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En rigor, el gobierno provincial acordó nuevas condiciones de operación con la empresa, que facilitan a los accionistas extranjeros el traspaso accionario a sus socios locales. Así, se mantiene el aumento de tarifas de un 15 por ciento establecido a principios de año, y por los incrementos de costos que haya en lo que queda de 2006 y todo 2007 se aplicará un incremento del 12% a partir del 1° de enero de 2008. El estado provincial también resignó el canon de 10 millones de pesos que debía pagar la empresa por la concesión, y se comprometió a definir un plan de obras públicas, con un subsidio de otros 10 millones hasta 2008.

También en 2008 entrará en vigencia el servicio medido para todos los clientes con contador de agua, y se instalarán en tres años 100.000 aparatos para controlar el consumo hogareño. Los consumos mayores de 25 metros cúbicos pagarán valores adicionales.

Los accionistas extranjeros (grupo Suez y Aguas de Barcelona) prometieron desistir de sus demandas ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial que vela por el cumplimiento de los contratos.

Voceros del grupo Roggio dijeron, por su parte: "Estamos muy satisfechos con el anuncio que hizo el vicegobernador, ya que entendemos que es un paso muy importante para resolver la situación de Aguas Cordobesas", aunque precisaron: "Todavía no estamos en condiciones de dar un anuncio porque nuestras negociaciones con el grupo Suez no han terminado".

Lo que resta por decidirse es la deuda de 28 millones de dólares que arrastra la empresa con un banco europeo, y de qué manera quedará conformada la composición accionaria. Hasta hoy, Suez, junto con Aguas de Barcelona, poseían un 56,5% (39,30 y 17,20%, respectivamente). En adelante, los dos grupos locales concentrarán el 89,2 por ciento, teniendo la mayoría Roggio (hoy, un 16,40%), aunque no está definido cuánto quedará en manos de la familia Bobadilla, que posee un 16,4% de las acciones. El restante 10,8% seguirá en manos del Banco Galicia.

En los próximos 15 días terminarán las conversaciones entre el grupo Roggio, la familia Bobadilla y los socios extranjeros acerca del traspaso accionario.

De hecho, y aunque los empresarios evitan emplear esa calificación, Aguas Cordobesas se convertirá en una empresa nacional. En 1997 -durante el gobierno del radical Ramón Mestre-, la firma obtuvo la concesión del servicio de agua potable, que sirve a 1.300.000 habitantes de la ciudad de Córdoba.

Después de una larga negociación con la administración nacional, Suez decidió retirar sus inversiones en el país, luego de que el gobierno del presidente Néstor Kirchner resolvió no concederle ajuste de tarifas, y finalmente optó por reestatizar Aguas Argentinas, que operaba en la ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano.

En Córdoba, De la Sota había arreglado a fines de diciembre una renegociación del contrato con Aguas Cordobesas, pero a costa de un fuerte incremento de tarifas, que causó una ola de protestas de la población.

Sin embargo, lo que terminó echando por tierra el acuerdo fue la intervención personal de Kirchner, que hizo saber a De la Sota que no debía mantener a Suez en la concesión, siguiendo la línea del Ejecutivo Nacional. El gobernador cordobés tuvo que dar marcha atrás y cargar con un fenomenal costo político, aunque finalmente ha logrado un pequeño triunfo: que Aguas Cordobesas no fuera reestatizada.

La negociación, en su tramo final, fue hecha con representantes de Suez en la Argentina, el presidente de Aguas Cordobesas, Jesús Peón, y el gerente de la empresa, Gabriel Ríos. También participó Aldo Roggio, el jefe del holding cordobés.

La aprobación final debe darla la Legislatura unicameral, donde el delasotismo cuenta con holgada mayoría.

Antes del tratamiento legislativo, se convocará a una audiencia pública que ha demandado, entre otros, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Con este acuerdo, Suez abandonará Aguas Cordobesas y el país en diciembre de 2007; mientras tanto, seguirá prestando asistencia técnica a la concesión. (La Nación)