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as escuelas públicas de gestión privada de la provincia aguardan una pronta resolución a un pedido de aumento de cuotas presentado en noviembre de 2006, que todavía está pendiente de resolución. La cuestión se tornará urgente una vez que se apruebe el aumento salarial para los docentes anunciado el jueves por el Poder Ejecutivo, y que aún está pendiente de aceptación por parte de los sindicatos. Ese incremento, que supone un aumento del 36 % del sueldo básico del cargo testigo, el maestro de grado, que pasaría de 305 a 416 pesos, repercutirá con más fuerza sobre aquellas instituciones educativas de la órbita privada que no cuentan con el 100 % del respaldo financiero del Estado para abonar los salarios de su personal. Hoy, ese déficit se cubre acudiendo a la recaudación por cobro de cuotas, aunque en muchas de esas escuelas los recursos ya están sobre exigidos. En ese caso, dijo Bodean, titular de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, el “razonamiento es lógico”: las escuelas con complicaciones financieras se “van a ver obligadas a acrecentar sus ingresos. No estamos en contra del aumento que se da a los docentes, pero también es cierto que en caso de que los recursos no alcancen, las instituciones van a tener que recomponer sus números para poder responder a esta nueva grilla salarial”. De no ser el aumento del valor de las cuotas, no vislumbran otro camino de solución, añadió. NÚMEROS Las escuelas públicas de gestión privada —la mayoría bajo la tutela de la Iglesia Católica— representan el 25 % de la oferta educativa en Entre Ríos, y atienden a una población de 76 mil alumnos distribuidos en 400 instituciones, con más de 7 mil docentes. Desde mediados de la década de 1960 un principio de cofinanciamiento establece que el Estado se hace cargo del pago de los salarios docentes de aquellas instituciones privadas que suplen la presencia oficial en determinados sectores de la provincia. Ese mecanismo entró en crisis a principios de 1990, y derivó en un paulatino desfase: si bien el Estado provincial fue aprobando las sucesivas ampliaciones de los servicios educativos privados que se creaban, no acompañó con un incremento de los fondos para las escuelas. Así, las instituciones privadas debieron apelar a recursos propios, la mayoría obtenidos del cobro de la cuota a los alumnos, para abonar salarios de docentes que no contaban con reconocimiento presupuestario estatal. La actual gestión de gobierno, dicen los privados, ha ido corrigiendo ese atraso, pero todavía falta más. Aunque mientras la situación no se corrija del todo, las escuelas deben continuar apelando a los recursos propios para pagar salarios docentes. De todos modos, afirman, los sucesivos aumentos dispuestos por el Gobierno les producen déficits financieros que se ahondan. “Sucede que aún antes de este nuevo aumento anunciado para los docentes, ya veníamos con problemas —afirma Bodean—. Durante 2006 hubo variación en los costos, y muchas escuelas se vieron en dificultades. Hay que tener en cuenta que para las instituciones educativas el salario docente es el principal costo, pero no el único”. VALORES Los privados quieren que el valor de las cuotas de los colegios acompañe la evolución del salario docente. Según datos oficiales del Gobierno, durante 2005 los haberes de los maestros treparon un 48 %, y entre enero y septiembre de 2006, otro 29 %, a lo que se agregaría el 36 % de incremento en los básicos para 2007. En contrapartida, los aranceles están congelados desde fines de 2005, cuando el Consejo de Educación autorizó una modificación de las cuotas. En diciembre de 2005 el Gobierno fijó los topes máximos de aranceles, que en escuelas de nivel inicial y de educación general básica (EGB) I y II ronda entre 35 y 47 pesos las cuotas, y en educación general básica (EGB) III y media-polimodal, va desde los 52 a los 70 pesos. La resolución 4.647 que dio cuerpo a esos incrementos justificó la decisión en función de los sucesivos aumentos salariales otorgados por el Gobierno a los docentes, por lo cual los apoderados legales de los institutos privados “deben hacer frente a los aumentos en los cargos que no cuentan con aporte estatal como así también a los aportes y contribuciones correspondientes”. Pero ahora hace casi dos años que no hay subas. La resolución 231 del año 1999 estableció las bandas mínimas y máximas de aranceles que las escuelas están autorizadas a cobrar. En nivel inicial, EGB I y II, los montos varían entre $ 15 y $ 51; en EGB III y polimodal, de $ 32 a $ 99,20; y en nivel superior, de $ 53,20 a % 211,75. Recién en 2004 se actualizaron, con vigencia para el ciclo 2005, en porcentajes que variaron del 3 al 65 %, y se las habilitó a aplicar subas de entre $ 5 y $ 10 para cada una de las bandas vigentes desde 1999. Ahora las escuelas privadas pretenden que el CGE apure una definición sobre el pedido que hicieron en noviembre último. “Los valores de las cuotas deberían estar autorizados antes de las inscripciones, así los padres están al tanto de cuánto deberán pagar”, dijo Bodean. (Fuente: El Diario)