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a Fiscalía de Estado dictaminó a favor de que el Consejo General de Educación (CGE) no pague los días no trabajados por los docentes en adhesión a las medidas de fuerza de este mes. El titular del organismo educativo, Jorge Kerz, dijo que se trata de una opinión “contundente” de la fiscal Claudia Mizawak y anunció que ahora dejará “pasar unos días” para decidir cómo se instrumentarán los descuentos. El dictamen de Mizawak (Nº 1.537/06, emitido el miércoles) también establece que deberán aplicarse sanciones a los directores de escuela que no remitan la información sobre los docentes huelguistas y que este tipo de medidas del CGE no constituye una “práctica desleal”, como había denunciado la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). “Es un dictamen contundente. Ahora tengo que ir viendo cómo se desenvuelve el conflicto en los próximos días”, dijo Kerz ante una consulta de UNO. “Los días de paro se descuentan –agregó para despejar dudas– pero tengo que ver cómo vamos a instrumentar esto”. En el texto, con el cual contestó una consulta del CGE sobre los descuentos, Mizawak consideró: “No puedo más que informar que debería procederse en los mismos términos que lo dispuesto por las resoluciones Nº 1.909 y 1.910 de 2005, toda vez que así como el derecho a huelga permite al docente retener el débito laboral no prestando servicios, ello genera la posibilidad de no abonar la remuneración”. Enseguida dictaminó: “Sin que ello interfiera en modo alguno en el ejercicio del derecho a huelga”. Hay que recordar que los descuentos se aplicarán sobre los ocho paros de noviembre –ya se cumplieron cuatro– que dispuso Agmer y a los cuales hasta ahora se han adherido la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), y a los dos últimos el sindicato de docentes privados. Además, la fiscal ordenó rechazar “en todos sus términos” una carta documento remitida por Agmer, en la cual se acusaba de “práctica desleal” al CGE. “Por el contrario, las medidas que se arbitren bajo estricta aplicación de dichas normas de ninguna manera pueden agraviar a la entidad gremial”, dijo Mizawak. Mientras tanto, se espera que el juez Laboral Carlos Calvo se expida sobre la legalidad o ilegalidad del primer paro de este mes, que según el gobierno se realizó antes de que finalizara la conciliación obligatoria. Sanciones a directores Por otra parte, en el dictamen la fiscal de Estado informó a Kerz que deberá sancionar a los directivos que no informen sobre los docentes que se adhieren a las medidas de fuerza. Según se expidió, “el personal directivo que no cumpla, en tiempo y forma, con el requerimiento que las autoridades del CGE efectúen con relación a las medidas de fuerza que se lleven a cabo, incurrirá en el incumplimiento de los deberes establecidos” en el Estatuto del Docente. En consecuencia, será “pasible de las sanciones allí previstas”. Dicho Estatuto establece en su artículo 61 que las faltas del personal docente, según su gravedad, serán sancionadas con amonestación, apercibimiento por escrito, suspensiones de hasta 30 días sin goce de sueldo, traslado, postergación de ascenso por tiempo limitado, disminución de categoría o jerarquía, cesantía o exoneración. Además, la fiscal citó una resolución de 1997 que establece que el personal directivo debe comunicar todas las novedades sobre el personal, cualquiera sea el motivo, lo que para Mizawak incluye a las medidas de fuerza. Y la comunicación del ausentismo debe efectuarse en el término de una hora. “El Estatuto del Docente entrerriano es absolutamente claro al imponer los deberes y derechos que el docente tiene; entre otros, desempeñar con dignidad, eficacia y lealtad las funciones inherentes al cargo”, destaca el dictamen. • Los directivos podrían ser sancionados con apercibimiento, suspensión, traslado, cesantía o exoneración. • De aplicarse los descuentos, serán por los ocho paros de noviembre. • La Justicia aún no se expidió sobre la legalidad de la primera huelga. (Fuente: UNO)