P

or medio de una carta documento, la organización ecologista M’Biguá solicitó al gobernador Jorge Busti información oficial sobre el estado de avance y ejecución del Plan de Sustentabilidad del Bosque Nativo de Entre Ríos, postulado por un decreto que data de 2004. A nivel nacional, distintas ONG’s iniciaron ayer una acción conjunta en defensa de los bosques del país. La organización M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, una de las ONG’s firmantes de la carta enviada ayer a los diputados nacionales solicitando el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección del Bosque Nativo, inició también medidas a nivel local para determinar el estado de situación del monte en Entre Ríos y exigir que se cumplan las medidas de preservación acordadas. El 24 de septiembre de 2004, y luego de un acción de Amparo Ambiental que dio lugar a un proceso de conciliación, el Poder Ejecutivo entrerriano sancionó el decreto 4788, comprometiéndose a desarrollar y ejecutar un Plan de Sustentabilidad del Bosque Nativo de Entre Ríos y a la realización de Estudios de Impacto Socioambiental del modelo agrario vigente. Sobre este antecedente, los ambientalistas exigieron ayer al gobernador que en el plazo de diez días sea remitida “copia certificada por autoridad pública competente de los documentos oficiales que acrediten la ejecución y finalización” de este plan, así como los resultados de los estudios correspondientes. “Se ha hecho saber al gobernador que de no poder acceder al material peticionado o de no haberse cumplido el Decreto citado en los procesos, planes y programas que ordenaba ejecutar, un conjunto de organizaciones sociambientales y ciudadanos iniciaremos las acciones judiciales pertinentes contra el Estado provincial”, detalló Jorge Daneri, presidente de M’Biguá. “La deforestación del bosque nativo en Entre Ríos, los diversos y complejos impactos del monocultivo de soja en nuestros campos y montes; la exclusión y marginación de los pequeños productores, la contaminación de las aguas por el uso de agroquímicos, la falta de ordenamiento ambiental territorial, la inexistencia de regulaciones sobre los procedimientos de evaluación de estudios de impacto ambiental, nos obligan a acudir a la Justicia a causa del incumplimientos de los acuerdos judiciales celebrados a nivel provincial, y de la violación de normas ambientales nacionales e internacionales”, explicó Daneri en un correo enviado a INFORME DIGITAL Los textos completos de la carta documento enviada al gobernador y de la carta que se hizo llegar a los legisladores nacionales se encuentra disponibles en el sitio web de M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, www.mbigua.org.ar