El Decreto Nº 3817, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, dispuso la renovación de 833 contratos temporarios dentro de la administración pública provincial. La medida, conocida en los últimos días, abrió un escenario de tensión con los gremios estatales por la situación de los trabajadores cuyos vínculos no fueron prorrogados y derivó en una reacción sindical y posteriores aclaraciones oficiales.
En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos formalizó un plan de acción directa que afectará el normal funcionamiento de dependencias estatales en toda la provincia, mientras el Gobierno salió a precisar el alcance de la decisión administrativa y los criterios utilizados para la renovación de contratos.
La conducción provincial de ATE anunció una “Jornada de Lucha” por tiempo indeterminado, que comenzó a regir este viernes, en respuesta a la confirmación de la no renovación de más de 100 contratos temporarios en la órbita del Estado provincial. Según el sindicato, la decisión pone en riesgo tanto la estabilidad laboral de los agentes como la prestación de servicios esenciales.
A través de notas dirigidas al Ministerio de Gobierno y Trabajo, a la Secretaría de Trabajo y a la Dirección General de Recursos Humanos, el gremio notificó oficialmente el inicio de las medidas. Los escritos fueron enviados al ministro Troncoso, al titular de Trabajo, Mariano Camoirano, y a la responsable de Recursos Humanos, Luciana Kapp.
Desde ATE señalaron que el plan de lucha no tendrá una modalidad uniforme, sino que se adaptará a la realidad de cada sector. Entre las acciones previstas se incluyen asambleas permanentes en los lugares de trabajo, retención de servicios, movilizaciones en distintos puntos de la provincia y otras formas de protesta que cada dependencia defina según su contexto. El sindicato ratificó que las medidas se mantendrán hasta obtener una respuesta satisfactoria respecto de la continuidad laboral de los trabajadores afectados.
Hasta el momento del anuncio gremial, las autoridades provinciales no habían informado si se abriría una instancia formal de negociación o si se mantendría la decisión de no renovar los contratos cuestionados.
Tras la escalada del conflicto, el Gobierno de Entre Ríos difundió una serie de aclaraciones para “evitar interpretaciones erróneas” y contextualizar lo que definió como un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial. Desde el Ejecutivo remarcaron que no se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos temporarios, cuya naturaleza jurídica es de plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas.
Según precisaron, de un universo aproximado de 1.700 contratos temporarios existentes en la administración pública provincial, la decisión alcanzó a alrededor de 100, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, indicaron que más del 94% de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado.
El Gobierno explicó además que el proceso fue descentralizado y basado en criterios objetivos, con evaluaciones particularizadas realizadas por cada ministerio y organismo. Entre los parámetros considerados se incluyeron el cumplimiento efectivo de tareas, el desempeño laboral, el compromiso con el servicio público, la asistencia y el nivel de ausentismo, y la necesidad real del puesto en el marco de la reorganización administrativa y la modernización del Estado.
Finalmente, desde el Ejecutivo señalaron que también se evaluó si algunas funciones habían dejado de ser necesarias, fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, lo que volvió innecesaria la continuidad de determinados contratos, mientras el conflicto con ATE sigue abierto y a la espera de definiciones políticas.
