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a ley que lo instauró fue votada en 1989 por unanimidad por la Legislatura, y fijó que cada profesional aporte el 2 % de los ingresos por honorarios, o un mínimo de 25 pesos. Los profesionales de la provincia iniciaron los pasos previos tendientes a plantear formalmente la derogación de la Ley Nº 8.336, que creó en 1989 el sistema de becas estudiantiles en la provincia, financiadas con el aporte que recauda la Dirección General de Rentas (DGR) en concepto de Impuesto a las Profesiones Liberales. Uno de los argumentos que exponen es que existe una doble tributación ya que ese impuesto “grava los ingresos por todo concepto de los profesionales como si fuera el Impuesto a los Ingresos Brutos, y además grava el salario, algo que constitucionalmente no está permitido. Y también viola el convenio multilateral”, según señaló Amado Siede, titular de la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (Aepuer). El sistema de becas asiste hoy a unos 13.500 estudiantes de los niveles universitario, terciario y secundario, quienes reciben en forma mensual montos de 100, 60 y 40 pesos, respectivamente, durante el lapso en el que se extiende el ciclo lectivo. Esos beneficios son abonados por el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), que administra los recursos que aportan los profesionales, a través de la tarjeta oficial Sidecreer. A cambio, los beneficiarios deben mantener un alto nivel de rendimiento económico, y además justificar un bajo nivel de ingreso económico en la familia de modo de mantener la beca. La ley que instrumentó el Impuesto a las Profesiones Liberales fue sancionada en 1989 en forma unánime por la Legislatura, y establece la imposición de tributar un 2 % sobre los ingresos en concepto de honorarios, o un monto mínimo de 25 pesos. En la actualidad, integra el Código Fiscal de la provincia, ordenado en el año 2000 en el Título VI. Pero Siede dice que esa ley chocaría con preceptos constitucionales, aspectos que serán abordados durante una charla que se desarrollará mañana, a las 20.30 en el salón de conferencias del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, España 234. La disertación sobre Aspectos jurídicos del Impuesto a las Profesiones Liberales: posible inconstitucionalidad estará a cargo del contador Julio Budasoff y del abogado Mariano Budasoff. Ese encuentro servirá para “concientizar” a los profesionales respecto a la necesidad de replantear la vigencia de ese tributo, añadió. Aunque Gustavo Zavallo, titular de Inaubepro, se sorprendió con la iniciativa de los profesionales. “Me parece que es extemporánea la preocupación. Hay que tener en cuenta que la ley que creó el sistema de financiación de las becas estudiantiles fue sancionada en 1989 por unanimidad por todos los bloques legislativos que en ese momento tenían representación en Entre Ríos. De todos modos, no es el Inaubepro el organismo donde debe plantearse esa preocupación, sino en la Justicia. Desde mi lugar, defiendo la vigencia de este sistema de becas, y además destaco que el profesional que abona el Impuesto a las Profesiones Liberales está exento del Impuesto a los Ingresos Brutos, y con una alícuota mucho menor: en vez del 3,5 % paga el 2 %”, señaló Zavallo. CUESTIONAMIENTOS Pero el malestar de los profesionales no se agota en la vigencia de ese tributo. También critican el manejo de los fondos por parte del Inaubepro, y si bien Siede admitió que cuentan con tres representantes, de un total de nueve que componen el Consejo Asesor, sostuvo que “casi siempre quedamos en minoría, y por eso nuestras sugerencias no tienen cabida. Pero además no estamos de acuerdo con el manejo de fondos que en forma clientelar hace el Inaubepro. Siempre se han usado de ese modo los formularios para acceder a las becas”, aseguró. Al respecto, el titular de Aepuer cuestionó la participación de los legisladores provinciales en la distribución de formularios entre los aspirantes a acceder a una beca. “Esto hace que los interesados tengan que ir a someterse a la voluntad de la dirigencia política para tener la posibilidad de conseguir una beca. Tampoco está claro cómo es la forma de otorgamiento de la beca. Si bien dicen que hay una fórmula polinómica que establece un orden de méritos, casi siempre salen los beneficios que corresponden a formularios que envían los distintos legisladores”, añadió. ¿Pagan sueldos con becas? Una de las críticas que formulan los profesionales, que son quienes sostienen el sistema de becas estudiantiles en la provincia, apunta al funcionamiento interno del Inaubepro, un organismo que tiene dependencia directa de la Legislatura. Amado Siede, presidente de Inaubepro, asegura que si bien la ley fija un tope máximo en gastos de funcionamiento del 10 %, ese requisito es a veces burlado mediante la contratación de personal cuyo salario se paga con becas. “Para hacer encajar los gastos en ese tope, toman empleados o toman pasantes, y en vez de pagarles un sueldo, le asignan una determinada cantidad de becas”, sostuvo Siede. El cuestionamiento fue negado enfáticamente por el titular del Inaubepro, Gustavo Zavallo, quien aseveró que si bien el tope que fija la ley indica que el organismo no debe excederse del 10 % del presupuesto en gastos de funcionamiento —el 90 % o más de los recursos debe ocuparse en el pago de becas— en forma efectiva “los gastos no exceden del 7,5 %. Es decir que volcamos más del 90 % de nuestro presupuesto en becas”. “No existe personal que cobre su salario con becas. Eso existió en la gestión anterior, pero nosotros lo hemos regularizado”, sostuvo Zavallo. (El Diario)