 23 de septiembre de 2005 rige en el país la Ley de Riesgos del Trabajo, que establece que todos los trabajadores —públicos o privados— deben contar con un seguro de riesgos de trabajo contratado por su empleador. “El empleador de los trabajadores de la Educación de la provincia es el Poder Ejecutivo, en este caso el CGE, y hasta 2006, los docentes entrerrianos no tuvimos ningún tipo de cobertura. Ese año el Gobierno de Entre Ríos contrató para los trabajadores de la educación la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del Instituto Autárquico del Seguro. Para sorpresa de los docentes, en este año 2007 nos encontramos nuevamente sin seguro contra accidentes de trabajo”, señalaron. CONSECUENCIAS La falta de cobertura de ART, añadió Baudino, se torna más preocupante en atención al estado deficitario de los edificios escolares, muchos con serios problemas de infraestructura, lo que pone todavía más en riesgo al docente. “Ante cualquier inconveniente que ocurra en las escuelas, se va a tener que responsabilizar el Consejo de Educación. Hay muchas falencias, y con estos días de lluvias, se agrava la situación derivada de los déficits en la instalación eléctrica de los edificios”, aseveró Baudino. En ese marco, el dirigente recordó la vigencia de los artículos 1.112 y 1.117 del Código Civil en lo relativo a la responsabilidad civil. En ese sentido, un documento que ayer se hizo público recordó el texto del artículo 1.117, reformado en 1997, que dice: “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario universitario”. En ese sentido, los dirigentes señalaron que aún cuando el Gobierno Provincial no haya contratado una ART “no queda liberado de tener que hacerse cargo de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. ¿Qué se debe hacer en caso de accidente si el empleador no posee ART? Denunciar, mediante carta documento, telegrama o nota, con copia debidamente recibida por el destinatario, el accidente o enfermedad profesional ante su empleador, quien está obligado a responder ante el accidente con todas las prestaciones previstas en el sistema”. (Fuente: El Diario)