El ministro de Economía, Luis Caputo, agregó este lunes nuevas críticas a la reciente suba de la Tasa de Protección Ambiental que el municipio de Pilar implementó la semana pasada. La decisión provocó un fuerte rechazo entre las cadenas de supermercados y reavivó la controversia sobre el impacto de los tributos locales en el precio de los productos.
“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, escribió el Ministro de Economía en su cuenta oficial de X.
La crítica pública se sumó a las objeciones que Caputo había formulado la semana pasada por el mismo medio, ante la decisión del municipio que conduce Federico Achával. “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”, había expresado Caputo.
Tal como anticipó Infobae, el cambio impositivo impacta de manera directa en el precio de cada ticket dentro del partido e incluye a supermercados e hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas. El gravamen, que rige desde el 1° de diciembre, eliminó el esquema de monto fijo y se reemplazó por una alícuota del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra.
El nuevo régimen tributario se establece mediante la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que suprimió el sistema de módulos para todas las transacciones realizadas dentro de la jurisdicción municipal desde diciembre. Las cadenas recibieron la notificación y debieron comenzar a ajustar sus sistemas de inmediato, según el documento oficial difundido a los comercios. La municipalidad otorgó plazo hasta el 15 de diciembre para que los sistemas estén adaptados, lo que encendió las alarmas en el sector por los tiempos técnicos y operativos insuficientes para adecuarse.
La percepción del 2% gravará cualquier monto de compra y no establece mínimos, por lo que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) presentó un reclamo urgente ante la Secretaría de Hacienda local. La entidad que agrupa a las grandes cadenas advirtió por escrito sobre “graves perjuicios” para los consumidores y señaló problemas operativos derivados de la falta de especificaciones técnicas y reglamentaciones complementarias.
En su carta a la funcionaria Anahí Moretti, la ASU sostuvo que la medida encarece cada producto vendido bajo la órbita municipal y advirtió que el nuevo modelo “se traslada de inmediato al consumidor”. La asociación subrayó la ausencia de un mínimo no imponible, lo que perjudica especialmente a quienes realizan compras de bajo monto al aplicar el recargo sobre cualquier importe.
Según fuentes del supermercadismo, tal como ocurrió cuando Pilar aplicó la tasa con un monto fijo (que inicialmente era de $45), las cadenas informarán la actualización a los clientes mediante cartelería y comunicación en sucursales. Esos sistemas permiten visibilizar el impacto del tributo en el momento de la compra.
De acuerdo con lo transmitido por el sector, la nueva modalidad genera una situación de competencia desleal. La percepción del 2% se aplica solo a supermercados, hipermercados y a las actividades específicas señaladas en la norma, mientras que otros rubros —como almacenes, casas de electrodomésticos, locales de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías— no trasladan ese recargo a los consumidores. Este criterio, advierten, afecta con particular fuerza la venta de productos de alto valor.
La ASU puso un ejemplo: una heladera ofertada a $1.500.000 que, con la tasa municipal, incrementa su precio casi $25.000 para el comprador. Desde el sector consideran que estas asimetrías dañan la competitividad y desalientan el consumo de artículos costosos dentro del distrito gravado.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) también reclamaron por el cambio impositivo. En una comunicación reciente, la entidad expresó “profunda preocupación y rechazo” y advirtió que la medida “impactará directo en el consumidor”.
Las condiciones técnicas para aplicar la tasa también generaron conflicto. La ASU señaló que el municipio informó el fin del sistema por módulos el 3 de diciembre, aunque la nueva tasa regía desde el primer día del mes, una decisión que dejó a las cadenas sin margen real para ejecutar los desarrollos operativos necesarios. El proceso de adaptación, según describieron, requiere análisis, aprobación presupuestaria, desarrollo y pruebas de sistemas, pasos difíciles de completar en el plazo otorgado por la municipalidad.
El reclamo también señaló que la percepción contraviene los principios del Régimen de Transparencia Fiscal al aplicarse sin brindar información clara al consumidor antes de la operación. La tasa se adiciona en la línea de caja, situación que, según la asociación, provoca confusión y posibles reclamos por parte de los compradores.
En lo operativo, la ASU insistió en la necesidad de un período mínimo de tres meses para adaptar íntegramente los sistemas, tiempo que considera indispensable para cumplir con las exigencias municipales una vez entregadas todas las especificaciones y reglamentos.
Además del impacto en los precios finales, la percepción del 2% genera efectos colaterales en la relación con proveedores locales. Si el municipio mantiene el esquema sin contemplar excepciones para supermercados que actúan como agentes de percepción, las cadenas proyectan un incremento en los costos de abastecimiento vinculado a empresas radicadas en Pilar, según explicaron en sus comunicaciones a la intendencia.
En materia de medios de pago electrónicos, la implementación sumó complicaciones adicionales. La ASU planteó que las plataformas de cobro digital, como Modo, calculan los reintegros sobre el total abonado por el cliente, sin discriminar los conceptos específicos. Esta falta de precisión puede traducirse en un diferencial negativo para los supermercados, que igualmente deben transferir el monto total de la percepción al municipio.
Las campañas comerciales también se ven afectadas. Durante diciembre, cuando proliferan promociones de precios fijos o cerrados (por ejemplo, las cajas navideñas), la aplicación del recargo provoca un desfasaje entre el importe que paga el cliente y el precio publicado. La ASU citó casos concretos, como una caja navideña de $10.000 que, con la percepción, sube a $10.165,28. Esa diferencia puede generar cancelaciones o reclamos en la línea de caja.
La ASU indicó, además, que el artículo 323 de la Ordenanza Fiscal se refiere a los servicios vinculados a la tasa, pero el artículo 331 permite el uso de los fondos recaudados como “recursos de Libre Disponibilidad”. Esa disposición amplía los posibles destinos del dinero obtenido por el tributo y fue señalada por las entidades del sector como un riesgo para la transparencia en la administración de los fondos municipales.
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