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as cooperativas pretenderían que, como compensación por el atraso en la recepción de recursos frescos, se les extienda un subsidio para afrontar eventuales contingencias veraniegas. Todos los caminos parecen conducir a Roma y, así, a la postergación de la audiencia sobre el servicio eléctrico le estaría faltando el acuerdo de fondo y su inmediato correlato: el anuncio oficial. En efecto, cada cual por su lado, el Estado y las distribuidoras se han ido convenciendo de que no sería mala la decisión de dejar para el 2007 lo que en principio pudo haber tenido lugar a mediados de diciembre. Claro, cada cual con distintos argumentos. A las distribuidoras les provoca cierta inquietud que la audiencia pudiera producirse en medio de la campaña electoral. No lo dicen abiertamente pero recuerdan como si fuera ayer lo ocurrido en 2001, en circunstancias similares, donde el proselitismo llenó de pasión y euforia las alocuciones y se terminó convalidando algo difícil de explicar para las empresas: que en lugar del aumento que habían solicitado y justificado debidamente debían bajar la tarifa eléctrica. Por su parte, el Estado considera que lo que ocurra con el consumo en el verano próximo, el nuevo escenario que allí se fuere a inaugurar, puede llegar a ser central en una discusión que quiere dar cuanto antes con las distribuidoras: la gestión de demanda. Es decir, cómo optimizar los niveles de consumo. Complementariamente, los funcionarios consultados especulan con que una audiencia a días de las fiestas de Navidad y fin de año podría derivar en una menguada participación, lo que se considera inconveniente. APLAZADA. Como se ve, todos los atajos parecen confluir sobre la posibilidad concreta de que la audiencia se postergue, aunque con fundamentos distintos y diagnósticos bien diferentes. El caso es que aún las partes no han tenido ocasión de sentarse en torno a una misma mesa para conversar del asunto y, entonces, lo que reina es la inseguridad sobre cómo el otro tomaría la propuesta. En rigor, las distribuidoras y fundamentalmente las cooperativas necesitan un aumento de tarifas. Incluso, más de una empresa piensa destinar la diferencia de ingresos a conformar una partida que sirva para atender eventuales emergencias estivales. A cambio de esos recursos que no llegarían, las cooperativas estarían pensando en requerir una compensación o subsidio al Estado. Y para esto no han encontrado aún el terreno propicio para dejar plantada la semilla. Por otra parte, el Estado sabe que las distribuidoras han trabajado arduamente en una presentación que aspira a actualizar el cuadro tarifario porque, sencillamente, necesitan de esos dineros como el campo de la lluvia en plena sequía. Justamente por eso, no ha hallado aún la manera de plantear el asunto, por temor a que se produzcan fuertes resistencias. En fin, la sensación es que apenas las partes logren encontrarse y hablar del tema sin reparos, se llegará a la conclusión que unos y otros buscan, hasta ahora por senderos distintos. La información que faltaba SI SE HACE UN ESFUERZO SE RECORDARÁ que las cooperativas se agruparon y le encargaron a un equipo de especialistas la confección de la presentación, que fue originalmente efectuada el 11 de agosto. Pero al Ente Regulador de la Energía le pareció que estaba faltando un tipo de información calificada, vinculada con el mercado y sus perspectivas de desarrollo. El caso es que hace un par de semanas las cooperativas han devuelto el expediente con los datos demandados. Y, formalmente, desde ese exacto momento, el EPRE ha quedado en condiciones de fijar una fecha para la audiencia. No deja de ser llamativo, a propósito, que aún no haya definiciones en este sentido. En varias ocasiones, el interventor del EPRE, Francisco Taibi, explicó que “las audiencias ordinarias tienen lugar cada cinco años; el servicio se concesionó en 1996 y allí nomás empezó a aplicarse el marco regulatorio, hubo una primera experiencia de audiencia ordinaria en 2001 y en 2006 debiera producirse la segunda; las audiencias extraordinarias son aquellas que se plantean en los períodos interquinquenales, cuando por ejemplo las distribuidoras pueden solicitar un aumento de tarifas o debe discutirse la instalación de una central”. En la perspectiva del Gobierno, lo que se advierte en este caso es que en los próximos cinco años el consumo no dejará de crecer. De allí que el Estado pretenda incorporar al acuerdo pautas claras que tiendan a distribuir de modo más armónico el uso de la energía eléctrica durante el día y las estaciones, lo que vulgarmente se llama “achatar los picos”. (Fuente: El Diario)