E

l ex titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Provincia de Entre Ríos entre 1995 y 1999 comenzó a ser juzgado acusado de haber favorecido a su estudio jurídico de Capital Federal en dos negocios con el Estado provincial. Se trata del abogado Gustavo Borrajo, quien está acusado de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones (dos hechos) en concurso real delito que contempla una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Borrajo llegó a juicio por una denuncia realizada por el ex fiscal adjunto de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Rubén Pagliotto. En ella se describe que Borrajo habría direccionado una operación de auditoría convenida entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y el gobierno de la provincia, en favor del estudio jurídico Sábato-Rioja & Asociados, de Capital Federal del que él mismo era integrante. Para tal maniobra, Borrajo se habría valido de su condición de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, cartera que entonces estaba a cargo de Eduardo Macri. Así fue que “condujo el proceso de contratación de auditorías de créditos por 26 millones de pesos”, que con los intereses llegaron a ser de 30 millones, según la acusación fiscal. Borrajo se defendióEl tribunal integrado por Felipe Celli, Juan Ascúa y Daniel Perotti, escuchó ayer el testimonio del ex funcionario, que es representado por el abogado Ignacio Díaz. Borrajo declaró que no firmó el convenio y la contratación directa puesta en tela de juicio estaba autorizada por un decreto de necesidad y urgencia. A su vez aseguró que en la segunda auditoría, cuando la cartera de Hacienda del Estado entrerriano estaba a cargo de Marcelo Casaretto se eligió al mismo estudio jurídico por el conocimiento y experiencia en el tema. Testigos Por otro lado, el tribunal escuchó cinco testimonios, el más importante fue el de la abogada Perla Strada, quien estaba a cargo de la Gerencia de Legales del banco Bersa. Strada recordó que en marzo de 1999 Borrajo admitió en un diálogo informal que él integraba el estudio beneficiado con la operación. A su turno compareció el ex ministro de Economía, Eduardo Macri, quien dijo que a la contratación del estudio jurídico la decidió el acusado Gustavo Borrajo, ya que era el titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio. En tanto, Marcelo Casaretto indicó que el estudio jurídico se contrató bajo su gestión, ya tenía experiencia en esa cartera de deudores y justificó la contratación directa para dar cumplimiento al convenio entre la Provincia y el Bersa en el cual se establecía que en 90 días debía estar finalizada la auditoría de deudores. Sin embargo aseguró que la decisión final de contratación del estudio trascendía la responsabilidad Borrajo. Por último los asesores legales del Bersa, Osvaldo García Ghirard y Mabel Molinero, negaron saber si Borrajo tenía relación con el estudio jurídico beneficiado. Irregularidades detectadas Según señala la requisitoria de elevación a juicio, dichas irregularidades y simulaciones fueron, entre otras, la violación de la Ley de Administración Financiera Nº 5.140, ya que por el precio pactado por los honorarios, 60.000 pesos, se debió utilizar la licitación pública como criterio de selección del contratista y no la contratación directa como se hizo. Además no se fijaron previamente criterios de selección de oferentes, sólo se invitó a cotizar a dos estudios jurídicos y no se acreditaron ventajas ni méritos por los que se lo seleccionaba y se le adjudicaba la auditoría ni se certificaron la condiciones especiales del contrato que se invocaba en las cartas de presentación de los abogados de ese estudio, y que luego según la investigación resultaron ser falsas. También se constataron desfasajes en las fechas en el proceso de contratación de la auditoría, ya que el 28 de junio de 1996 cuando se firmó el convenio complementario entre la Provincia y el banco Bersa, ya se lo nomina para ser contratado como auditor al estudio jurídico por lo que se infiere que ya en esa fecha se habría firmado el convenio entre el Ministerio de Economía y el estudio jurídico, y de ser así, resulta entonces que la cotización que luego presentaría en la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Borrajo es posterior a la firma de este convenio, o sea que se cotizó el servicio después que se lo contrató. Por otro lado se detectaron irregularidades en el cotejo de precios porque no se cursaron invitaciones a oferentes para cotizar, sino tan sólo a los estudios jurídicos Musa-Zubcov-Ugolini & Asociados y Sábato- Rioja & Asociados que supuestamente eran competidores uno del otro, pero en la investigación se detectó que tenían el mismo domicilio y eran parte del mismo grupo, siendo muchos abogados socios de ambos estudios. Por tal motivo, para la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas sólo se habría tratado de una acción de simulación en el cotejo de precios de oferentes. Durante el juicio se habló de una auditoría que abarcó alrededor de 1.300 deudores por un monto global de 30 millones de pesos. El tribunal fijó para el viernes a las 10 el comienzo de los alegatos. La apertura de la discusión final estará a cargo del fiscal de Cámara Juan Carlos Almada. (Fuente: Uno)