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as modificaciones introducidas por el Congreso a la ley 25.600 de financiamiento de los partidos políticos aumentaron los controles judiciales sobre los gastos de la campaña presidencial de este año. Los cambios fueron aprobados primero por la cámara de Diputados, luego convertidos en ley por el Senado en la anteúltima semana de diciembre y explicados ayer a Clarín por diputados del oficialismo y la oposición. La 25.600, la primera ley que reguló ese financiamiento en la historia argentina y prohibió los aportes en negro, había sido sancionada recién en el 2003 luego de años con financiamientos clandestinos como el de Alfredo Yabrán al PJ y la UCR. Las reformas más importantes a la 25.600 aprobadas fueron: Se prohíben a los medios recibir avisos pagados por terceros sin la firma de los responsables políticos y financieros de los candidatos. Es una respuesta al polémico fallo de la jueza electoral María Servini de Cubría de noviembre (Ver "El fallo...") que declaró inconstitucional el artículo 39 de la ley 25.600. Lo hizo argumentando que no se puede sancionar a terceros que aportaron con desconocimiento de los responsables de las campañas y no son dirigentes de los partidos. Lo decidió pese a que, como ella mismo señaló, Angel Mariano Torres, por ejemplo, era en el 2003 el responsable político de la campaña de Carlos Menem y a la vez secretario de la Fundación Argentina Solidaria que pagó avisos para la fórmula menemista por 6 millones de pesos sin el permiso del partido. Otorga 100 millones de pesos a la Cámara Nacional Electoral para el 2007. Es para aumentar el número de auditores de los informes de campaña que deben presentar los partidos de 6 a 25 y poder contratar una empresa privada que realice una auditoría de medios que certifique cuántos centímetros columnas y minutos los candidatos aparecen en los diarios, revistas, canales de TV y radios, respectivamente. Establece un plazo de 180 días para que los jueces electorales aprueben a sanciones a los partidos que violan esta ley. La jueza María Servini de Cubría tardó tres años en emitir su fallo. Aumenta los gastos que podrán hacer los candidatos a presidente de 1 peso a 1,5 pesos por elector. De esta forma, las campañas del año próximo podrán recaudar "hasta unos $ 37 millones". Antes eran 25 millones. Muchas de estas medidas fueron recomendadas por la Cámara Nacional Electoral, integrada por Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. El aumento del techo del financiamiento por candidato sincera una situación en la cual muchos partidos rindieron a la Justicia gastos menores a los que realmente tuvieron y ocultaron aportes anónimos, pese a que están prohibidos por la 25.600. Durante el debate en la cámara baja, el diputado del ARI Carlos Raimundi denunció que en la campaña a senadora de Cristiana Kirchner del 2005 se recibieron "trece cheques" de empresas constructoras ganadoras de licitaciones públicas, lo que está vedado por la ley. Raimundi dijo que el juez electoral de La Plata Humberto Blanco ordenó a los peritos verificar los cheques recibidos por el Frente para la Victoria bonaerense. Voceros kirchnerista informaron que los cheques fueron devueltos después de recibidos. Ahora el juez deberá decidir si igual violaron la ley 25.600. Pero lo más novedoso es que abrió otra causa por separado para investigar si las empresas aportantes violaron el artículo 5 del Código Penal que establece multas para este tipo de maniobras, en un criterio distinto al tomado por Servini de Cubría. (Clarín)