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or DAMIAN GLANZ
Publicado en PERFIL
El martes se espera un fallo adverso para el Estado argentino en el Tribunal Internacional, situación que impondría tomar medidas para que se levanten los cortes de los puestos fronterizos. Los asambleístas analizan los pasos a seguir y decidieron no volver a someter a votación los cortes. Sólo lo harán si se muda la papelera Botnia, lo cual plantea una solución sin salida: el presidente Kirchner y el gobernador Busti no quieren pagar el costo político de reprmir la protesta, y las fuerzas de seguridad ubicadas en la zona se muestran nada predispuestas a hacerlo. Buscan mediación de Chávez y ¿Moyano?
“Sábalo del río Uruguay despinado 7,80. Aproveche antes de que lo contaminen las papeleras”, ofrece en su carta el restaurante La Cascada de la costanera de Gualeguaychú. El reclamo contra la instalación de la pastera Botnia en la uruguaya Fray Bentos está presente en todos los pliegues de la capital argentina del carnaval. En las publicidades radiales, que cambiaron los tradicionales eslóganes por mensajes ecologistas. En la mayoría de los autos, que tiene pegadas calcomanías que dicen “no a las papeleras”. En los mozos de las pizzerías céntricas, que llevan remeras con la inscripción “Gualeguaychú de pie”. La lucha contra las papeleras es lo único que les ocurre. Y cada vez más con mayor intensidad.
Los asambleístas están convencidos de que si el Gobierno ordena despejar el corte de la Ruta Nacional 136 que impide el paso al Uruguay, llenarán el piquete con más de 80 mil vecinos y ciudadanos del resto del país que se sumarán a la protesta. De acuerdo con el último censo de 2001, Gualeguaychú tiene 76.220 habitantes. “Todo el pueblo está comprometido. Si quieren sacarnos, venimos todos”, enfatizó José “Pepo” Pouler, el coordinador de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Y no es el único que cree en esa tesis. En la Policía de Entre Ríos, la Prefectura Naval y la Gendarmería, también estiman que, si el Tribunal Internacional de La Haya ordena el martes la liberación del paso fronterizo y el Ejecutivo acata la orden, la sociedad reaccionará masivamente en contra del desalojo. Y por eso, preferirían no tener que actuar. “Sería muy doloroso para todos tener que liberar la ruta”, dijo a PERFIL Claudio Kaczmar, jefe del Escuadrón 56 de Gendarmería con asiento en Gualeguaychú (ver recuadro).
Pero al mismo tiempo, tanto quienes protestan como aquellos que podrían reprimirlos son conscientes de que una decisión semejante acarreará un costo político demasiado alto, que ni la Casa Rosada ni el gobernador Jorge Busti están dispuestos a pagar.
“Ya no discutimos si el corte si o el corte no. Nosotros vamos a levantar el piquete cuando se lleven a Botnia de la cuenca del río Uruguay”, reafirmó Pouler.
Arroyo Verde. Viernes a la noche. Terminó de llover. Unas pocas luciérnagas se asoman desde el corazón de un seibo en flor. Se oyen las cigarras y el paso lento de las aguas del Arroyo Verde. El kilómetro 26 de la Ruta Nacional 136 se convirtió desde hace dos meses en un nuevo paraje entrerriano, compuesto por cuatro casillas de ladrillos y chapas, unas carpas, dos colectivos derruidos y un remolque con tranquera que atraviesa el asfalto. Es el piquete que bloquea el paso a Uruguay a través del puente General San Martín.
La lluvia obligó a suspender la Asamblea resolutiva y Pouler, el coordinador, anunció que en cambio se realizará una “reu- nión informativa”. Hablaron tres hombres que se acercaron de otras ciudades para solidarizarse con la protesta: el vocero de un grupo de “campamentistas guevaristas” de La Plata, un asambleísta de Mar del Plata y un motoquero ecologista de Santiago del Estero. Un vecino pidió la palabra para leer el borrador de una carta que le enviarán al presidente Venezolano Hugo Chávez (ver aparte) y otro propuso que el martes se instale un proyector para ver en vivo el momento en que el Tribunal de La Haya se expida. Pero el texto y la propuesta recién se someterán a votación en la asamblea de hoy, que comenzará a las 20, si el tiempo acompaña.
Nadie menciona en público la palabra represión, pero muchos confiesan en privado que temen terminar enfrentados en la ruta con sus propios hijos, padres o hermanos. En Arroyo Verde no hay que andar demasiado para encontrar entre los asambleístas a familiares de policías provinciales, prefectos o gendarmes, los efectivos de las tres fuerzas que podrían participar en un eventual desalojo. Cuando PERFIL llegó al piquete, el jueves a la mañana, había una veintena de asambleístas. En su mayoría, mujeres. En ese reducido grupo, estaba la hermana de un prefecto, la esposa de un gendarme y la madre de dos policías. “Somos todos vecinos de Gualeguaychú, se supone que no van a mandarlos a sacarnos de acá. Sería una locura”, dijo Roxana Gutiérrez, hermana de un agente de Prefectura Naval. Y agregó: “Luchamos por la vida, no nos pueden agredir”.
