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a Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay dictó este jueves el procesamiento del intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, en la resonante causa de Tesorería Municipal. Además, la Cámara trabó un embargo de 500 mil pesos para el intendente Daniel Irigoyen. La resolución de la Cámara, anticipada por RADIO MAXIMA, fue dispuesta tras el pedido coincidente de los fiscales que intervienen en la causa. Irigoyen fue procesado por nueve hechos, y la decisión lo complica desde el punto de vista judicial. Asimismo, la Cámara confirmó los procesamientos del contador Angel José Giménez, y del ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez. La medida podría tener derivaciones políticas. Daniel Irigoyen no es candidato en los próximos comicios, pero es considerado un dirigente “K”, al punto que su nombre suena para un importante cargo en el Ministerio del Interior, una vez que finalice su gestión, dentro de un año. En Gualeguaychù, Irigoyen apoya a Luis Leissa, de la Concertación-Nuevo Espacio, para la intendencia (elecciones el 18 de marzo próximo), pero a nivel provincial se distanció de Emilio Martínez Garbino y apoya a Julio Solanas, también “K”. Pedido fiscal El 9 de noviembre pasado, el Fiscal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Diego Young, solicitó formalmente el procesamiento del intendente Irigoyen. Young adhirió a la postura del fiscal de Gualeguaychú Rubén Chaia, al entender que el jefe comunal debería ser procesado por sus responsabilidades administrativas. RADIO MAXIMA pudo confirmar el pedido de Young horas después de que se supiera que renunciara a la defensa de Irigoyen el abogado Luis Leissa, precisamente candidato a la intendencia de Gualeguaychú por la Concertación-Nuevo Espacio. Leissa argumentó que abandona la defensa porque debido a la campaña política no tiene tiempo para ejercerla, pero las especulaciones políticas apuntan a la complicación que podría traerle la decisión que tomó el fiscal Young. El pasado 18 de agosto, el juez de Instrucciòn Roberto Cadenas dispuso el procesamiento, por nuevos hechos, del ex tesorero municipal Angel José Giménez, y al ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez y mantuvo sin variantes la situación del intendente Daniel Irigoyen, al rechazar el pedido de procesamiento que había presentado el fiscal Rubén Chaia, pero también rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por Luis Leissa, abogado defensor del jefe comunal. Fue así que el pedido de procesamiento de Chaia viajó hasta la Cámara de Apelaciones, y allí encontró la adhesión del fiscal de ese tribunal de segunda instancia. Postura fiscal El fiscal Rubén Chaia, al pedir el procesamiento del intendente cuestionó reiteradamente el “principio de confianza” que utilizara el jefe comunal como argumento defensivo. Irigoyen, en sus declaraciones –judiciales y periodísticas-, hizo hincapié en que él fue defraudado en la “confianza” que le brindó al ex tesorero municipal Angel José Giménez, hasta ahora único sospechoso de haberse llevado el dinero. En la resolución a la que tuvo acceso RADIO MAXIMA, Chaia habla de “una serie de conductas imprudentes y negligentes que dieron ocasión y facilitaron la sustracción de fondos de forma reiterada por parte del contador ex tesorero Angel Giménez”. El fiscal cita la falta de controles internos que menciona la auditoría externa realizada, e insiste en que “no puede el presidente municipal cobijarse al abrigo del principio de confianza como herramienta que permita excluir o limitar la responsabilidad por imprudencia”, ya que “el principio de confianza no opera ante la propia tarea”. Añade que “tampoco es posible que invoque el principio de confianza quien debe por sí vigilar o controlar la conducta de otro. Al explicar su visión sobre la responsabilidad del jefe comunal, Chaia indica que “uno asume una actividad (Irigoyen), pero confía en que otro haya controlado (Pérez, Néstor, secretario de Hacienda), este último no controla, entonces todo descansa en que el contador (Pomés, Pedro, contador municipal) lleve los registros y permita un control posterior sobre la ejecución de los libramientos”. A renglón seguido, se pregunta: “¿De qué principio de confianza estamos hablando?”. Indica que “quien debe controlar no lo hace, pues espera que otra persona por él designado se apoye en sus técnicos y controle. El designado, asume que debe hacer el control, pero no lo hace, pues considera que alguien lo ha hecho previamente. En definitiva, se emite un cheque con tres firmas sin control, ni respaldo alguno y si bien existe un componente doloso, también en ese engranaje hay una imprescindible facilitación culposa”- Asimismo, Chaia menciona que el Tribunal de Cuentas advirtió reiteradamente de las deficiencias en los controles. Impacto político El hecho ha afectado políticamente al gobierno municipal de Militancia Peronista –grupo que tiene el poder comunal desde 1991-, y hasta ahora había dejado a salvo al intendente Daniel Irigoyen. Giménez, el tesorero sospechado del mayor acto de corrupción ocurrido en décadas en la Municipalidad de Gualeguaychú, se encuentra en libertad a la espera de la resolución de la causa. Por las maniobras en Tesorería Municipal, la comuna de Gualeguaychú perdió más de 2,6 millones de pesos, cifra que alcanza en promedio a un presupuesto mensual de la Municipalidad. El monto fue establecido por una auditoría externa realizada en la Municipalidad, tarea que estuvo coordinada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad. En relación con la misma causa, están procesados en libertad el ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez, y el ex contador municipal, Pedro Pomés, quienes enfrentan acusaciones no por complicidad en el faltante de dinero, sino por sus eventuales responsabilidades como funcionarios. Los investigadores creen que Giménez desviaba fondos municipales hacia diversas cuentas, ya que supuestamente podría haber sido un engranaje de mesas de dinero con epicentro en Buenos Aires. En sus declaraciones, Giménez dijo que la “ruta del dinero” debe buscarse en el “gran desorden administrativo” que existía en la Municipalidad. El peculado –el robo a las cuentas públicas por parte de quien debe administrarlas- prevé penas de 2 a 10 años, pero en el caso de Giménez, por cada uno de los hechos se le suman diez años, por lo cual su eventual condena pasa de 2 a más de 100 años, ya que fue procesado por múltiples hechos. El hecho fue denunciado por el intendente Irigoyen, tras la confesión quebrada de Mariela Watters, una empleada del área de Tesorería, el 30 de junio del año pasado. (Fuente: Radio Máxima - Gualeguaychú)