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e remataba la malograda planta de CEPA en Venado Tuerto y en la subasta judicial las ofertas treparon de una base de US$ 5,8 millones hasta casi 16 millones. La dura pulseada tuvo como protagonista a una empresa argentina, Emepa SA. Pero la ganó el grupo brasileño Friboi, que ya el año pasado había comprado Swift en casi US$ 200 millones. Una fuente que presenció el remate judicial contó a Clarín la situación: desde la base de US$ 5,8 millones que impuso el juzgado que entiende en la quiebra de CEPA, las ofertas fueron creciendo de a 50.000 dólares por bando. Los representantes de Emepa (una metalúrgica de Chascomús perteneciente a Gabriel Romero y con negocios en diferentes rubros) finalmente se plantaron en 15,70 millones. Carlos Oliva Funes, el presidente local de Swift, debió ofrecer 15,75 millones para quedarse con el frigorífico. De esta manera, ya son cuatro las plantas de faena del país que quedaron en manos de brasileños. Friboi —el mayor del ramo en su país— acumula las dos de Swift (en Rosario y San José) y esta de Venado Tuerto. Por otro lado, ya es un secreto a voces que el grupo Marfrig, con base de operaciones en San Pablo, adquirió el 100% del frigorífico AB&P, de Hughes, que pertenecía antes al empresario inglés Terry Jonson. Marfrig, que pertenece a Marcos Antonio Molina dos Santos, también compró dos plantas en Uruguay y es el tercer mayor grupo brasileño. El segundo, llamado Bertín, también andaría husmeando en busca de algún frigorífico. La planta de CEPA en Venado Tuerto ya era alquilada por Oliva Funes y sus patrones brasileños. La firma había sido de la familia Zorraquín y llegó a liderar la exportación de carnes. Pero quebró en 2002, tras la crisis de la aftosa. Luego la manejó otro grupo liderado por Jorge Terrado, al cual no le fueron mejor las cosas. De nuevo en convocatoria, dejó un tendal de deudas (se habla de cerca de 90 millones de pesos) y mucha gente sin trabajo. CEPA tiene otra planta que será subastada el próximo 28 de noviembre por orden de la jueza Norma Di Noto, del juzgado comercial 15. Se trata de una enorme planta que sus trabajadores lograron mantener abierta y en buen estado durante los últimos meses, pese a no cobrar regularmente sus salarios. De allí que la jueza haya decidido, para ambos remates, poner una condición especial: los nuevos dueños tendrán que presentar un plan de trabajo por 5 años, y en caso de querer cambiar de actividad, constituir un fondo indemnizatorio por el 30% del valor de compra de la planta. Para la de Pontevedra, la base fue fijada en 8,25 millones de dólares más impuestos. También allí se espera mucho interés: José Mattievich, dueño de una cadena de casi diez frigoríficos en Santa Fe, ya mostró ganas. (Clarín)