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l 31 de diciembre de 2001, sin deuda flotante, a la cotización de un peso igual un dólar, la provincia debía 935,7 millones de pesos, centavos más, centavos menos. De ese total, a) las dos terceras partes (617 millones) eran compromisos asumidos ante entidades bancarias que, en medio de la arquitectura financiera que rodeó a la Convertibilidad, producían los descuentos antes mismo de que se transfiriera la coparticipación a la Casa Gris de Paraná; b) había 110 millones en bonos, emitidos en la segunda gestión de Busti, en poder de proveedores; y, c) unos 124 millones de dólares debían liquidarse a organismos multilaterales de crédito. Producida la pesificación, las deudas del sector público fueron recalculadas a 1,40 más CER, menos la proveniente de préstamos internacionales que no dejaron de devolverse a la cotización de mercado, el día del vencimiento, tal como siguió ocurriendo. Aparece allí un nuevo actor, el Fondo Fiduciario Provincial (FFP), un organismo que depende de la Nación. Su función fue saldar las deudas de las provincias que iban venciendo y refinanciarles el pago a las jurisdicciones. Al 31 de diciembre de 2002, la deuda total de Entre Ríos era de 2.153 millones (ya pesificada, claro): i) 1.411 millones del Fondo Fiduciario Provincial; ii) 266 millones de los Bonos Federales emitidos; y, iii) 388 millones a organismos multilaterales. En 2003, la deuda pública había crecido hasta los 2.409 millones, según el siguiente detalle: I) 1.732 al FFP; II) 40 millones en bonos; y, III) 337 millones a organismos multilaterales. Finalmente, al primer semestre de 2006, la deuda pública oscilaba en los 3.000 millones. Al FFP, se le debía 2.261 millones; a los organismos multilaterales de crédito, 398 millones. Un lector atento podrá ir viendo la evolución de cada rubro. No obstante, de este laberinto puede señalarse, ante todo, que la Nación se ha transformado en el principal acreedor de la provincia, vía los programas de financiamiento ordenado, situación que debilita cualquier planteo autónomo desde estas tierras. Se trata, claro, de la punta de un iceberg, dominado por la concentración esa que se llama centralismo. El fondo de la cuestión es casi paradojal dentro del sector público: la Nación tiene altísimos ingresos y casi ningún gasto fijo en las provincias (salvo las fuerzas de seguridad, las universidades públicas y el mantenimiento de alguna que otra ruta); las provincias han mejorado sus ingresos pero son onerosos los servicios que debe prestar (salud, educación, seguridad, justicia, por citar sólo algunos); los municipios se ven notablemente restringidos en la generación de recursos genuinos y, sin embargo, se deben hacer cargo de un enorme abanico de demandas comunitarias, cada vez más complejas. Ese enorme desequilibrio se esconde detrás de la negada discusión sobre una ley de coparticipación más justa. Y de eso no se habla. (El Diario)