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l Foro por los Derechos de la Mujeres se reunió ayer con el secretario de Salud de la Provincia, José María Legascue, para solicitarle mediante un petitorio que “la Secretaría de Salud emita una resolución a todos los directores de los hospitales públicos garantizando el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal”, que establece que “se puedan realizar los abortos legales en los hospitales públicos sin intervención judicial”. En ese punto criticaron la judicialización de la ley que delega en la interpretación de un juez la aplicación de la norma según la gravedad del caso. Silvia Primo, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), explicó a UNO que en la reunión con el secretario de Salud, éste se comprometió a “emitir una serie de recomendaciones vinculadas a la atención posaborto, tomando como referentes los casos de La Plata y Mendoza”. Así, explicó que el funcionario indicó que se tomarían en cuenta las recomendaciones “en caso de que sucedan en la provincia situaciones similares”. Respecto del pedido de que se cumpla con lo que establece la ley nacional, Primo informó que “hay aspectos que no se están cumpliendo, en parte porque hay desconocimiento, pero fundamentalmente porque acá hay una irresponsabilidad del sistema de salud de no hacer cumplir las leyes y de no respetarlas”, y opinó que “los casos de La Plata y Mendoza son el no cumplimiento de la ley”. En ese sentido, Sivia Montaño señaló que “el secretario de Salud dijo, con respecto al no cumplimiento de la ley, que es como una responsabilidad netamente del Poder Judicial, lo que libraría a Salud a depender de que un juez diga sí”; y entendió que la situación es delegar responsabilidades inherentes a un área hasta que el Poder Judicial emita una resolución. Además, en una nota que elevaron al funcionario, solicitaban que se cumpliera con “el compromiso de 2004 para la disminución de la mortalidad infantil; dar a conocer a la comunidad y repartir a la comunidad médica el Protocolo de Asistencia Humanitaria del Posaborto; reglamentación de la Ley Nº 9.501, sistema de Salud Sexual y Reproductiva y respeto de los artículos sobre educación sexual; y adhesión a la ley nacional sobre ligadura de trompas y vasectomía”. Las organizaciones que firmaron el petitorio fueron la organización Mupea; la Secretaría de Extensión Universitaria e Investigación de la Facultad de Trabajo Social; la agrupación Mujeres Tramando; la Asociación Civil Barriletes y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) desde el Equipo de Prevención del ETS y SIDA. Un caso Primo recordó que “desde hace tres semanas está internada en el hospital San Roque una joven de 25 años que tiene una consecuencia muy grave y severa por un aborto aséptico practicado en condiciones clandestinas”, porque no recibió las atenciones correspondientes. En ese caso denunció que “el sistema de salud no llegó a tiempo para atender a esta mujer”. Vulnerables Silvia Primo, integrante del Foro, detalló circunstancias en las que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son vulnerados: “Los embarazos de riesgo; adolescentes que mantienen relaciones sexuales sin información, ante la presencia de enfermedades de transmisión sexual graves; mujeres que no pueden llegar a los centros de salud por su situación económica y geográfica y no pueden ser atendidas en sus embarazos; mujeres que en localidades del interior no son atendidas durante el parto porque no hay médicos ni médicas y millones de abortos en los que el sistema de salud se ausenta”. (UNO)