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l acuerdo se firmó esta semana entre la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (Uniren). El Estado tomará el 20 % del paquete accionario como parte de una operación por la cual canjea sus acreencias con la empresa concesionaria, que suman unos 52 millones de pesos. El camino elegido, similar al que se recorrió cuando se renegoció el contrato de Aeropuertos Argentina 2000, incluye la autorización para incrementar el peaje en el puente a Victoria a partir del año próximo. Para eso, el Ministerio de Planificación convocará a una audiencia pública en abril, para luego girar la carta de entendimiento a la comisión bicameral de seguimiento de las negociaciones con empresas de servicios públicos. Aunque todavía no recibieron el texto del acuerdo, legisladores de la oposición ya se pusieron en alerta. Una de las dudas más serias pasa por el futuro del pedido de quiebra presentado por la empresa holandesa Boskalis, subcontratista de la obra, que reclama una deuda de 39 millones de dólares. El consorcio a cargo de la concesión del puente está encabezado por la italiana Impregilo y la alemana Hochtief, aunque también tienen acciones los grupos nacionales Roggio y Macri. El Estado nacional aportó 200 millones de dólares para financiar la obra pero además, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, adelantó 52 millones de pesos que debían poner los privados para finalizar la obra. El motivo fue la caída de un crédito del BID con Puentes del Litoral, según una nota publicada por el diario El Cronista Comercial, los accionistas realizarán un aumento de capital equivalente a la deuda con el Estado.