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egún el titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Hugo Rodríguez, esta actualización es en base “a la actividad portuaria que vivimos hoy en la provincia y el importante desarrollo que ha tenido en los últimos años”. A criterio del funcionario era necesario aggiornar la ley, porque debía contemplar nuevos aspectos y definir cuestiones que tienen que ver con los usos del puerto y con la estructura del Instituto Porturario. En ese sentido, mencionó que la ley estableció lineamientos para los puertos públicos y privados,“contemplando la política portuaria desde la generalidad”. Al ser consultado sobre los principales alcances, Rodríguez explicó que nuestra provincia “tiene muy en claro lo que quiera en materia de medio ambiente”, y por ello, se incluyó “un aspecto trascendente y valedero: esta ley resguarda los intereses de la provincia porque para dar la factibilidad técnica a un puerto –lo que será también, en principio, una factibilidad ambiental y del entorno del puerto- contemplará, por ejemplo, que en el futuro las cargas que llegan a un puerto no destruyan las calles de la localidad en la que se asienta”. En síntesis, “lo que hace esta ley es prever la prefactibilidad a las instalaciones portuarios porque hasta el día de hoy las habilitaciones se concretaban en la órbita nacional”. Otro de los aspectos importantes de esta ley es la definición de un escalafón portuario que no existía en la provincia. “Estos puertos fueron transferidos de la Nación con el personal, y hasta hoy no estaba definido si eran empleados de la Nación o de la provincia. Al crearse este escalafón provincial, el personal pasa a ser empleados de la administración provincial. Además se crea un manual de funciones de cada uno de los empleados. Esto es un aporte importante”, acotó. En otro orden, y ante una consulta puntual, el titular del Instituto Portuario explicó que el impuesto provincial a la actividad portuaria que se crea con esta ley se destinará a un fondo afectada a la modernización portuaria. Este fondo se utilizará para cuando se requieran estudios de medio ambiente o factibilidad. Precisó que este fondo se compondrá con el 2% de los servicios que tiene el puerto. Finalmente, Rodríguez manifestó que “esta ley completa la que funcionaba en la provincia; es de autoría de los senadores César Melchiori y Sergio Marsiglia, y considera las consultas hechas a los entes portuarios, al Instituto Portuario de Entre Ríos y a las empresas privadas”, recordó Rodríguez.