E

l Estado pagará para que las personas entreguen armas y municiones. Luego de un breve debate, el Senado convirtió ayer en ley el Plan Nacional de Desarme, que busca captar las armas en manos de civiles para destruirlas. Durante 180 días, policías federales y provinciales y organismos no gubernamentales —bajo el control del Registro Nacional de Armas (ReNAr)— se encargarán de la recepción, pago y destrucción de lo que sea entregado. Aunque todavía no está aprobada la reglamentación, la ley sugiere un pago en bonos, para evitar entregar dinero en efectivo. Pero le da potestad al Poder Ejecutivo para que decida la mejor manera de ejecutarlo. "El marco de aplicación es el que aparecía en el proyecto, pero después cada uno verá cuál es la manera más efectiva de tentar a la gente. Preferimos que no fueran billetes, pero nos damos cuenta de que es lo más efectivo", explicó Darío Kosovsky, cofundador de la Red Argentina por el Desarme y uno de los redactores del proyecto. La nueva ley contempla una amnistía para quienes entreguen armas ilegales o con sus permisos vencidos. No serán perseguidos judicialmente ni se les pre guntará de dónde las sacaron. Además, el plan exige que se realice por primera vez un inventario de armas de fuego, municiones, repuestos y explosivos en manos de civiles o militares en todo el país. De esta manera, el ReNAr podrá tener control de los arsenales de las Fuerzas Armadas, algo que hasta ahora se considera una falencia básica. También las fuerzas de seguridad y la Policía Federal deberían entregar sus informes. En los papeles, hoy el ReNAr debería tener esos registros, pero la realidad es que los datos no están actualizados. Este control es clave en la lucha contra la delincuencia armada, ya que los robos a los arsenales y depósitos judiciales son una fuente muy común de armas para el delito. "Tenemos que estudiar cómo serán los mecanismos para la entrega de armas. Por ejemplo, en algunos lugares, la presencia de las fuerzas de seguridad intimida y no ayuda para que la gente se acerque. En ese caso, habrá que ver si la recolección la hacen otros organismos, la Iglesia o los propios registros provinciales", explicó a Clarín el director del ReNAr, Andrés Meiszner. La ley también declara la emergencia nacional en materia de tenencia, portación, fabricación y venta de armas. Si bien ese artículo resulta más bien como un pronunciamiento sobre el caos en los controles, permite que después haya medidas extraordinarias que ahora no están contempladas. En el Senado, la ley se aprobó con el apoyo del oficialismo (fue por 34 votos contra 11). Aunque había varios proyectos similares circulando en comisiones, éste tomó impulso en julio, luego de los ataques del tirador de Belgrano, en plena avenida Cabildo. Después de ese episodio también el ReNAr pasó de la esfera del Ministerio de Defensa a Interior. Según los registros, en la Argentina hay alrededor de 1.443.000 armas legales. Dentro de esa cifra se contemplan también unas 320.000 que tienen permisos vencidos pero están en trámite. Respecto del mercado ilegal los datos son más difusos, aunque según diversas estimaciones suman unas 2 millones. "El plan no apunta a mejorar los índices de inseguridad, sino a disminuir la cantidad de armas y la conflictividad social. Buscamos evitar las muertes evitables. Pero no queremos crear falsas expectativas de que así se terminarán los delitos a mano armada", precisó Kosovsky. La sanción de la ley despertó la protesta de los legítimos usuarios de armas. Como el programa establece un reempadronamiento y mayores requisitos, señalan que así se avanzará sobre los derechos de los tenedores. "Hablan de sacar armas de las casas para que no haya riesgos, pero ¿cuántos crímenes se cometen con armas blancas? ¿Van a prohibir los cuchillos, entonces? Acá el problema es que se le apunta al elemento y no a quien lo usa", se quejó Héctor Abbas, presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas.