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l fiscal federal Ricardo Moisés Vázquez fue designado en lugar de la renunciante Griselda Tessio al frente de la Unidad de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos, en rigor el organismo de la justicia federal creado para impulsar las causas por terrorismo de Estado en Santa Fe. Vázquez es cordobés, tiene poco más de cuarenta años, veinte de los cuales los pasó en la esctructura judicial. Es un hombre de perfil técnico, considerado un duro por sus pares, serio y con apego al trabajo. Y, sobre todo, esquivo a las cámaras de los reporteros gráficos a punto tal que no hay casi registro de su figura. Tuvo entre otras causas resonantes la investigación sobre la contratación de consultorias externas en el Pami Rosario. Actualmente como fiscal de primera instancia investiga la denuncia del ex edil Alberto Cortés sobre el uso indebido de gasoil subsidiado por parte de la empresa de transporte Las Delicias. Desde hace algunos meses, Vázquez ocupa el cargo de fiscal del Tribunal Oral Nº 1, luego del fallecimiento de su titular Eric Warr. Sus pares del edificio de bulevar Oroño al 900 no dudaban el viernes, cuando de conoció su designación, que "sin dudas va a estar a la altura de las circunstancias, y va a darle impulso a las causas" que justamente en este año van a tener desenlace asegurado, al cumplirse en muchos de los expedientes el tercer año de detención de los represores encartados en las mismas. Griselda Tessio había presentado el último día de enero su renuncia como titular de la fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe y de la Unidad de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar. Lo hizo, entendiendo que se dedicaría a actividades "incompatibles" con las de la Justicia, ante el procurador general de la Nación Esteban Righi quien de inmediato firmó la resolución aceptando esa renuncia. Righi habia nombrado como subrogante en la fiscalía Nº 1 de Santa Fe a la titular de la fiscalía Nº 2 Cintia Graciela Gómez. En tanto en la Unidad de Asistencia continúan trabajando el secretario Gonzalo Armas, la secretaria de la Cámara de Apelaciones María Zulema Del Barco y el secretario de la fiscal Gómez que actuaba como subrogante en las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos en la capital provincial, Eduardo Grioglio. En rigor, la Cámara Federal de Rosario deberá resolver en los próximos dias sobre el recurso interpuesto por la defensa del represor y ex policía Mario Marcote por el que se pide su excarcelación en virtud de los dos años de detención sin sentencia. En este sentido la abogada de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Gabriela Durruty, solicitó la prórroga de la prisión preventiva por un año más. Además la Cámara Nacional de Casación tiene a consideración los recursos que por igual motivo interpusieron los patrocinantes de los imputados en crímenes de lesa humanidad: el ex jefe del Comando del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone y el ex jefe de la policía santafesina Carlos Alberto Ramírez cuya extensión de prisión fue confirmada por el tribunal rosarino. Marcote fue excarcelado por la Cámara Federal de Rosario en diciembre de 2004 y vuelto a detener por tercera vez en febrero de 2005 cuando se le imputó haber formado parte de una asociación ilícita. Durruty sostiene que la ley 25.430 en virtud de la que se hace el pedido de excarcelación es reglamentaria del Pacto de San José de Costa Rica que habla de "plazos razonables". Este criterio es el que sustenta que en los delitos de lesa humanidad sería un error interpretar como plazo razonable el plazo fijo de dos o tres años. Por lo tanto hay ya una cataratas de argumentaciones para que se apliquen los pactos y convenciones internacionales y los represores no puedan salir ni a los dos ni a los tres años. "Cada caso debe ser analizado en particular", explicó Durruty.