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na vez más la tensión se centró en un grupo de menores que componen una familia que está siendo repudiada en cada barrio que quieren recalar para vivir. Sus constantes acciones delictivas determinaron que las comunidades barriales de Los Arenales, La Toma Nueva y ahora Cáritas los haya declarado personas no gratas y hayan exigido a la Justicia y a la Policía tomar cartas en el asunto. Se les advirtió a las autoridades que si los organismos encargados de actuar no ejecutaban las medidas reclamadas, se tomaría justicia por mano propia, desalojando por la fuerza a los moradores y luego destruyendo la vivienda considerada aguantadero. El martes, tal como informó UNO, los vecinos del barrio Los Arenales y La Toma Nueva, cansados de los robos producidos en la zona por parte de un par de jóvenes que forman parte de la familia cuestionada y amparada bajo la custodia del Consejo del Menor, fueron violentamente expulsados del lugar. No conformes con esto, los lugareños luego demolieron la vivienda. En la noche del martes cerca de 10 menores de entre 3 y 17 años fueron hasta la vivienda de la abuela en el barrio Cáritas. La casa de material ubicada entre las calles 1092 y 1094 –según aseguraron los vecinos– fue intrusada por la mujer. Enterados del ingreso de los cuestionados menores, los vecinos se alzaron y ayer a la mañana se movilizaron hacia el Poder Judicial. Tiempo máximo El presidente de la comisión vecinal, Carlos Cavallo, informó que debieron golpear las puertas de los funcionarios judiciales para trasladarles los planteos. Hubo respuestas “absurdas, ya que algunos nos dijeron: Ustedes son dueños de sus actos, ya que en los juzgados no se atienden problemas sociales”. Los vecinos, desconcertados con la respuestas le impusieron el horario de las 17 para que actúen “porque de lo contrario la sangre llegaría al río”. Personal del Consejo del Menor llegó al lugar de la polémica cerca de las 16.30. Fueron a bordo de un coche de alquiler y una camioneta de la repartición. Un operador del organismo estuvo un largo rato dialogando con Rocío Robles, la mayor del grupo, y tras convencerla de la necesidad de retirarse del lugar por las buenas, se les garantizó para los niños más pequeños contención y asistencia en distintas dependencias del Consejo del Menor. Además, el joven con problemas penales sería tratado con un programa especial bajo la asistencia de la Justicia de Menores. Bajo tales condiciones los moradores se retiraron del lugar, no sin antes efectuar duras críticas por la actitud discriminativa y persecutoria de los vecinos y de algunos sectores de la sociedad, como dirigentes vecinales. Desde el organismo se informó a UNO que se dispusieron distintas medidas de protección para los 10 menores de edad que no cuentan con madre, ya que como se informó en la edición de ayer, ésta falleció víctima de sida. Los vecinos que estaban apostados en una de las esquinas perimetrales del barrio seguían con atenta mirada la partida de los cuestionados menores y su familia. “Cómo no vamos a echarlos si estos tipos hace un mes no nos dejaban vivir con su accionar. Esto parecía el lejano oeste porque baleaban a todo el mundo y robaban por todos lados. Se fueron y ahora pretendieron quedarse y por eso nos movilizamos”, reseñó ofuscado en la calurosa tarde del miércoles (Ver edición del 1º de setiembre). Descoordinación El procedimiento dejó a las claras una descoordinación entre la Policía y el Consejo del Menor, lo cierto es que este último, que tiene a cargo a varios de los integrantes de la familia, emprendió el operativo traslado sin ajustar detalles de seguridad con la Policía. Una hora después, llegaron varios móviles de la comisaría 11ª y las camionetas del Grupo de Infantería Adiestrada (GIA). Los uniformados, junto a una delegada judicial, tenían la orden de un juez de disponer el desalojo de la vivienda, sin embargo se encontraron con la casa casi vacía. “Que no se metan con mis hijos” Rocío Robles enfrentó al periodista y tras no ocultar la cara apesadumbrada, descargó el enojo contra los vecinos que impulsaron la expulsión de distintos barrios. “A los que dijeron que mis hijos chicos tienen VIH, les voy a caer con un abogado, porque nadie tiene el derecho ni moral para decir nada. Lo que están haciendo con nosotros es una clara discriminación y el Estado ampara a los afectados, pero además deben saber que mis hijos son menores y voy a defender sus derechos”. “De mí que digan lo que quieran, pero que no se metan con mis gurises porque no pueden probar ninguna enfermedad”, enfatizó, para marcar que “Lo que pasó en el barrio Los Arenales ya pasó, y si bien yo no vivía allí, cuando llegué lo primero que hice fue preocuparme por mis hermanos”. La mujer, cuyo esposo está detenido, habló sin ocultar un llamativo resentimiento hacia los vecinos. Por otra parte, desde el Consejo del Menor se advirtió que se tomó intervención para asistir a los niños, pero no en las instancias judiciales del caso. Se alertó que la vivienda del barrio Los Arenales fue comprada con aportes del Estado con el fin de contener a nueve niños en situación de vulnerabilidad por una problemática grave de salud. En ese marco, se observó que en la familia hay sólo un joven imputado por el delito de hurto. Más allá de esto, se apreció que el Consejo actuó rápido en esta oportunidad, medida que, según los vecinos, en otras circunstancias no se observa. (Fuente: UNO)