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ás de treinta ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron procesados , con prisión preventiva, en la causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. Según trascendió, la medida fue adoptada por 617 nuevos casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y en ella se procesó, entre otros, a Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del homónimo ex represor ya fallecido. En la misma resolución el magistrado estableció millonarios embargos que, en algunos casos, como el del ex oficial Rogelio Martínez Pizarro, alcanzan los 420 millones de pesos. De todos modos, las cantidades difieren en torno a los hechos que el magistrado le imputó a cada uno de los represores, siendo el monto menor correspondiente a Juan Azic, a quien se le embargaron bienes por 61 millones de pesos. Otras de las sumas fijadas por el magistrado fueron: Alfredo Astiz, 258 millones; Jorge 'El Tigre' Acosta, 230 millones, y Carlos Guillermo Suárez Mason (h), 258 millones.