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l empresario de jugos de General Ramírez, René Horacio Fritzler envió una nota donde desmiente categóricamente haber usurpado 23.000 hectáreas ubicadas en la localidad cordobesa de La Rinconada, al norte del Departamento Río Seco, en el límite con la provincia de Santiago del Estero. En ese orden sostiene que su padre, Nilvert Santiago Fritzler, compró de buena fe los campos con título oneroso, y con inscripción en el Registro de la Propiedad de Santiago del Estero. A su vez afirma que su familia no es responsable que el título real se encuentre en Santiago y no en la provincia de Córdoba, lo cual no se opone en absoluto a la plena validez legal del título en cuestión. “Somos ajenos a las disputas interprovinciales de límites que pueden haber existido en el pasado”, señala en la misiva el dueño de la empresa de jugos Frutafiel. El corte del alambrado En relación a los incidentes ocurridos el 23 de setiembre, cuando un grupo de pobladores encabezado por el intendente de la comuna, Aldo Angulo, cortó unos 15 kilómetros de alambrado de los campos de la familia Fritzler por considerar que les están usurpando sus tierras y cerrando las vías de acceso hacia las costas del río Dulce, el empresario afirmó que “ese grupo no estaba conformado por los ocupantes del campo de mi padre”. Paso siguiente admitió: “Era un grupo de vándalos que efectuó tal ilícito comandado por el jefe comunal de La Rinconada, Aldo Angulo, quien fue secundado por un grupo que nada tiene que ver con el campo de mi padre”. En ese orden marca que todas esas personas han sido imputadas por el fiscal de Deán Funes por los delitos de daños y tenencia de armas. Que a raíz de los hechos se produjeron allanamientos donde se secuestraron las armas empleadas. Las familias Según señala René Fritzler en su escrito, de las 17 familias que habitan en las 23.000 hectáreas, solamente falta acordar con dos de ellas (Zelaye y Rojas) las que “jamás se han prestado o participado de las acciones delictivas de Aldo Angulo y sus secuaces”. Asegura que al comprar su padre el campo, si bien advirtió la existencia de algunos ocupantes y lugareños, se procedió al reconocimiento del mismo –alambrado– y la lógica solución de las legítimas pretensiones de éstos. De ese modo, indica: “Hemos llegado a solucionar prácticamente la totalidad de los reclamos de los ocupantes reales del campo. Tales soluciones han sido efectuadas mediante escrituras públicas y convenios transaccionales efectuados ante distintos escribanos públicos y con la participación de los abogados o representantes de los interesados”. Incluso, manifiesta que en los casos de las familias Ñañez y Pino, tales acuerdos se rubricaron por el fiscal de Instrucción de Deán Funes a cargo de Eduardo Gómez. Acusación al intendente En otro tramo de la misiva, René Fritzler carga sus tintas contra el intendente de La Rinconada, Aldo Angulo, peronista de la coalición Unión por Córdoba que lidera el gobernador José Manuel de la Sota. Para el empresario diamantino el jefe comunal pretende investir derechos sobre los campo de su padre. Por eso asegura que Angulo presentó un boleto de compra-venta por 8.200 hectáreas al irrisorio precio de 10.000 pesos, siendo su supuesto vendedor el chofer de la ambulancia de la comuna, Carlos Silva. En ese orden refiere que incluso la persona a través de la cual el intendente Angulo ejerce su posesión (Luciano Gorosito) ha efectuado hace muchos meses acuerdos y convenios con ellos. Por eso considera que “resultan falaces e inadmisibles las infundadas e ilegítimas aspiraciones del intendente, que sólo pretende atizar el conflicto y obtener pingües ganancias, que no habremos de consentir”. Por otro lado, manifiesta que Angulo está siendo investigado por la Justicia federal de Córdoba por graves irregularidades en el manejo de planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. El agua y las inversiones Fritzler afima que es falso que se le impida a los habitantes de la zona y a sus animales acceder al río Dulce. En primer lugar señala que el campo de su padre no es lindero con dicho río, y en segundo porque jamás se le ha negado el paso a quienes se encuentran dentro del campo. “Más aún, pretendemos efectuar una importante inversión económica a los fines de traer el agua del río desde una distancia de nueve kilómetros y así beneficiar a todo el campo, incluidos los lugareños”, describió Fritzler. Además destaca que “jamás, ni el gobierno nacional ni el provincial, ni mucho menos el señor Angulo, hicieron nunca nada por acercarle el agua a la gente; más aún, hasta nuestra llegada a la zona Angulo le vendía a los pobladores el agua sin extenderles comprobante alguno. Mientras no haya agua, no habrá producción. Por último sostiene que su familia siempre ha estado y cumplirá lo que establezca la Justicia independientemente, que es quien conoce la verdadera realidad, ya que la totalidad de las pruebas y de los hechos están incorporados en autos. De allí, afirma que el fiscal de Instrucción jamás ordenó una medida como por ejemplo “nuestro desalojo, ya que nos asiste la razón y el derecho”. Una causa muy controvertida La causa por la supuesta usurpación de las 23.000 hectáres contra la familia Fritzler se tramita en la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, provincia de Córdoba, que está a cargo del fiscal Eduardo Gómez. En la misma Fiscalía se investigan las denuncias efectuadas por Fritzler contra el intendente y las personas que cortaron los 15 kilómetros de alambrado. Según se pudo conocer, todo el problema se habría originado cuando René Fritzler decidió poner manos a la obra en los campos que su padre, Neivert Fritzler, adquiró en 2004 por un valor cercano a los 400.000 pesos a la empresa Cabiria SA. Dicha compra se encuentra asentada en el Registro de la Propiedad de Santiago del Estero, a pesar que los campos están en la provincia de Córdoba. Según el diario La Voz del Interior los pobladores cortaron el extenso cerco porque consideran que les están usurpando sus tierras y cerrando las vías de acceso hacia las costas del río Dulce. (Fuente: UNO)