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l Gobierno logró imponer un número que quedará en las estadísticas de la Argentina: la inflación alcanzó el año pasado un 9,8%. Y también logró esconder otro: por lo menos desvió $ 4418 millones en subsidios directos a actividades que pesan en los índices de precios al consumidor y de insumos mayoristas. El esfuerzo de la billetera oficial estuvo básicamente destinado a dos rubros que hubieran recalentado el índice de inflación: los transportes y las tarifas energéticas. Allí se dirigieron la mayoría de los fondos públicos. Eso sí. La feroz lucha contra la inflación que despliega el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tiene límites territoriales y sectoriales muy claros y concretos: los lugares y productos que alcanza la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). "Fuera de eso, hay vía libre", comentó un empresario de servicios. De ahí que algunos de los subsidios, que se realizan con fondos públicos a los que contribuye todo el país sólo están destinados a que ciertos servicios sean más baratos en la Capital Federal. El transporte es el que se llevó la mayor parte. En 2006, entre los ómnibus y colectivos, de larga distancia y urbanos, más el transportes de carga y los ferrocarriles se llevaron 2601 millones de pesos, aproximadamente un 2,5% del presupuesto total de 2006. Todos los colectivos urbanos que circulan por el país pagan un gasoil diferenciado, a un precio menor, como una manera de mejorar la ecuación de las empresas. Pero las que circulan por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (que es jurisdicción nacional) tienen además un adicional como compensación de la tarifa ¿El motivo? El Indec pondera el precio del boleto mínimo de colectivos en la Capital Federal. En total, para el transporte fueron $ 2601 millones. De ese monto, los colectivos se llevaron 1408 millones transferidos por el Sistema de Transporte, un fondo que se nutre de un impuesto de un 22% que se cobra con cada litro de gasoil que se vende. Pero además, aumento salarial mediante, el Gobierno dispuso dos reasignaciones presupuestarias más: una de 395 millones y la restante de 185 millones. Los trenes -se releva el boleto mínimo- recibieron $ 397,7 millones en el año. El resto se lo llevó el transporte de cargas por camiones. Hacia fin de año, también se autorizaron subsidios a las aerolíneas para algunos destinos, aunque, comparado con los otros transportistas, las compañías aéreas recibieron poco: 15 millones. "El Gobierno puede aspirar a tener un espectro de precios más o menos particularizado en algunos casos, donde el destino de subsidios puede ser perfectamente justificado", dijo el economista Eduardo Curia. Para Aldo Abram, economista de Exante, debería darse una discusión sobre los subsidios. "Debería discutirse si un señor que vive en La Quiaca, que jamás toma un tren, esté subsidiando a los porteños. Pero más me preocupan otros subsidios que no están en el presupuesto y que no pueden controlarse", sostuvo. Y luego ejemplificó con las restricciones y las retenciones a las exportaciones de carnes. "Esa es una transferencia del productor al consumidor", finalizó. Otro gran monto de subsidios se destinó a la generación de electricidad con el fin de sostener la misma cantidad de energía, aunque producirla cueste mucho más. Este es el caso de las generadoras de térmicas, que en vez que funcionar a base de gas natural tienen que quemar fueloil, varias veces más caro que el gas. Esta operación le costó al Estado en los primeros 11 meses del año $ 1351 millones. Según los datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), hasta noviembre -aún no están disponible los datos de diciembre- se consumieron 1462 toneladas de fueloil. Todo este esquema fue ideado para no trasladar ningún costo al usuario y mantener la tarifa a los valores de 2001. Además se destinan fondos a la compra del gas boliviano, que se adquiere a US$ 5 en millón de BTU -unidad de medición británica- y se vende a no más de 1,50 en el mercado interno. Esa diferencia, que en 2006 llegó aproximadamente a $ 330 millones, salió de fondos públicos, sólo que esta vez no por subsidio directo sino por mayores retenciones del fluido que se vende a Chile. Ayer alumbró otro sistema que tratará evitar que suba el precio de la leche. Esta vez, serán los exportadores lácteos que aportarán a un fondo que se destinará a mantener el precio interno de la leche. (La Nación)