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ace un año el Gobierno necesitó de resoluciones específicas que ordenaron la quita de parte del salario a los maestros que se plegaron a las medidas de fuerza del sindicato. El Consejo General de Educación (CGE) no había emitido hasta ayer ninguna orden escrita expresa que disponga el descuento de siete de los ocho días de paro que los docentes cumplirán en la provincia a lo largo de noviembre. El único día que quedaría al margen de esa medida es el paro de ayer, no así el del miércoles, y los seis que vendrán en las tres próximas semanas, tal la decisión oficial. En las últimas horas hubo directivas verbales a los directores de escuelas, según reveló Marta Madoz, secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), pero no hubo una orden escrita. Y a lo que se echó mano es a la reglamentación escolar que establece que así como los preceptores tienen que informar de las ausencias de los alumnos, los directores y rectores tienen que hacerlo respecto del personal docente. Pero se necesita de un instrumento legal que avale expresamente los descuentos que el titular del CGE, Jorge Kerz, anunció que aplicaría. La tesitura del Gobierno es que el paro del 1º fue “ilegal” porque se hizo en el marco de la conciliación obligatoria que dispuso el juez Carlos Calvo; y al resto los considera como un “abuso” del derecho de huelga, y por eso no sólo aplicará los descuentos del día sino también de los adicionales por productividad y presentismo. En realidad, el Consejo de Educación está al aguardo de una resolución del juez Calvo al pedido que formuló el martes para que la Justicia se expida respecto de la legalidad del paro de 48 horas que los docentes cumplieron entre el miércoles y ayer y que tuvo un altísimo nivel de adhesión. Sólo con un dictamen judicial, que ponga en dudas la acción sindical el CGE, podría abocarse a emitir una circular disponiendo el descuento de los días no trabajados. Pero el magistrado no resolvió el asunto con la celeridad que se esperaba, y corrió vista de la presentación a Agmer para que en un plazo de tres días hábiles fundamente el encuadre legal del paro. Ese plazo, según indicaron en el sindicato docente, vence el lunes a última hora, y es probable que la respuesta llegue a Tribunales recién entonces, y no antes. De todos modos, por estas horas el abogado del sindicato docente, Héctor Fischbach, viene elaborando la respuesta que se dará a la Justicia. — ¿Cree que se va a llegar a aplicar los descuentos? —se preguntó a la secretaria adjunta de Agmer. — No creo. De todos modos, si se descuentan los días vamos a dar la pelea, ya sea a nivel sindical como también a nivel legal y judicial. La huelga es un derecho constitucional que tenemos los trabajadores, y la obligación del Estado es garantizar que se pueda dar la expresión de ese reclamo. Una quita del salario como la que se anuncia no es otra cosa que la penalización de un derecho. (El Diario)